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El senador estadounidense Rick Scott responsabilizó este lunes al régimen venezolano de la muerte de Carmen Navas, de 83 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero, y exigió que Delcy Rodríguez enfrente la justicia por lo que calificó como un crimen contra la humanidad.
En un mensaje publicado en X, Scott fue categórico: «El régimen venezolano MATÓ a Carmen Navas a través de la tortura, la crueldad y el mal que le infligieron a ella y a su hijo, Víctor Hugo Quero».
El senador describió a Carmen Navas como «el rostro de la brutalidad de la dictadura venezolana» y detalló la cadena de crueldad que sufrió: «Secuestraron a su hijo, ocultaron su muerte durante meses y obligaron a una madre a buscar en prisión tras prisión mientras ellos ya sabían que estaba muerto».
Scott cerró su mensaje con una advertencia directa: «Delcy Rodríguez y cada matón involucrado en este crimen contra la humanidad SERÁN llevados ante la justicia. No descansaremos hasta que enfrenten la justicia que merecen y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS SEAN LIBERADOS».
Carmen Navas falleció este domingo tras casi 16 meses recorriendo cárceles venezolanas en busca de su hijo, sin que las autoridades le informaran que Quero llevaba meses muerto.
Víctor Hugo Quero fue detenido el 1 de enero de 2025 en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria —según reportes, fue arrestado por «parecer extranjero»—.
Murió bajo custodia el 24 de julio de 2025, pero su cuerpo fue enterrado en secreto seis días después sin que su familia lo supiera.
En octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía venezolana aún aseguraban que Quero seguía detenido, cuando ya llevaba tres meses muerto.
El gobierno venezolano no reconoció públicamente su muerte hasta el 7 de mayo de 2026, nueve meses después de ocurrida.
Carmen Navas apenas pudo despedirse de su hijo días antes de morir, cuando el régimen finalmente reconoció el crimen: presenció la exhumación del cadáver y asistió a una misa conmemorativa en Caracas.
Sus últimas palabras públicas resumieron el horror que vivió: «No he querido declarar a la prensa; me mataron a mi hijo; nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie».
Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, exigió justicia por su muerte: «Su muerte es el grito de miles de madres separadas por la persecución. Que su coraje nos impulse hasta ver a Venezuela libre de tortura y opacidad».
No es la primera vez que Scott apunta directamente a Rodríguez por este caso. El 8 de mayo, tras conocerse la muerte de Quero, ya había pedido que Estados Unidos reimpusiera sanciones contra Rodríguez —retirada de la lista de sanciones de la OFAC el 1 de abril de 2026— y la había calificado de «jefa de un cártel».
El caso se inscribe en un patrón documentado: al menos 27 personas detenidas por motivos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde 2014, y al menos ocho presos políticos murieron en cárceles venezolanas desde julio de 2024.
Pese a la Ley de Amnistía promulgada por Rodríguez el 19 de febrero de 2026, el Foro Penal verificó solo 768 excarcelaciones reales frente a las 8,616 que el gobierno proclamó, y el 25 de abril Rodríguez anunció el fin de la amnistía con cientos de presos políticos aún encarcelados.
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