El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó el jueves una demanda civil contra Pfizer Inc. y su presidente y CEO, Albert Bourla, ante el Tribunal de Circuito del 19.º Circuito Judicial, en el condado de St. Lucie, acusando a la farmacéutica de haber comercializado su vacuna contra el COVID-19 de forma engañosa.
La acción legal se ampara en la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida (FDUTPA) y sostiene que Pfizer ocultó riesgos conocidos —entre ellos miocarditis, pericarditis y complicaciones en mujeres embarazadas— mientras aseguraba públicamente que el producto era seguro.
La queja también acusa a la empresa de haber insinuado que la vacuna detenía la transmisión del virus sin haberlo probado, y de haber tachado de «criminales» a quienes se atrevían a cuestionar sus afirmaciones públicas.
El documento presentado ante el tribunal lo expresa sin rodeos: «Las ganancias récord de Pfizer descansaron sobre el engaño y las falsedades. Mientras Pfizer insistía a los consumidores en que la vacuna no representaba riesgos materiales de seguridad —y mientras buscaba activamente desacreditar a quienes decían lo contrario— Pfizer era consciente de datos que reflejaban riesgos graves de seguridad que ocultó al público».
El estado pide sanciones civiles de más de 50,000 dólares por cada infracción, la devolución de las ganancias obtenidas mediante el supuesto engaño y una orden judicial para impedir futuras violaciones.
Pfizer rechazó las acusaciones en un comunicado escrito: «Las representaciones hechas por Pfizer sobre su vacuna COVID-19 han sido precisas y basadas en la ciencia, y la compañía respalda la seguridad y eficacia de su vacuna. Pfizer cree que las alegaciones del estado no tienen mérito y responderá a la demanda en su momento».
La farmacéutica añadió que su vacuna, autorizada inicialmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en diciembre de 2020, ha sido administrada a miles de millones de personas y ha demostrado «un perfil de seguridad favorable en todos los grupos de edad».
Para quienes se vacunaron con Pfizer en Florida —la gran mayoría de la audiencia cubana residente en Miami— conviene aclarar que se trata de una demanda civil, no de un proceso penal. No implica cargos criminales contra nadie, no invalida registros de vacunación y no modifica ninguna recomendación médica vigente. Si el estado ganara, las consecuencias recaerían sobre la empresa, no sobre los individuos vacunados.
La demanda se inscribe en la ofensiva del gobernador Ron DeSantis contra las políticas de vacunación.
Uthmeier, nombrado fiscal general por DeSantis en febrero de 2025 tras haber sido su jefe de gabinete, es uno de sus aliados más cercanos.
DeSantis ha impulsado en los últimos meses la eliminación de varias vacunas de los requisitos escolares, aunque la Cámara de Representantes de Florida rechazó en abril una propuesta suya para ampliar exenciones por «conciencia».
No es la primera vez que un estado lleva a Pfizer ante los tribunales por este motivo. Kansas demandó a la farmacéutica en junio de 2024 con alegaciones casi idénticas bajo su propia ley de protección al consumidor.
Cabe recordar, además, que en enero de 2025 un gran jurado estatal de Florida —convocado por el propio DeSantis en 2022 para investigar supuestas irregularidades en las vacunas— concluyó que no había evidencia de que los fabricantes hubieran violado leyes estatales o federales, aunque sí criticó la relación demasiado estrecha entre la FDA y empresas como Pfizer y Moderna.
El caso está en sus etapas iniciales y Pfizer ha anunciado que presentará su respuesta formal ante el tribunal.
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