Una jueza de Miami firmó una orden estatal de arresto sin derecho a fianza contra Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La orden fue suscrita el pasado jueves por Ariana Fajardo Orshan, jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, según informó Telemundo 51.
Este lunes, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó públicamente los detalles de la orden en una conferencia de prensa celebrada en la Florida International University (FIU), institución con un fuerte vínculo simbólico con la comunidad cubanoamericana de Miami.
La orden estatal establece que, si Castro fuera hallado fuera del estado, las autoridades quedan facultadas para procurar su devolución a Florida.
La documentación judicial sostiene que dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate —con operaciones en Miami y Cayo Hueso— recopilaron y transmitieron información sobre los vuelos y realizaron actividades de vigilancia vinculadas con la preparación del ataque, lo que fundamenta la jurisdicción estatal.
Esta acción judicial es independiente de la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia el 20 de mayo de 2026, que imputó a Castro y a otros cinco exmilitares cubanos con siete cargos, entre ellos cuatro de asesinato individual y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Desde esa fecha, Castro es considerado fugitivo de la justicia federal al no haberse presentado ante el tribunal.
El único acusado actualmente en custodia estadounidense es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana, trasladado a Miami en junio pasado para enfrentar los cargos federales, ante los cuales se declaró no culpable.
El caso tiene su origen en el derribo de dos avionetas Cessna 337 sobre aguas internacionales del estrecho de Florida. Murieron cuatro hombres: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña —ciudadanos estadounidenses— y Pablo Morales, residente legal. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La pieza central de la evidencia en su contra es una grabación de audio de junio de 1996, dada a conocer en 2006 por el periodista Wilfredo Cancio, en la que el dictador reconoce haber dado la orden. En esa grabación se le escucha decir: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».
Uthmeier reabrió la investigación estatal el 4 de marzo de 2026, argumentando que el expediente había quedado paralizado durante la administración anterior. «No dejaremos ningún detalle sin investigar», declaró entonces el fiscal.
Aunque ninguna de las órdenes —ni la estatal ni la federal— puede ejecutarse mientras Castro permanezca en Cuba, dado que no existe tratado de extradición entre ambos países, el proceso acumula un peso jurídico y simbólico creciente en la condena internacional de los crímenes del régimen castrista.
La conferencia de prensa de este lunes en FIU confirmó que la orden estatal añade una segunda vía judicial independiente para perseguir a Castro por los asesinatos de 1996.
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