El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó este sábado la prisión preventiva del expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien deberá cumplir la medida en dependencias del Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, según informó la Fiscalía General del país.
La resolución judicial llegó horas después de que se formalizaran cargos contra el exmandatario en la causa penal n.º 92/2026, vinculada al colapso de Ueno Bank, entidad digital que dejó sin acceso a sus ahorros a millones de ciudadanos paraguayos.
Los fiscales imputaron a Peña por «la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor», según el Acta n.º 7 del Ministerio Público.
Junto a él, también fue detenido e imputado Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien presidió el Banco Central del Paraguay hasta el 3 de noviembre, cuando renunció en medio del proceso de resolución de Ueno Bank.
Carvallo, que anteriormente había dirigido la Financiera Ueno —antecesora del banco—, enfrenta cargos de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La hipótesis fiscal sostiene que entre 2023 y 2026 Ueno Bank recibió cuantiosos depósitos de entidades públicas y previsionales mientras realizaba operaciones crediticias presuntamente irregulares con empresas vinculadas a su grupo económico.
Según un informe de la Dirección General del Tesoro Público, al mes de septiembre de 2026 los fondos estatales depositados en la entidad ascendían a aproximadamente USD 233,400,495, además de guaraníes equivalentes a más de tres billones de la moneda local.
La investigación señala que Peña, durante su mandato, intervino en decisiones sobre la colocación y permanencia de fondos públicos en Ueno Bank, institución con cuyo grupo empresarial habría mantenido vínculos accionariales: el exmandatario fue accionista de Ueno Holding S.A.E.C.A. hasta marzo de 2025.
En total, la Fiscalía ha imputado a 27 personas en el caso, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores del banco, trasladado a prisión junto a otros cinco directivos.
Tras Peña anunciar su renuncia el 5 de noviembre mediante un video en redes sociales, legisladores oficialistas bloquearon la sesión para aceptarla formalmente —en un cálculo para privarle del cargo de senador vitalicio que otorga la Constitución a los expresidentes electos— y el Senado lo destituyó el viernes con 44 de 45 votos por «mal desempeño de sus funciones».
Esa misma noche, manifestantes rodearon su residencia en Asunción con tambores y consignas: «¡Cayó el payaso, falta el circo!», «¡Devolvé la plata de tu bolsillo!», «Robar es delito solo para los pobres».
Ante el avance de los protestantes, la policía trasladó a Peña al Regimiento Escolta Presidencial, el mismo cuartel donde se refugió el dictador Alfredo Stroessner en febrero de 1989 cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron.
Este sábado, la policía lo condujo desde allí hasta la sede de la Fiscalía para prestar declaración indagatoria, y horas después el juez Otazú ordenó su reclusión preventiva en ese mismo recinto militar.
Mientras Peña enfrenta la justicia, el nuevo presidente Pedro Alliana —quien asumió el viernes en reemplazo del destituido— prometió devolver los ahorros a los afectados y anunció que los bancos funcionarían de forma excepcional este domingo para facilitar las gestiones de los clientes de Ueno Bank, una entidad que tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
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