Una familia de la localidad pinareña de Viñales explica que les han retirado la licencia de cuentapropistas por el “delito” de tener dos piscinas en su hostal.
Gastaron miles de dólares en la inversión y sin embargo y ahora les exigen que las conviertan en cisternas o que las tapen con tierra.
Madre e hijo reinvirtieron todo lo que ganaban en ampliar y mejorar la vivienda, alquilaban 5 habitaciones y tenían un restaurante, según destaca Fernando Ravsberg en su blog “Cartas desde Cuba”.
La apertura del trabajo por cuenta propia les permitió durante 20 años sobrevivir, crecer y convertirse en personas prósperas.
Sin embargo, se desató la “guerra de las piscinas", que prohibió las piscinas particulares a partir de una fecha, pero los dueños de este hostal no entienden por qué si las suyas estaban construidas desde antes, tenían que deshabilitarlas.
Madre e hijo se pueden considerar “integrados” desde el punto de vista político, lo que ya se sabe que en Cuba puede ser un plus a la comprensión de las autoridades, algo que por lo narrado en este reportaje, no les ha llegado.
Fueron al Gobierno Provincial y esperaron 24 horas para ser atendidos, durmieron en un parque vigilados por la Brigada Especial de la Policía.
Según relatan, las autoridades llegan incluso a utilizar imágenes de satélite para detectar la ubicación de las piscinas en la localidad, piscinas que han pasado al “clandestinaje”.
En el Partido Provincial les pidieron paciencia, igual que en la Asamblea Nacional. En ese peloteo llevan 2 meses sin ingresos ellos y 14 personas más que tenían empleadas.
Tocaron todas las puertas pero no encuentran una institución donde reclamar sus derechos.
“Nadie quiere meterse en candela” con el Partido y el gobierno provincial, ni siquiera los medios de prensa nacionales, a los cuales se les envió la información.
Finalmente escribieron una carta al propio Raúl Castro, donde le exponen sus puntos de vista.
En una localidad donde las capacidades habitacionales están en un estado crítico porque la demanda supera la oferta, estos cuentapropistas consideran discriminatorio, ilegal e irracional, la medida.
1200 habitaciones privadas en Viñales son una válvula de escape para un magra oferta estatal que no llega en estos momentos ni a los 5 hoteles en el territorio.
La familia afectada sostiene, además, que en Viñales y en todo Pinar del Río siguen funcionando piscinas privadas, algunas de ellas incluso sin permiso legal para ejercer actividad económica, el que desde luego no era su caso.
Ellos pagaban un impuesto por tener la piscina, y así lo dictamina una resolución del Ministerio de Finanzas donde se estipula el impuesto que deben pagar los cuentapropistas por piscinas comerciales en Viñales.
Estos cuentapropistas relatan que llenaban las piscinas de un pozo propio, hecho por ellos mismos, y que en su provincia no hay problemas de sequía.
A ello se suma que las dos piscinas disponen de un sistema de reciclaje que permite usar la misma agua durante dos años.
El periódico Escambray se pregunta, y con mucha lógica:
“por qué si se trata de ahorrar agua no se prohíben todas —incluso las inflables, la cuales se comercializan en los centros comerciales—; y por qué se permite importar piscinas y aditamentos para su construcción si después las declararán ilegales”.
Lo irracional del asunto es que una vez cerrada la piscina se les permite poner encima otra plástica, aunque sea más grande, ello sin tener en cuenta que el consumo es mucho mayor, porque el cambio de agua tiene que ser más frecuente.
Y no, no es un chiste pinareños, es el devastador peso de la burocracia y la falta total de sentido común de algunas "leyes".
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