En Santiago de Cuba las autoridades están decomisando masivamente las motorinas a los ciudadanos. En un reportaje publicado por la organización opositora UNPACU varios entrevistados, víctimas de esta ley arbitraria, contaron sus experiencias.
Según dijeron, no tienen dónde quejarse porque han ido a todas las organizaciones y entidades pertinentes y la respuesta es la misma: la orden viene de arriba. Los bufetes de abogados rechazan los casos porque se los han prohibido.
Arquimides Emnis Tamayo Larrea, un productor de música urbana conocido como Kikipro, dice que cuando lo llevaron a la estación de policía escuchó que los oficiales se comunicaban entre ellos ordenando decomisar tres motorinas cada día.
Tanto él como Rolando Monterey Mendoza contaron que cuando los paró la policía los llevaron a una estación y allí les dijeron que debían dejar el ciclomotor para una inspección. Luego de tres meses en los que fueron varias veces citados, terminaron en el decomiso.
“Hay una cláusula en el papel del decomiso que dice que solo estarán autorizados a circular con estos ciclomotores, los que autorice el teniente coronel Marañón para un bien mayor”.
La realidad es que las motorinas son entregadas luego a oficiales retirados de la policía y a los militares.
El hecho ha provocado violentas peleas entre los dueños de los vehículos y sus vendedores como en el caso de Joel Jiménez que quiso que le devolvieran parte del dinero que pagó.
El hombre no quiso acceder y ambos tuvieron una bronca en la que quedaron gravemente lesionados y ahora están pendientes a juicio.
Algo similar está ocurriendo en La Habana con los llamados bicitaxis. En las últimas semanas los choferes han denunciado que se llevan sus bicicletas en rastras. Se las retiran si no tienen licencia, pero tampoco hay manera legal de obtenerla porque las han suspendido.
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