Miembros de una ONG independiente que se dedica a asistir y velar por los derechos de las personas con discapacidad en Cuba han sufrido las acciones represivas por parte de las autoridades, que prohíben la existencia de una organización de este tipo que no esté supeditada al Estado.
Así lo denunció a Martí Noticias, el activista José Tomás Fernández, miembro del Instituto de Defensa de Comunidades Vulnerables, perteneciente a la Red de Cultura Inclusiva Cuba, una ONG que no se presenta como grupo opositor, pero mantiene varios reclamos al Gobierno.
“Lo único que hacemos es ayudar a las personas con discapacidad…y por esto hemos sido detenidos. Hemos sido detenidos por hacer este trabajo y no pertenecer a una institución del Estado, que a su vez no nos lo permite”, señaló Fernández.
De acuerdo con el activista, la red solo pretende velar por que Cuba sea más inclusiva para las personas con discapacidad, apoyando a comunidades y personas vulnerables y exponiendo sus denuncias y necesidades ante organismos de Derechos Humanos.
Entre los reclamos más urgentes se encuentra el acceso de los discapacitados a la educación superior. “Solo pueden llegar hasta la secundaria porque no existen preuniversitarios para discapacitados”, apunta.
Asimismo, la existencia de barreras arquitectónicas en la mayoría de los servicios públicos también deviene otro de los puntos en la agenda de la red.
Según MN, en septiembre del pasado año, miembros de esta organización asistieron a una audiencia de la comisión interamericana de derechos humanos a fin de exponer casos de vulneración contra las prerrogativas de las personas con discapacidad en Cuba.
“Queremos hacer algo independiente porque el gobierno no cumple, se desvían todos los recursos, y así lo han admitido las propias instituciones”, insistió Fernández.
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