La nueva normativa que regulará el Trabajo por Cuenta Propia en Cuba y que entra en vigor el próximo mes de diciembre contempla multas de 2.000 pesos, la cancelación de la licencia por el plazo de dos años y hasta el decomiso a los cuentapropistas que incurran en actitudes de discriminación por motivo de raza, género, orientación sexual, discapacidad, o cualquier otra lesiva a la dignidad humana.
Así lo recoge el Decreto Ley 357 De las contravenciones personales en el ejercicioo del Trabajo por Cuenta Propia, en su artículo 7.1, inciso l, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba el pasado 10 de julio.
La discriminación es considerada, de esta forma, como una falta grave, ya que las leves son penalizadas con multas de 1.000 pesos y las muy graves, de 4.500 pesos y la pérdida definitiva de la licencia.
En todo caso, el decreto ley no aclara si este tipo de sanciones se aplican ya en los negocios estatales. Su texto se refiere en exclusiva a marcar los supuestos sancionables en el Trabajo por Cuenta Propia.
Hace apenas una semana un joven homosexual cubano denunció que había sido víctima de una actitud homófoba en el bar Efe de La Habana, cuando intentaba hacerse un selfie besándose con su pareja y un guardia de seguridad se le acercó y le dijo que eso estaba prohibido.
Aunque desde el establecimiento negaron que esto hubiera ocurrido, el popular artista cubano Luis Alberto García lanzó una campaña contra la homofobia besándose con un amigo. La imagen la colgó en su muro de Facebook acompañado del hashtag #ConMisAmigosNoTeMetas #Boicot #EFEbar.
Según explica el blog paquitoeldecuba.com, las nuevas sanciones incluidas en la regulación del Trabajo por Cuenta Propia intentan poner coto al famoso derecho de admisión. En opinión de su autor, un periodista vinculado a la prensa oficialista, hay que implementar este tipo de medidas también en el resto de sectores estatal y de cooperativas de la Isla.
En caso de que se dé una caso similar al denunciado en el bar Efe de La Habana, el agraviado deberá probar la veracidad de su denuncia en los organismos de supervisión municipales y provinciales o en los gobiernos locales.
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