El régimen cubano, a través del Consejo de Ministros, publicó este lunes el Decreto 107, en el cual se establecen nuevas restricciones para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
La normativa, que deroga y sustituye al Decreto 49 de 2021, identifica un total de 125 actividades que estos actores económicos no están autorizados a ejercer.
Entre las actividades más destacadas que ahora quedan prohibidas para el sector privado se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición y maquetación de libros, la programación y transmisión de televisión, las actividades de telecomunicaciones, así como diversas formas de transporte y almacenamiento.
Además, sectores tradicionalmente sensibles como la defensa, la seguridad pública y la administración de servicios sociales también están vetados.
El Decreto 107 refleja la estrategia del régimen de mantener un control centralizado sobre sectores clave de la economía, pero podría tener efectos adversos en términos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social.
Según el destacado economista Pedro Monreal, la normativa “confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado como parte de medidas estatales para supuestamente ‘corregir distorsiones y reimpulsar la economía’”.
“El decreto 107/2024 consiste en hacer ‘llover sobre mojado’, ampliando las prohibiciones y restricciones que ya estaban contenidas en la norma anterior (Decreto 49/2021), muchas de ellas derivadas de un estrecho razonamiento político y con cuestionable racionalidad económica”, consideró el especialista.
En su breve análisis publicado en redes sociales, el economista destacó que “casi la mitad de las prohibiciones (9 de 19) se concentran en dos sectores productivos claves -agropecuario e industria- que presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad de oferta y que repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos”.
“El 47,8% de las restricciones se concentran en el comercio, una actividad que en el contexto de la actual crisis ha funcionado como ‘salvavidas’ para muchas entidades privadas registradas bajo otra ‘razón social’ que no han podido desplegar con efectividad”, apuntó Monreal.
Además, resaltó que “aproximadamente otra tercera parte de las prohibiciones (6 de 9) se establecen para actividades intensivas en capital humano y que a su vez son decisivas para el desarrollo del capital humano: enseñanza y actividades artísticas”.
En conclusión, el economista consideró que “las nuevas restricciones impuestas al comercio al por mayor de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias probablemente retiren un ‘salvavidas’ a varias entidades, pero también pudieran favorecer la concentración mayorista en MIPYMES y CNAs ‘enchufadas’ estatalmente”.
La restricción de 125 actividades para los actores privados pone en evidencia las tensiones entre el control estatal y la necesidad imperiosa de una mayor apertura económica para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país.
La entrada en vigor de este decreto podría aumentar la incertidumbre entre los emprendedores cubanos, quienes deberán reorientar sus esfuerzos hacia las pocas áreas no restringidas, lo que podría limitar las posibilidades de innovación, de inversión extranjera y nacional, y de expansión del sector privado en Cuba.
Impacto económico y social
La implementación de este decreto representa un desafío considerable para el desarrollo del sector privado en Cuba, ya que limita la diversificación y el crecimiento de nuevas iniciativas económicas en áreas estratégicas.
En un contexto donde el sector estatal enfrenta limitaciones significativas, el impedimento para que los actores privados accedan a estos sectores podría perpetuar la falta de competitividad, innovación y eficiencia en la economía cubana.
El decreto también establece restricciones en sectores que podrían haber beneficiado directamente al desarrollo local y al empleo, tales como la producción de medios audiovisuales, la gestión de transporte y la prestación de servicios tecnológicos.
Esto podría resultar en una menor oferta de servicios y productos, lo que a su vez impactaría negativamente en el bienestar de la población.
El endurecimiento de las restricciones podría también desalentar la inversión extranjera y la participación de cubanos en la diáspora en la economía nacional, limitando así las oportunidades de financiamiento y el ingreso de divisas que tanto necesita el país.
Miguel Díaz-Canel: "Es hora de pasar a la acción"
“¡Es hora de pasar a la acción!”. Con esta frase, el gobernante cubano Miguel-Díaz Canel confirmó el viraje del régimen cubano en su política de tímida apertura económica, y ratificó su voluntad de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y a la planificación centralizada de la economía.
“Es hora de superar los diagnósticos y pasar a las acciones”, dijo Díaz-Canel a finales de julio, durante su discurso de clausura del tercer período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
El proceso de “debate e intercambio” con los propietarios de micro, pequeñas o medianas empresas (Mipymes) para convencerles de la necesidad de topar precios a productos de primera necesidad que el Estado no consigue vender a través de la canasta familiar normada, ha terminado. Y el resultado es una muestra más de la naturaleza represora y coercitiva del régimen totalitario cubano.
A pesar de insistir en que el gobierno no ha empezado una “cacería de brujas” contra las Mipymes, el gobernante cubano hizo énfasis en la voluntad de embridar la actividad comercial de los “nuevos actores” que él mismo promovió.
“En cuanto a nuestras responsabilidades en el ámbito incierto y complejo de la economía, es preciso reconocer que en el afán por cumplir con los lineamientos de la política económica y social del VIII Congreso del Partido, al destrabar procesos e impulsar la formación de Mipymes, no se fue lo debidamente firme en la exigencia de crear bases normativas suficientemente robustas e integrales para conducir al funcionamiento de esta forma de gestión que ya operaban en la economía, pero sin un reconocimiento formal”, señaló.
La falta de regulación a las Mypimes, según el gobernante, provocó un caos en la economía cubana, disparando la inflación y acentuando la desigualdad en el país.
Por eso “debemos hacer que se cumpla lo aprobado, definiendo bien los objetivos, preparando mejor a los ejecutores de cada medida, propiciando el aseguramiento político, comunicacional, material y financiero, ordenando las acciones con un cronograma de implementación para que no se queden en el discurso. Y sobre todo, ejercer el control sobre las correcciones y los ajustes con la retroalimentación necesaria”.
“Los controles posteriores han demostrado que muchos de esos negocios no respondieron a la confianza del Estado con la honestidad y la transparencia que demanda y exige una sociedad mínimamente organizada. En consecuencia, ningún violador del fisco y la legalidad en general puede cuestionar las exigencias derivadas del análisis de los errores y distorsiones del proceso. Como se ha dicho en estos momentos, deberán prevalecer la ley y el orden si queremos que triunfen y se fortalezcan todas las formas de gestión de la economía”, añadió.
“Es hora de pasar a la acción” es la nueva consigna del régimen que lleva 65 años en el poder, pero Díaz-Canel no quiere asustar a los nacientes empresarios. “Quiero reiterar que no hay ni habrá una cacería de brujas contra las Mipymes privadas, como algunos afirman, manipulan o sugieren”.
Según el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), “el enfrentamiento será contra el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude vengan de donde vengan, sean no estatales... sean no estatales o estatales las empresas”.
“Esta es una batalla contra la ilegalidad y no contra las formas de propiedad y gestión”, concluyó el gobernante designado por el general Raúl Castro para llevar las riendas de la “continuidad” e implementar las medidas económicas emanadas del VIII Congreso del PCC y que condujeron al fracasado “ordenamiento”.
El "paso a la acción": Una jugada cantada del régimen cubano
"Recuerden que aquí todos estamos para salvar la Revolución y el socialismo", avisó Díaz-Canel a comienzos de julio durante la reunión del Consejo de Ministros, reafirmando una vez más la centralidad del modelo socialista en la economía de Cuba.
En fechas recientes, durante su informe a la Comisión Económica de la ANPP, el gobernante cubano anunció un plan de "ordenamiento" para los sectores privado y estatal, por la "manera irresponsable" con que se conducen algunas de estas instituciones, señaló.
En ese sentido, insistió en que no se trata de una "cacería de brujas" contra una forma de gestión o propiedad específica. Sin embargo, el discurso oficialista desde hace meses ha venido arremetiendo contra Mipymes, especialmente las que importan productos terminados o no cumplen con los precios topados.
"Aquí lo que estamos planteando es un ordenamiento para que haya la mayor cantidad de ofertas de bienes y servicios a adecuados precios para la población, y que todo el mundo aporte todo lo que tiene que aportar", afirmó.
De momento, el "paso a la acción" ha dado como resultado la retirada de la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados que estaban autorizados a hacerlo. Acorde al primer ministro Manuel Marrero Cruz "se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar, por bajo nivel de actividad y mal trabajo".
“En el análisis que hicimos había muchas barbaridades, errores...", dijo Marrero Cruz días atrás ante los diputados de la ANPP. "El documento resultante del trabajo que hizo el MINCEX nos permitió llegar a la conclusión de que había que cerrar esta facultad a 24 empresas, por bajo nivel de actividad y mal trabajo", subrayó el primer ministro anunciando importantes cambios en las regulaciones para las Mipymes y el trabajo por cuenta propia (TCP).
No hay una “cacería de brujas”, pero en días recientes el ministro de Finanzas y Precios en Cuba, Vladimir Regueiro Ale, advirtió a los dueños de las Mipymes que era un "delito grave" ocultar la mercancía y no venderla a la población.
El funcionario acudió a la televisión cubana para explicar las primeras acciones de control que el régimen ha pactado tras la reciente implementación de la Resolución 225 donde se impone un tope de precios a seis productos de primera necesidad en el país.
Regueiro destacó que ocultar mercancía y obstaculizar el comercio, pueden considerarse delitos o infracciones graves.
"Estamos apercibiendo y, donde hemos identificado estos casos, hemos convocado a los gobiernos municipales a los actores económicos que son titulares", afirmó. Los dueños de Mipymes son citados a las sedes gubernamentales para recibir orientación sobre las medidas a seguir en cada situación.
"En muchos casos, hemos tenido que ordenar las ventas forzosas de las mercancías. Hasta el 13 de julio, habíamos ordenado 151 acciones de venta forzosa de productos", dijo. Además, especificó que las mayores violaciones son en la comercialización de pollo y aceite.
En un operativo intensivo realizado entre los días 12 y 13 de julio, el gobierno cubano clausuró 53 negocios privados tras llevar a cabo 891 inspecciones en todo el país.
Marrero Cruz informó que durante estas inspecciones se detectaron más de 4,000 violaciones y se impusieron multas que superan los 13 millones de pesos a Mipymes. Entre las principales infracciones detectadas se encuentran la ocultación de productos tras el tope de precios implantado por el gobierno y la venta de bienes a precios no regulados.
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