Los senadores Marco Rubio y Rick Scott, y el congresista Mario Díaz-Balart, alabaron este lunes la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de permitir demandas judiciales contra más de 200 compañías operadas por el Gobierno cubano.
En un comunicado divulgado desde Washington, los legisladores elogiaron el proceso de implementación del Título III y el Título IV de la Ley Helms-Burton.
“El presidente Trump está enviando un fuerte mensaje de que los EE.UU. no se quedará sin hacer nada mientras el régimen cubano continúa apoyando a la familia criminal de Maduro a expensas del pueblo venezolano, declaró Rubio.
“Durante 60 años, el régimen cubano ha obligado a millones de personas a exiliarse, desestabilizando a los países vecinos. El régimen de Cuba también ha dado refugio a fugitivos de la justicia y a terroristas internacionales, e hicieron millones de dólares traficando bienes robados. Al comenzar el proceso de implementación del Título III y el Título IV de la Ley Helms-Burton Libertad, los Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano por sus delitos, incluyendo su apoyo a la familia criminal de Maduro. La justicia está llegando, y esto es tan solo un primer paso”, añadió el senador cubanoamericano.
Rick Scott, por su parte, declaró que la medida demuestra que Estados Unidos toma “en serio su compromiso con la libertad y la democracia en Cuba”.
Añadió Scott que “permitir que ciudadanos estadounidenses demanden por propiedades robadas en Cuba y negar la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos extranjeros involucrados en el tráfico de propiedad robada es un gran paso para cortar el flujo de dinero al régimen de Castro".
El ex gobernador de Florida recordó que "donde vemos inestabilidad, caos y violencia en América Latina, también vemos las huellas del régimen de Castro y su dinero, y esta acción por parte de la Administración es un paso importante para estabilizar la región”.
“Esta contundente decisión por parte del presidente Trump en relación a la Ley de Libertad hará que el régimen cubano tenga que rendir cuentas. Le insto a que continúe con la implementación planeada para este mes para que podamos ayudar a impulsar un nuevo día de libertad y democracia para Cuba y su gente”, concluyó Scott.
Mario Díaz-Balart, por su parte, ha dicho que "vergonzosamente, durante casi veintidós años desde la promulgación de la Ley LIBERTAD, los negocios sin escrúpulos han ignorado esta importante disposición en la ley de los Estados Unidos y han elegido asociarse con los tiranos. Esta es solo la primera acción de muchas en relación con las acciones de la Administración en el Título III”, y subraya que la justicia para las víctimas de las confiscaciones está muy atrasada.
“Los años de extensiones consecutivas pueden haber dejado caer a algunos en una falsa sensación de impunidad. Sin embargo, ahora las compañías que voluntariamente se enredan en negocios con el régimen antiamericano, ilegítimo y opresivo en Cuba se les advierten que serán responsables por beneficiarse de las grandes pérdidas sufridas por las víctimas del régimen.
Continuaré trabajando con la Administración, los Senadores Rubio y Scott, y mis colegas del Congreso para asegurar que los Estados Unidos continúe presionando al régimen de Castro y sigan adelante con la implementación completa del Título III”, concluyó Díaz-Balart.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que los cubanoamericanos podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas con posterioridad a 1959, pero no llegó a autorizar denuncias contra compañías extranjeras.
En un comunicado, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, explicó que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución de Fidel Castro.
Sin embargo, Pompeo incluyó una excepción: a partir del 19 de marzo los cubanoamericanos podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba", que incluye entidades que están "bajo el control o actúan en nombre" de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad.
En el listado aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el Meliá Marina Varadero.
La nueva suspensión del título III entra en vigor el 19 de marzo y expirará un mes después, es decir, el 17 de abril, momento en que Pompeo evaluará si la prorroga en base a dos criterios: los "intereses nacionales" de EE.UU. y la posibilidad de acelerar una "transición a la democracia" en Cuba.
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