La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó ayer lunes en un comunicado su "preocupación" por la nueva Constitución cubana, aprobada en referendo el pasado 24 de febrero, y por su implementación.
La Comisión subraya que aunque la nueva Carta Magna “dio rango constitucional a determinados derechos fundamentales”, ese organismo ha recibido denuncias, por parte de varias organizaciones de la sociedad civil cubana, "sobre una serie de falencias en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución".
Según el comunicado, numerosas organizaciones civiles cubanas aludieron a “barreras políticas y legales” que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y su nivel de efectividad.
“Activistas de la campaña del voto en contra denunciaron haber sido intimidados, detenidos y en algunos casos golpeados por las fuerzas de seguridad y que sus casas fueron sitiadas por las fuerzas militares la semana anterior al referéndum”, añade el comunicado.
En este sentido, la nota subraya que la Comisión “condena todo tipo de actos intimidatorios y agresiones contra personas disidentes, activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas”.
La CIDH ha hecho referencia a denuncias en la prensa independiente de “fraude electoral el día del referéndum, en particular, que se habría votado con lápiz; la falta de secreto en el voto; que no se incluyó el voto de más de dos millones de cubanos en el extranjero; además de irregularidades en las urnas electorales”.
Por todo lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta “su preocupación” en relación con unas votaciones que no se habrían llevado a cabo “con las garantías al principio de universalidad y pluralidad electoral”.
El organismo destaca que lleva años criticando la falta de “condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba, que se mantienen a pesar de la citada reforma Constitucional.
El documento insiste en la celebración de unas elecciones “carentes de pluralidad e independencia ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales”.
No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que, en materia de derechos humanos, la nueva Constitución otorga “rango constitucional a garantías judiciales como el hábeas corpus y el principio de presunción de inocencia, y un catálogo de derechos fundamentales tanto civiles y políticos que incluyen el derecho a la vida y la prohibición de la desaparición forzada, tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes".
También hace mención como ganancia del nuevo texto constitucional la referencia a "derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; como el derecho al agua, la salud y la educación gratuita, entre otros. Asimismo, se incorpora el derecho a la propiedad privada; y añade al principio de igualdad, la prohibición de discriminación por razones género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, y discapacidad.”
Antonia Urrejola, relatora para Cuba, señala que, si bien la inclusión de esos derechos en el orden constitucional cubano pudieran considerarse como "un paso adelante en el ejercicio de los derechos humanos", lo será verdaderamente siempre "que en Cuba se eliminen las políticas, leyes y prácticas estructurales que limitan la implementación plena de esas garantías, desde un enfoque de derechos humanos”.
De ahí que, más allá de constituir avances en el texto escrito de la Constitución, falte por comprobar “su interpretación y aplicación armónica con los más altos estándares en materia de derechos humanos será clave para poder catalogarla como un verdadero avance en la conquista de derechos fundamentales por parte del pueblo cubano”.
En el texto constitucional se expresa que las relaciones internacionales se basarán en la defensa y protección de los derechos humanos y establece la obligación del Estado de garantizar “el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación”.
La CIDH insta al Estado a “transformar la Constitución en una realidad de respeto a las libertades públicas y democráticas, adoptando medidas que garanticen la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos y ciudadanas cubanas en condiciones de igualdad”.
La Comisión ha solicitado al Gobierno cubano una visita de observación “que permita monitorear la situación de derechos humanos en el país”, a la vez que advierte que dará “seguimiento a este proceso de reforma constitucional dentro del marco de su mandato”.
La Comisión Interamericana de Derechos es una entidad del sistema interamericano de protección de derechos humanos, con sede en Washington, e integrada por 7 personas de reconocida trayectoria que son electas a título personal y no como representantes de ningún gobierno.
La CIDH es, además, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre sus funciones principales está mantener “la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región”.
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