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Varias empresas españolas se podrían ver perjudicadas por la aplicación del artículo III de la ley Helms Burton, que será desbloqueada parcialmente a partir de este martes 19 de marzo por el gobierno de Donald Trump. La ley se venía suspendiendo cada seis meses desde que se aprobó, hace ya más de 20 años.
El hecho ha generado cierta preocupación entre los inversionistas españoles porque implica que sus empresas podrían ser demandadas por tener sus negocios en sociedad con el Gobierno cubano, en terrenos que fueron expropiados tras el año 1959.
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Entrevistado por la Cadena Ser, el abogado José María Viñals ―experto en inversiones en Cuba― ha explicado que "algunas de las compañías en la lista del departamento de Estado son empresas españolas que participan en las joint ventures con el gobierno cubano o en asociaciones mixtas, contra las que ciudadanos norteamericanos podrían iniciar procedimientos judiciales”.
El abogado ha precisado que las demandas en principio “irían contra el gobierno cubano”, lo que supone que “no habría una consecuencia directa inmediata, aunque podría haberla de modo indirecto”.
Lo que realmente preocupa al empresariado español es que este pueda ser apenas el primer paso, y abrir una caja de Pandora que acabe perjudicando, a lo grande, al sector empresarial extranjero en Cuba.
Las empresas europeas afectadas -principalmente británicas, francesas y españolas- por ahora están eximidas de problemas por operar en "sociedades mixtas" con el Gobierno cubano.
A ello se suma que "en Europa existen leyes antídoto para proteger de la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas".
El artículo III permite a los norteamericanos que posean registros de propiedades en Cuba, iniciar un proceso judicial contra el gobierno cubano y las empresas que están utilizando para sus negocios los bienes confiscados.
En esa lista hay varios hoteles de la cadena española Meliá (propiedad de la familia Escarrier), e Iberostar, compañía con sede en Mallorca.
A inicios de este mes, el presidente norteamericano dio a conocer que a partir de este 19 de marzo la puerta estará abierta para demandar a 200 entidades gubernamentales cubanas, que forman parte de una "lista negra", por adueñarse de bienes confiscados. La iniciativa en principio no afecta legalmente a los socios extranjeros del Gobierno de la Isla.
Se espera que el Gobierno de Estados Unidos anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta (de apenas 30 días), de esa ley, que ha sido suspendida cada seis meses por los Gobiernos de Clinton, Bush Obama y el propio Trump durante sus primeros dos años de Administración.
El pasado lunes, 11 de marzo, se supo que Estados Unidos incluyó otras cinco empresas controladas por los militares de la Isla en la "Lista restringida de Cuba", según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
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