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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el pasado domingo la ley No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023, conocida como la "Ley Bacardí", destinada a proteger los derechos de marcas confiscadas por el gobierno cubano desde 1959.
La normativa prohíbe que tribunales y agencias estadounidenses reconozcan marcas comerciales expropiadas sin el consentimiento de sus dueños originales, marcando un precedente para empresarios cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras la llamada “revolución cubana”, según subrayó el sitio Café Fuerte.
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La Casa Blanca confirmó que la ley fue aprobada con un amplio respaldo bipartidista en ambas cámaras del Congreso. Según el comunicado oficial, esta legislación impide la validación de derechos de marca que estén ligados a bienes o empresas expropiados, salvo que el propietario original o sus herederos otorguen consentimiento explícito.
A su vez, el presidente Biden agradeció a los legisladores que impulsaron esta medida, entre ellos Darrell Issa (R) y Debbie Wasserman-Schultz (D), quienes presentaron el proyecto en 2023.
Impacto en el caso "Havana Club"
La ley tiene implicaciones directas en el largo litigio sobre la marca "Havana Club", un ron cuya producción y comercialización ha sido objeto de disputas legales entre la corporación Bacardí, el régimen cubano y su socio comercial francés Pernod Ricard.
En 1995, Bacardí comenzó a vender ron bajo esta marca en Estados Unidos tras adquirirla de la familia Arechabala, fundadora original del negocio. Sin embargo, el gobierno cubano, a través de su empresa estatal Cubaexport, también reclama derechos sobre la marca, respaldado por Pernod Ricard.
Cubaexport inscribió por primera vez la marca en Estados Unidos en 1976, pero enfrentó dificultades para renovar su registro debido al embargo estadounidense y a restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En 2016, la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) otorgó nuevamente la licencia a Cubaexport, desatando una demanda de Bacardí que llegó hasta la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en 2023, la cual falló a favor de la empresa con sede en Bermudas.
Con esta nueva legislación, la PTO y otros organismos federales tendrán menos margen para validar derechos de marcas asociadas a propiedades confiscadas, lo que fortalece la posición de Bacardí en este conflicto y podría afectar directamente las exportaciones cubanas de "Havana Club".
Reacción del régimen cubano
El régimen cubano rechazó enérgicamente la firma de esta ley, calificándola de medida agresiva y violatoria del derecho internacional.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que la normativa tiene como objetivo principal despojar a Cubaexport de sus derechos sobre la marca.
Además, Johana Tablada de la Torre, directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó que la legislación busca impedir la renovación de la marca "Havana Club" en Estados Unidos, prevista para 2026.
La marca "Havana Club" es una de las principales exportaciones de bebidas alcohólicas de Cuba, generando ganancias millonarias. Según AFP, actualmente, no puede comercializarse en territorio estadounidense debido al embargo, pero sigue siendo un producto líder en mercados internacionales, exportándose a más de 120 países.
Contexto histórico y político
El conflicto en torno a la propiedad intelectual de marcas confiscadas por el régimen cubano se enmarca en las tensiones económicas y políticas entre Cuba y Estados Unidos, exacerbadas desde el embargo impuesto en 1962.
A pesar de las expectativas de un alivio bajo la administración de Biden, muchas de las restricciones endurecidas durante el mandato de Donald Trump permanecen vigentes.
Fundada en Santiago de Cuba en 1862, Bacardí representa no solo una marca histórica, sino también un emblema del impacto de las expropiaciones del régimen cubano sobre empresas familiares y patrimonios extranjeros.
La firma de esta ley simboliza un triunfo para empresas como Bacardí y un golpe a las aspiraciones del régimen cubano de mantener sus derechos sobre marcas clave.
Preguntas frecuentes sobre la "Ley Bacardí" y sus implicaciones
¿Qué es la "Ley Bacardí" y cuál es su objetivo principal?
La "Ley Bacardí", oficialmente conocida como "No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023", es una legislación firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca proteger los derechos de marcas confiscadas por el gobierno cubano desde 1959. Su objetivo principal es prohibir que tribunales y agencias estadounidenses reconozcan marcas comerciales expropiadas sin el consentimiento de sus dueños originales. Esta ley marca un precedente para empresarios cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras la revolución cubana.
¿Cómo afecta la "Ley Bacardí" al caso de la marca "Havana Club"?
La "Ley Bacardí" tiene implicaciones directas en el litigio sobre la marca "Havana Club", que ha sido disputada entre Bacardí y el régimen cubano junto a su socio francés Pernod Ricard. Con esta nueva legislación, las autoridades estadounidenses tendrán menos margen para validar derechos de marcas asociadas a propiedades confiscadas, lo que fortalece la posición de Bacardí en este conflicto y podría afectar las exportaciones cubanas de "Havana Club".
¿Cuál ha sido la reacción del régimen cubano ante la "Ley Bacardí"?
El régimen cubano rechazó enérgicamente la firma de la "Ley Bacardí", calificándola de medida agresiva y violatoria del derecho internacional. Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, la normativa busca despojar a Cubaexport de sus derechos sobre la marca "Havana Club". Además, se argumenta que la ley viola las regulaciones internacionales al abrir la puerta al "robo" de marcas legalmente registradas en Estados Unidos.
¿Qué significa la "Ley Bacardí" para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
La firma de la "Ley Bacardí" simboliza un nuevo obstáculo en las ya tensas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La ley refuerza las políticas estadounidenses de no reconocer expropiaciones realizadas por el régimen cubano y proporciona un mecanismo legal para que los empresarios afectados por nacionalizaciones busquen justicia. Esto podría agudizar las tensiones económicas y políticas entre ambos países, especialmente en un contexto donde el embargo sigue vigente y las expectativas de un alivio han sido limitadas bajo la administración de Biden.
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