Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, ha emitido una declaración en la que expresa la profunda "decepción" que genera en ese país que Estados Unidos ponga en vigor, a partir del próximo 2 de mayo, el Título III de la Ley Helms-Burton.
La ministra aseguró que el estado canadiense “revisará las opciones en respuesta a esta decisión.”
“He estado en contacto con empresas canadienses para reafirmar que defenderemos completamente los intereses de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas con Cuba", añadió.
La declaración difundida aclara que desde que Estados Unidos anunció en enero que revisaría el Título III, “el Gobierno de Canadá se ha comprometido regularmente con el gobierno de los Estados Unidos para expresar nuestras inquietudes sobre las posibles consecuencias negativas para los canadienses, preocupaciones que son antiguas y bien conocidas por nuestros socios estadounidenses”.
Menciona también un reciente encuentro que tuvo con el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, para registrar esas inquietudes, aunque con escaso resultado, según ha quedado evidenciado este miércoles.
La reacción de Canadá, dispuesta al contraataque, se suma a la actitud de la Unión Europea, organismo dispuesto a trabajar de forma conjunta con los canadienses en el marco de la Organización Mundial del Comercio, con el fin de prohibir la ejecución o el reconocimiento de órdenes judiciales estadounidenses contra compañías canadienses o europeas.
"La UE y Canadá consideran la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba contrarias al derecho internacional", dijo Freeland, su homólogo de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la Comisionada de Comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, en una declaración conjunta de este miércoles.
"Nuestras leyes respectivas permiten que cualquier reclamación de los Estados Unidos sea seguida por reclamaciones en contra de los tribunales europeos y canadienses, por lo que la decisión de los EE. UU. De permitir demandas contra compañías extranjeras solo puede llevar a una espiral innecesaria de acciones legales".
La medida anunciada este miércoles supone un cambio importante en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, que podría poner en riesgo a empresas canadienses de minería, turismo y servicios financieros que operan en la Isla.
A ello se suma que casi un millón de canadienses viaja anualmente a Cuba y que la compañía de recursos con sede en Toronto, Sherritt International, tiene una larga presencia en la Isla.
A comienzos de este mes de abril, líderes empresariales de Canadá y la Cámara de Comercio de ese país señalaron que la amenaza del Gobierno de Donald Trump de aumentar las restricciones del embargo de Estados Unidos a Cuba podría afectar a las compañías canadienses que están haciendo negocios en la Isla.
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