El Gobierno Cuba niega su participación militar en Venezuela

El gobierno cubano volvió a negar que tenga efectivos militares en Venezuela, según publicó el diario Granma. Una información que no coincide con la denuncia que hizo recientemente un funcionario estadounidense, que señaló que había más de 20 mil cubanos infiltrados para sostener el régimen de Maduro.

"El Gobierno de Estados Unidos miente descaradamente al alegar que Cuba mantiene en Venezuela a miles de efectivos militares y de seguridad, influyendo y determinando lo que ocurre en ese país hermano", aseguró el medio oficialista.

Los dirigentes de la Isla difundieron estas palabras en una extensa declaración en la que condenaron la activación del título III de la ley Helms Burton.

Además el gobierno de la mayor de las Antillas acusó a la administración de Trump y sus aliados de aplicar sanciones concebidas para "asfixiar económicamente" a Venezuela y "generar sufrimiento en la población".

A juicio del Estado cubano, los servicios de inteligencia estadounidenses tienen "evidencias más que suficientes, seguramente más que ningún otro Estado, para conocer que Cuba no posee tropas ni participa en operaciones militares ni de seguridad en Venezuela".

"Si bien, es un derecho soberano de dos países independientes determinar cómo cooperar en el sector de la defensa, lo que no le corresponde a Estados Unidos cuestionar", recogió la declaración oficial, en la que se recordó que los cerca de 20.000 colaboradores cubanos en Venezuela solo prestan "servicios sociales básicos".

Hay que recodar que las tropas cubanas ya participaron, entre el 22 y 29 septiembre de 2018, en maniobras militares junto a la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela. Además el representante venezolano ante el Grupo de Lima, Julio Borges, denunció que Cuba había colocado a agentes infiltrados en las últimas reuniones del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada de Venezuela.

Este miércoles el Gobierno de Estados Unidos anunció que, a partir del próximo 2 de mayo, activará los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, aprobada en 1996.

La medida permite reclamar ante cortes estadounidenses bienes expropiados tras la Revolución, lo que podría propiciar miles de demandas contra compañías extranjeras asentadas en la Isla.