Después de que el gobierno de Donald Trump anunciara la promulgación del Título III de la Ley Helms-Burton y se impusieran sanciones adicionales al régimen cubano, los demócratas y los republicanos de Florida se han dividido, como informa el sitio Florida Daily.
El senador republicano Rick Scott había solicitado a la administración de Trump que promulgara este título a la vez que analizaba el alcance de esta acción.
“Permitiría a los ciudadanos estadounidenses demandar a las empresas y sus subsidiarias por el tráfico de propiedades robadas y negar la entrada a los Estados Unidos a ciudadanos extranjeros involucrados en el tráfico de propiedades robadas en Cuba.
El citado portal web de la Florida mencionó una intervención del senador Scott en apoyo a la decisión de la Casa Blanca. “Debemos continuar haciendo todo lo posible para cortar el suministro de dinero al régimen de Castro, que continúa alentando a dictadores peligrosos como Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua”, apuntó.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo público este miércoles el anuncio desde Washington, donde la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, enfatizó que "no habrá excepciones" en la aplicación del título III.
“Lamentablemente, la exportación más prominente de Cuba en estos días no es el cigarro o el ron, es la opresión” mencionó, a la vez que ofrecía detalles sobre cómo se implementará el título III para promover “los derechos humanos y la democracia en nombre del pueblo cubano”.
Por su parte, el Asesor de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), John Bolton, hizo de conocimiento público desde Miami que la administración Trump anula algunas políticas que fueron impulsadas por el expresidente Barack Obama.
En tal sentido, se adicionan sanciones específicas como limitar los viajes a Cuba y un límite a las remesas a la Isla de $ 1.000 por persona por trimestre.
Otra figura clave de la política en la Florida, el también senador republicano Marco Rubio, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Senado de EE.UU., también respaldó la decisión.
“Estados Unidos está abriendo la puerta a la justicia y permitiendo a las víctimas de la dictadura cubana demandar legítimamente a sus perpetradores” dijo.
El republicano Mario Díaz-Balart, representante de los Estados Unidos en la Florida, fue otro que aplaudió la medida. "La decisión sin precedentes de dejar de ejercer la autoridad de suspensión y permitir que las demandas avancen, marca un momento decisivo en la historia de Cuba” expresó.
En un texto publicado por el propio Díaz-Balart menciona que “el presidente Trump ha dejado una huella indeleble en la política exterior de los Estados Unidos con avances monumentales al enfrentarse a los tiranos mientras se mantienen firmes con nuestros aliados y líderes pro democracia”.
Sin embargo, todo no fue alabanzas a la medida. Los demócratas del Estado del Sol se quejaron de que la Casa Blanca presionaba demasiado y con las nuevas sanciones, al tiempo que obstaculizaba los viajes a Cuba y el apoyo a las familias allí.
"Estoy muy preocupada de que el pueblo cubano y sus familiares estadounidenses sufran innecesariamente debido a las sanciones de la administración Trump", dijo la representante demócrata de la Florida Debbie Mucarsel-Powell.
Según Florida Daily, agregó que “si bien apoyo firmemente el uso de todas las herramientas diplomáticas posibles para presionar a los gobiernos cubanos, venezolanos y nicaragüenses para que pongan fin a su represión, creo firmemente que no debemos hacerlo castigando al pueblo cubano".
Otra mujer, demócrata también, la representante estadounidense Kathy Castor lamentó que “el gobierno de Trump nuevamente ha duplicado su retorno a las políticas de la Guerra Fría que han fracasado en los últimos 60 años y no han hecho nada para ayudar al pueblo cubano. En su lugar, Estados Unidos debería centrarse en apoyar al creciente sector privado de Cuba”.
Se refirió también a las restricciones que Trump impuso sobre la cantidad de dinero que pueden enviar a sus familiares en Cuba. Las calificó de “particularmente crueles en un momento en que el gobierno ha cerrado la puerta a los refugiados y solicitantes de asilo cubanos” agregó Castor.
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