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La corporación ExxonMobil, la mayor productora de petróleo de Estados Unidos, presentó este jueves una demanda en una corte federal contra las empresas cubanas CIMEX y Unión Cuba-Petróleo (CUPET) tras la reactivación del título III de la Ley Helms-Burton.
Según la compañía norteamericana el gobierno cubano le expropió una terminal marítima, 109 tanques de almacenamiento con una capacidad total de 2,4 millones de barriles, así como siete plantas de envasado y 117 propiedades de estaciones de servicio.
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"Cuba nunca ha pagado y el demandante nunca ha recibido compensación por la expropiación de los bienes confiscados", rezó la demanda, presentada en un tribunal de Washington DC.
Exxon, representado por los abogados Steven K. Davidson, Michael J. Baratz y Jared R. Butcher, del bufete Steptoe & Johnson, está buscando una compensación superior a los $71.6 millones de dólares, más los intereses, por las ganancias perdidas desde la incautación de 1960.
"Hemos presentado una reclamación contra el gobierno cubano que busca recuperar aproximadamente $280 millones de dólares asociados con nuestros activos expropiados", dijo Todd Spitler, director de Comunicaciones de Exxon Mobil, en una declaración enviada a CiberCuba.
El portavoz de la corporación añadió que "esta reclamación busca una compensación por las pérdidas asociadas con estos activos, que incluye una refinería y estaciones de servicio que fueron ocupadas por el gobierno cubano".
En la querella se alega que las empresas cubanas demandadas se han beneficiado de la incautación al continuar utilizando las propiedades de Exxon para refinar el petróleo y venderlo.
"Exxon no ha autorizado a CIMEX ni a CUPET a refinar el petróleo crudo usando la propiedad confiscada, ni les ha autorizado a producir, transportar, poner a la venta o participar en ninguna actividad comercial relacionada con productos derivados del petróleo que son o han sido producidos usando la propiedad confiscada", señala el texto.
La Corporación CIMEX figura el la Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL) del Departamento de Estado, lo que le impide negociaciones o transacciones financieras con entidades o ciudadanos estadounidenses. Pertenece a GAESA, el conglomerado de empresas militares que Estados Unidos tiene en la mirilla de las prohibiciones comerciales.
La refinería de la corporación Standard Oil en la Bahía de La Habana, renombrada como "Ñico López" y ahora administrada por CUPET, fue la primera propiedad de Estados Unidos que Fidel Castro ordenó ocupar luego que se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética en medio de la espiral de tensiones entre La Habana y Washington en 1960.
Standard Oil se dividió en siete sucursales, una de las cuales fue Esso (luego Exxon), que llegó a un acuerdo para integrar un consorcio con Mobil en 1998. Actualmente está considerada entre las cinco mayores corporaciones del mundo.
La demanda explica que, al reportar ingresos anuales de hasta $1,300 millones de dólares, CIMEX es la "corporación comercial más grande de Cuba" y, según se informa, mantiene una división financiera que administra todos los pagos entre Estados Unidos y la única empresa de turismo que los estadounidenses pueden usar para viajar a Cuba.
Se trata de la tercera demanda que se presenta ante un tribunal estadounidense tras entrar en vigor este 2 de mayo el título III de la ley Helms-Burton.
De hecho este jueves se presentaron dos demandas contra la empresa Carnival. Los demandantes fueron el neurocirujano Javier García Bengochea, propietario legítimo de la firma La Marítima Parreño, que tuvo posesión de la terminal principal del puerto de Santiago de Cuba hasta 1960; y Mickael Behn, integrante de la familia dueña de Havana Docks Corporation.
Es significativo que la demanda de Exxon Mobil apunte a dos empresas cubanas. La administración Trump había dado luz verde para demandar a entidades y subentidades del gobierno cubano desde el pasado marzo, pero no fue hasta ahora que la corporación estadounidense decidió presentar su demanda, amparada en la completa implementación de la Ley Helms-Burton.
De acuerdo con la legislación cubana, las compañías estadounidenses que interpongan demandas bajo la Ley Helms-Burton, quedan automáticamente excluidas de cualquier negociación para compensar propiedades confiscadas por el gobierno revolucionario. Durante la administración de Barack Obama, delegaciones de Cuba y Estados Unidos sostuvieron dos reuniones en 2016 para abordar el tema de posibles compensaciones a los dueños expropiados después de 1959, pero los encuentros se estancaron tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
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