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La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes un reglamento para limitar la entrada y permanencia de inmigrantes legales a Estados Unidos, y que afectaría a algunas reclamaciones familiares de nacionales cubanos.
La normativa de 837 páginas, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), autoriza el rechazo a solicitudes de residencia permanente (green card) y algunos visados especiales a personas que usen beneficios gubernamentales o puedan convertirse en carga pública para las instituciones estadounidenses.
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La llamada "regla de la carga pública" está configurada para que inmigrantes con bajos ingresos no puedan permanecer en el país, o que las reclamaciones directas de familiares no sean aceptadas como válidas.
Para los inmigrantes cubanos la noticia no es favorable en los casos de personas que han entrado con reclamaciones familiares directas o visas de noviazgo (fiancee) tras cumplir el trámite regular de espera, y han solicitado después ayudas financieras de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Seguro de Ingreso Suplementario del Seguro Social.
Estas personas son las que entraron o solicitaron su entrada al país bajo la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), sin necesidad de regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Sin embargo, quienes se acogieron a la CAA, como es el caso de las personas que entraron por la frontera, o las que llegaron legalmente y solicitaron ajustar su estatus migratorio al año y un día de permanencia in interrumpida en el país, no se verán afectadas por el nuevo reglamento.
"Las reclamaciones regulares de cubanos sí se verán afectadas, pero no las que estén protegidas por la Ley de Ajuste Cubano", aclaró a CiberCuba Avelino González, abogado de inmigración en Miami.
El abogado añadió que quedan exentas de la regulación administrativa los casos beneficiados bajo el Programa de Reunificación Familiar para Cubanos (CFRP), pues su regulación de estatus está comprendido bajo la CAA. Sin embargo, el CFRP, establecido en 2007, está congelado hace casi dos años y se encuentra en proceso de revisión.
El reglamento constituye la decisión más drástica del presidente Trump contra la inmigración legal, como parte de su política de control de fronteras y recrudecimiento de los controles de entrada a Estados Unidos.
“Queremos que las personas que vengan a vivir a este país puedan mantenerse por sí mismas. Ese es un principio fundamental del sueño americano, profundamente enraizado en nuestra historia, en particular en nuestra historia de inmigrantes legales”, dijo Ken Cuccinelli, director interino del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), al presentar este lunes el reglamento durante una conferencia de prensa.
La normativa será publicada oficialmente en el Registro Federal este miércoles y entrará en vigor 60 días después de su publicación, pero su aplicación podría retrasarse meses o incluso congelarse debido a posibles demandas de organizaciones defensoras de los inmigrantes.
De acuerdo con la disposición, los funcionarios de USCIS podrán determinar si el inmigrante es una “carga pública” mediante una evaluación de puntos para establecer si la persona depende principalmente de fondos públicos.
Los funcionarios evaluarían factores como edad, nivel de escolaridad, profesión, estado de salud, cobertura de seguro médico, situación financiera de los reclamantes y evaluación de familiares inmediatos para concluir si puede recibir estatus de residente permanente. La viabilidad económica de los familiares pudiera ser determinante en una reclamación.
La sumatoria de los puntos positivos y negativos dará un valor que propiciará la determinación de USCIS sobre la suerte del solicitante.
Las personas con residencia permanente o visados especiales (visas temporales de trabajo) podrían ver afectado su estatus migratorio si se determina que no pueden subsistir sin asistencia pública, que incluye cupones de alimentos, cheques para viviendas o cualquier otro beneficio con dinero de programas estatales o federales.
Se considera "carga pública" la persona que recibe beneficios durante más de 12 meses en un plazo de tres años.
La situación resultaría particularmente compleja para inmigrantes de la tercera edad, quienes reciben medicamentos recetados a través de programas subsidiados. El reglamento establece que mantenerse con asistencia pública les impediría conservar el estatus de residente legal.
La normativa fue defendida por Cuccinelli como una decisión consecuente con la política de Trump, apenas días después de la más extensiva redada contra inmigrantes indocumentados en plantas procesadoras de alimentos en Mississippi.
El primer borrador del documento había sido propuesta por el DHS el pasado octubre y estaba en proceso de consultas para su aprobación final.
Alrededor de 544 mil personas solicitan la residencia permanente en Estados Unidos anualmente, de los cuales unos 382 mil corresponden a categorías que estarían sujetas a revisión por este reglamento, según datos proporcionados por el DHS. Las solicitudes de residencia de nacionales cubanos superan las 65,000 desde el período fiscal 2016.
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