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La recuperación de pinturas, esculturas y otras piezas de valor artístico confiscadas por el gobierno cubano desde 1959, o la obtención de una indemnización por ellas, no tendrían muchas posibilidades de prosperar bajo el Título III de la Helms-Burton, señala The Art Newspaper.
Según un artículo publicado por el experto en arte, David D’Arcy, la puesta en vigor del Título III animó a muchos antiguos propietarios que sufrieron las confiscaciones.
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Un abogado de Miami, especializado en la reclamación de obras de arte, señaló entonces que había mucha gente entusiasmada. “Hay personas en Miami que han estado esperando este día. La mayoría pensaba que nunca habría un presidente lo suficientemente loco como para hacer esto”, indicó.
Entre los antiguos dueños, D’Arcy cita al neurocirujano Javier García-Bengochea, de Jacksonville, quien presentó la primera demanda contra una empresa extranjera, Carnival, porque sus cruceros utilizaban instalaciones portuarias de Santiago de Cuba que eran patrimonio familiar.
Una pintura del siglo XVIII del italiano Francesco Guardi, propiedad de la familia Bengochea, está incluida en la colección del Museo de Bellas Artes de La Habana, y el gobierno cubano dice que fue en su momento un “regalo de la familia”.
Pero hasta ahora, aunque el gobierno comunista decomisó muchísimos objetos de gran valor artístico (pinturas, esculturas, libros, utensilios, etc.) que han sido comercializados en Europa, no se ha presentado ninguna demanda para recuperar obras de arte bajo el Título III.
El mayor obstáculo para reclamar indemnización por ellos es que la ley permite presentar demandas por propiedades cuyo valor superara los 50.000 dólares en 1959 (400.000 dólares a día de hoy), y llevar el caso ante un tribunal implica pagar además una tasa de casi 5.000 dólares, por lo que muchos posibles pleitos quedarán sin iniciarse.
Entre los coleccionistas que sufrieron confiscaciones estaba la familia Fanjul, antigua propietaria del palacete donde radica actualmente el Museo de Artes Decorativas y de varias pinturas del artista valenciano Joaquín Sorolla.
En 2005 los Fanjul, apoyados por varios políticos estadounidenses, amenazaron a la casa de subastas Sotheby’s con restricciones de visado bajo el amparo del título IV de la Helms-Burton, al enterarse de que la institución había solicitado a una tataranieta del pintor que acreditase la autenticidad de una de las pinturas “perdidas” durante las confiscaciones.
Sotheby’s no reveló jamás la ubicación de la obra, pero, a manera de conciliación con los Fanjul, accedió a crear un catálogo de las obras de arte confiscadas por la Revolución, e instruyó a sus empleados a informar sobre cualquiera de ellas, en caso de que pasaran por sus manos, y retenerlas.
El gobierno castrista también requisó varias obras de Picasso, Degas, Goya, Van Gogh y Hans Memling, actualmente valoradas en cientos de millones de dólares; y entonces pertenecientes a Olga Lengyel, sobreviviente de Auschwitz, que se marchó de La Habana a Nueva York en 1959.
Los esfuerzos que dedicó desde entonces a recuperar las pinturas no surtieron efecto. El régimen cubano ignoró su reclamo ante la Foreign Claims Settlement Commission del Departamento de Justicia de EE.UU., el cual fue renovado en 2015 por una fundación que honra su memoria. Las obras están en paradero desconocido.
Otro que se planteó demandar a varias casas de subastas de arte fue el empresario cubanoamericano Guillermo Mármol, residente en Dallas, cuya familia poseía pinturas del mexicano Diego Rivera, pero la escasa voluntad de cooperación de esas instituciones le hicieron desistir.
Para Mármol, sin embargo, sería un acto de justicia, y compara su caso con el de las reparaciones debidas a propietarios judíos expoliados por los nazis. “Considero que los judíos tienen derecho a que se les devuelvan las obras de arte que se les robaron. Y creo que yo también”.
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