El Gobierno de Cuba intenta desvirtuar la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos este 10 de diciembre con una campaña en redes sociales que se centra solo en el embargo de los Estados Unidos para así obviar las violaciones contra los ciudadanos de la isla.
La página oficial de Presidencia de Cuba propone "una denuncia popular: El bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba es una violación flagrante y masiva de los derechos humanos de todos los cubanos".
En el mismo texto apuntan que "los humanos sin derechos, que son millones en el mundo, generalmente no se enteran de la conmemoración" y que la democracia "mata y mutila a los pueblos que protestan en las calles de Chile, Bolivia, Colombia o Haití, sin que se convoque a la OEA o a la ONU, por crímenes documentados en imágenes que inundan las redes sociales".
Así mismo enumeran los "derechos humanos en Cuba" como la salud y educación gratuita, "alto nivel de participación social en las decisiones trascendentes, acceso sin límites a la cultura y el deporte, apoyo a la creación y derecho universal a un trabajo digno, entre otros. Son derechos de todas y todos, sin discriminación de género, racial o de cualquier tipo".
Cuba dice que respeta los DDHH y es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos de Naciones Unidas.
Violaciones de los derechos humanos en Cuba
Las autoridades cubanas mienten nuevamente al hablar de "alto nivel de participación" cuando en el referéndum por la nueva Constitución quedó claro que solo cambiaron lo ya previsto, pero no tocaron la condición suprema del Partido Comunista y otras peticiones populares.
Además, en la isla no se permite ningún otro partido político y muestra de ello es la unanimidad presente en la Asamblea Nacional o que la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y otros movimientos independientes son reprimidos. Esta anomalía en la isla viola directamente el artículo 20 de la Declaración Universal: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas".
La campaña en las últimas semanas a través de los medios estatales contra el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, a quien le condenaron previamente como delincuente en un editorial de Granma, en una carta a eurodiputados y en un vídeo sin que todavía se lleve adelante el juicio en su contra, incumple la Declaración Universal de los DDHH.
Específicamente se salta el artículo 11.1: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
El caso de Ferrer y los otros tres activistas de UNPACU detenidos desde el 1 de octubre también viola el artículo 10 "a un proceso judicial independiente e imparcial" y el artículo 9 "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado".
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos 218 cubanos fueron detenidos de manera arbitraria en noviembre.
La libertad de opinión y de expresión (artículo 19) también son un derecho universal que no se respeta en la isla. La condena al periodista Roberto de Jesús Quiñones, quien lleva más de 80 días en prisión por ejercer periodismo independiente en Cuba y las detenciones arbitrarias de las Damas de Blanco cada domingo, son muestra de esa violación.
El gobierno cubano también incurre en otras faltas como la prohibición de salidas o entradas al país a personas no afines con la dictadura, uno de los casos más recientes el del periodista Maykel González Vivero.
De hecho, los conocidos como "regulados" convocaron para este 10 de diciembre una protesta en el Aeropuerto Internacional de La Habana para exigir su derecho a la libre movilidad.
Según el artículo 13.2 de la citada declaración: "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". Los médicos cubanos que abandonan las misiones médicas igualmente tienen prohibida la entrada al país durante al menos unos 8 años.
Pese a que estas denuncias y otras muchas están recogidas por Amnistía Internacional, las Naciones Unidas y son hechas desde la Unión Europea y otros países, el gobierno de Cuba continúa negando que cometa violaciones de derechos humanos y persiste en su estrategia de señalar los problemas en EEUU y naciones no afines.
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