En una decisión que pudiera marcar un giro en las reclamaciones bajo la Ley Helms-Burton, una jueza federal de Miami desestimó una demanda presentada contra la compañía de cruceros MSC Cruises por el uso de propiedades confiscadas en Cuba.
La jueza Beth Bloom validó una moción de los abogados de MSC Cruises S.A. y de su sucursal MSC Cruises USA para descartar la demanda entablada por la familia Behn, propietaria de Havana Docks Corporation, y ordenó cerrar el caso. La orden, emitida el pasado 3 de enero, indica que el litigio fue "desestimado con perjuicio".
La compañía Havana Docks ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, con tres muelles y varios edificios que le fueron expropiados el 24 de octubre de 1960.
Bloom consideró que el demandante Mickael Behn es propietario legítimo solo de una concesión de arrendamiento por tiempo limitado que expiró en 2004. y no está privado de sustentar un recurso legal por tráfico de bienes, pero dictaminó que su reclamación no aplica a la compañía demandada, que comenzó a llevar sus cruceros a La Habana en 2018.
"Si las supuestas actividades de los demandados hubieran tenido lugar entre 1960 y 2004, habrían 'traficado' con la propiedad confiscada (...). Sin embargo, debido a que no se discute que la conducta supuestamente ilegal de los demandados comenzó en 2018, no traficaron con la propiedad incautada al demandante", escribió Bloom en una decisión de 10 páginas.
MSC, con sede en Ginebra, Suiza, es la cuarta compañía de cruceros del mundo. Fue fundada en 1989 por el multimillonario empresario Gianluigi Aponte y emplea actualmente a unas 23,500 personas , con oficinas en 45 países.
La jueza estimó que la disposición de remedio en base al Título III de la Ley Helms Burton viola la cláusula de debido proceso que establece la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
"Como resultado, el demandante no declara una demanda por tráfico bajo el Título III como cuestión de derecho, y el tribunal no considera los restantes argumentos contra los demandados", concluyó Bloom.
El caso puede ser llevado por el demandante ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, Georgia.
La demanda había sido presentada en nombre de Havana Docks Corporation el pasado 27 de agosto, e incluía también a las líneas de cruceros Royal Caribbean y Norwegian.
El demandante, Mickael Behn, tiene pendiente otro litigio similar desde el 3 de mayo contra la corporación Carnival, también a cargo de la jueza Bloom.
Pero la orden judicial en beneficio de MSC Cruises abre una compuerta para probables mociones de desestimación de demandas por parte de las compañías de cruceros que enfrentan demandas bajo la Ley Helms-Burton por usar instalaciones portuarias en Cuba.
De cualquier forma, la decisión de Bloom fue saludada por la élite del gobierno cubano y la prensa oficialista de la isla. Algunos reportes iniciales sobre la orden de Bloom en publicaciones como el diario Granma y el sitio digital Cubadebate afirmaron erróneamente en sus titulares que Carnival quedaba liberada de la demanda de Havana Docks Corporation.
"En Cuba no reconocemos la ley garrote que va contra el Derecho Internacional. Resultados en cortes norteamericanas nos van dando la razón", escribió este lunes el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en su cuenta de Twitter.
La pasada semana, un tribunal federal del Sur de la Florida eximió de una demanda colectiva bajo la Ley Helms Burton a la hotelera española Meliá Hotels International, la plataforma Trivago, y las entidades estatales cubanas Grupo Hotelero Gran Caribe, Corporación de Comercio y Turismo Internacional Cubanacán y Grupo de Turismo Gaviota. La decisión de la jueza Cecilia Altonaga fue interpretada como una victoria contra el Título III de la polémica legislación, aunque los abogados de los demandantes -miembros de la familia Mata- lo atribuyeron a una estrategia para agilizar el proceso judicial.
El Título III de la Helms-Burton, activado por la administración de Donald Trump el pasado 2 de mayo, permite a ciudadanos y compañías estadounidenses buscar compensación de firmas extranjeras o entidades cubanas que usen propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro.
Hasta el momento las demandas entabladas ascienden a 20, con 29 bufetes en litigio, 72 demandantes y 62 demandados, 102 abogados enlistados y 103 empresas involucradas. Los primeros juicios podrían desarrollarse a finales del presente año.
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