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Un ciudadano estasdounidense de Texas presentó en una Corte federal de Estados Unidos una demanda judicial bajo la ley Helms-Burton contra las compañías Visa y Mastercard por operar sus sistemas de pago en dos propiedades confiscadas después del triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959.
El reclamo acusa a Visa y Mastercard de ofrecer sus servicios de redes de pago en los hoteles Iberostar Tainos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero y Starfish Varadero, ubicados en dos propiedades confiscadas a la familia de Robert Glen, según el texto de la demanda presentada en un tribunal de Delaware.
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Glen reside actualmente en Plano, Texas, y sus ancestros establecieron propiedades en Cuba desde comienzos del pasado siglo.
La demanda se ampara en la activación el año pasado del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo suspendido durante 23 años y que ahora permite este tipo de acciones judiciales contra aquellos que se beneficien de bienes decomisados en Cuba tras la revolución castrista.
"Hoy ambas propiedades acogen cuatro complejos turísticos frente al mar, que en conjunto cuentan con más de 1.400 habitaciones, además de docenas de piscinas, restaurantes y barras", señala la demanda, que fue enmendada en marzo pasado.
Según el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, con sede en Nueva York, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Al permitir que los cuatro complejos turísticos playeros recauden el pago de sus huéspedes a través de las tarjetas de crédito, las compañía financieras estarían incurriendo en el usufructo de propiedades decomisadas, detalla la demanda.
Al menos, 73 cubanoamericanos han presentado una veintena de demandas en tribunales de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes expropiados.
Entre las propiedades que son objeto de las demandas hay puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.
El presidente estadounidense Donald Trump activó la norma el 2 de mayo de 2019 después de que sus antecesores, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, evitaran hacerlo por las implicaciones legales y comerciales con terceros países.
Hace dos semanas, la empresa francesa Pernod Ricard y la cadena hotelera española Iberostar fueron demandadas en tribunales norteamericanos, también bajo el amparo de la Helms-Burton, por operar con bienes nacionalizados por la revolución cubana.
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