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La periodista independiente cubana, Camila Acosta, denunció este martes que ha vuelto a ser desalojada de la vivienda que alquilaba, tras presiones de la Seguridad del Estado hacia los propietarios del inmueble.
Acosta ha precisado -en una transmisión en directo- que se trata de la segunda ocasión en menos de un mes que se ve en la calle por el mismo motivo, y al menos la quinta mudanza desde comienzos de año, cuando denunció su primer desalojo.
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A finales de febrero, la joven se vio obligada a abandonar la casa donde vivía desde hace casi tres años, luego de que la policía política multara a los dueños del lugar con 3 mil CUC y los amenazara con perder el inmueble si no la echaban a ella.
Acosta, que ha sido especialmente asediada por la Seguridad del Estado en los últimos meses, explica que para ella la crisis del coronavirus más que distanciamiento social ha implicado una constante búsqueda de dónde vivir, porque de todas partes la echan.
Asegura que desde hace meses está viviendo “como una fugitiva”, durmiendo en muchos casos en diferentes lugares mientras sus pertenencias permanecían en casa de amigos.
Indica que la notificación de este último desalojo le ha llegado justo cuando se encontraba en el proceso de compra de un pequeño apartamento porque considera que esa es la única solución para resolver el problema porque, de lo contrario, se pasará toda la vida huyendo.
La joven precisa que ella es natural de la Isla de la Juventud pero vive desde hace más de 10 años en La Habana, cuatro de ellos alquilada, algo que no supuso un problema mientras fue periodista del Canal Habana. Sin embargo, afirma que desde que decidió hacer periodismo independiente, vivir alquilada se convirtió en fuente de conflicto.
“No hay ninguna ley que diga que no se le puede rentar o vender nada a un periodista independiente”, afirma, y subraya que ese es otro de “los planes macabros” del gobierno para intimidarla a ella.
Asegura que en uno de los interrogatorios de que ha sido objeto en los últimos meses, un represor le advirtió que el hostigamiento contra ella iría en aumento porque hacía “muy bien” su trabajo.
“Cada vez que me desalojan, cada vez que hacen algo en mi contra, pues me obligan a hacer estas cosas, a seguir denunciando, a seguir haciendo periodismo independiente”, subraya la joven; que asegura no va a dejar de hacer lo que hace ni se va a ir del país porque considera que ella tiene todo su derecho a ejercer la “libre expresión” en el interior de la isla.
“Yo estudié periodismo y trato de hacerlo de la mejor manera posible, y creo que mi responsabilidad social se encuentra realmente haciendo el periodismo independiente”, añade que así es como se siente realmente libre y que no se sentía así cuando trabajaba en el Canal Habana, donde la obligaban a decir las cosas que le interesaban al Partido Comunista.
“Cada vez que arremeten contra mí, más rebelde entonces yo me pongo. No voy a ceder a sus presiones”, concluyó.
La joven dice estar consciente de que el periodismo independiente se ha convertido en una piedra en el zapato de la Dictadura, y de ahí ese énfasis en acallar esas voces disidentes. “Cada vez somos los profesionales que visibilizamos esa verdadera realidad. Es algo que ya ellos no pueden parar”, enfatizó.
Camila Acosta fue impedida de viajar al extranjero al menos en los últimos meses. Fue multada en marzo, y es una de las voces que se han alzado en el interior de la isla contra el Decreto 370, también conocido como Ley Azote.
La periodista ha sido interrogada y amenazada con frecuencia en los últimos meses, e incluso le propusieron colaborar con ellos infiltrándose en los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
A finales de octubre, al regreso de un viaje a Estados Unidos, dos oficiales de la Seguridad del Estado la interrogaron en el aeropuerto de La Habana y le decomisaron libros, folletos y una gorra, aludiendo que eran “propaganda subversiva”.
Unos días después, el 3 de noviembre, ingresó a la lista de regulados. Ese día, al llegar al aeropuerto y entregar su pasaporte y boleto de viaje, los funcionarios de la Aduana le notificaron que no podría volar a Buenos Aires, Argentina, adonde había sido invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), para participar en el programa "Good bye, Lenin" y realizar la cobertura electoral del balotaje en Uruguay.
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