Marcha atrás a las tasas: Un indicador del poder de la emigración cubana

En menos de una semana el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) ha tenido que rectificar su postura en relación al cobro de prórrogas de estancia en el exterior a todos los cubanos que, encontrándose fuera del país y sin poder regresar antes de los dos años que como máximo permite la ley migratoria de 2013, quisieran conservar su estatus de residentes en la isla que les vio nacer.

La suspensión de la medida es temporal, aclara la nota de MINREX, mientras existan limitaciones “que obstaculizan el regreso de los ciudadanos cubanos residentes en el país”. Es decir, se suspende el pago por la imposibilidad de regresar, no por lo abusivo y arbitrario que resultaba el canon mensual que pretendían comenzar a cobrar. Por tanto, la posibilidad de que el sablazo vuelva a caer en cuanto reabran el aeropuerto de La Habana no puede descartarse.

Más allá de lo desmedido e injusto que resultaría este gravamen mensual, está el fondo de la cuestión: la vulneración de los derechos de los ciudadanos, por parte de un régimen cuyas normas y reglas son impuestas a voluntad de una jerarquía desde hace 61 años.

Aún a expensas del bienestar y los derechos de sus ciudadanos, el régimen aprovecha cualquier circunstancia -aunque sea de fuerza mayor como una pandemia- para esquilmar a sus coterráneos en un momento en que su ineficiente e improductiva economía colapsa.

Un despropósito que se agrava escandalosamente si se contrasta con los datos macros del país. Según recoge la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2019 Cuba tenía una población de 1.654.684 emigrantes, lo que supone casi un 15% de su población. Más del 80% de estos emigrantes viven en Estados Unidos.

Hay que tener en cuenta que los datos oficiales reflejan sólo el número de cubanos que residen legalmente en los países de destino, lo cual deja fuera un número considerable de compatriotas que se encuentran en situación irregular. Según el Pew Research Center, en el año 2016 -por ejemplo- llegaron a Estados Unidos más de 46.000 cubanos, es decir, más del doble de los que se acogen anualmente al programa de visas.

Sin datos fiables sobre estas cantidades, y teniendo en cuenta que la migración cubana tiene picos y oleadas, se podría estimar que la cifra real de emigrantes rondaría los dos millones de cubanos, lo cual representa alrededor del 18% de la población cubana.

Ahora bien, ¿qué significa para el régimen que una parte tan importante de sus nacionales viva fuera de la isla? Significa dinero; única y exclusivamente representan una fuente de ingresos de divisas. Dinero a través de remesas, que pueden ser envíos de dinero o de bienes. Dinero a través de gastos en el país, cuando estos emigrantes vuelven de visita a Cuba. Y dinero, cómo no, a través de las tasas que les cobran en trámites migratorios y consulares.

Dinero, dinero y dinero. Nada más. ¿Tienen derechos en Cuba los emigrantes? ¿Son tratados como ciudadanos de pleno derecho cuando van a los consulados? ¿Pueden votar en las elecciones de un país cuyo régimen toma decisiones que les afectan a ellos y sus familias? No, los emigrantes son al régimen lo que un sonrosado burgués a una sanguijuela.

Según un informe del Havana Consulting Group, en 2016 “las remesas en efectivo enviadas a la isla alcanzaron una suma de 3.444 millones de dólares, mientras que las remesas en mercancías sumaron un estimado de 3.000 millones de dólares. Entre ambas, la población cubana recibió un total de 6.444 millones de dólares”.

La cifra es superior al total de las exportaciones cubanas en ese año, que alcanzaron la suma de 4.959 millones dólares en bruto (incluidos los ingresos provenientes del turismo). Si a este importe se le descuentan los costos de producción, costos de operación y costos de comercialización, entre otros, la cifra quedaría en unos 1.137 millones de dólares.

Es decir, el régimen cubano ingresó por concepto de remesas directas e indirectas, una cantidad 5,6 veces mayor que los ingresos que percibe por la exportación de sus principales mercancías (níquel, azúcar, tabaco, medicinas y turismo, entre otros). Y aunque no sean datos exhaustivos -porque habría que ver cuánto proviene de gastos de cubanos en los ingresos del turismo, por ejemplo-, ni se puedan extrapolar a todos los años, da una idea de la magnitud de este asunto.

Al día de hoy, las remesas constituyen, junto a la venta de servicios médicos (en condiciones que han sido denunciadas como de esclavitud moderna), las principales fuentes de ingreso del régimen cubano. En 2018, por ejemplo, La Habana ingresó 6.400 millones de dólares por la venta de servicios médicos, gracias a los contratos firmados con otros países y de los cuales el régimen se queda en torno al 70% del salario de los más de 28.000 médicos que ha enviado de misión.

Con estos datos en la mano, que indican grosso modo que el régimen cubano mantiene su economía prácticamente de las remesas familiares y de la contratación en condiciones indignas de su personal médico en el extranjero, ¿cómo es posible que hayan cometido el error o la desfachatez de querer imponer unas tasas abusivas a esos cubanos que forman parte de una comunidad que le genera casi la mitad de sus ingresos?

Una comunidad que sostiene al 60% de los hogares de la isla con sus remesas, según datos de Wester Union. Unas transferencias que, a través de esta empresa, promedian unos 150 dólares de media al mes y que, en el 57% de los casos, están destinadas a mantener y activar pequeñas empresas de trabajo por “cuenta propia”.

¿Cómo se puede llegar a ser tan cruel e insensible en un momento como el actual, en el que una pandemia ha afectado la economía mundial, repercutiendo en la pérdida de puestos de trabajo y nivel adquisitivo de muchos de estos cubanos, que no han podido regularizar su situación migratoria por causa de fuerza mayor?

Una buena parte de las decenas de miles de cubanos que aún conservan su residencia en la isla, pero en realidad viven fuera del terriotorio nacional, tendrían que pagar si se reinstaura el cobro anunciado. Otro grupo considerable lo integran los cubanos que estudian, viajan y residen temporalmente con su familia o amigos fuera de Cuba y que no generan ingresos cuando salen del país. A los que estén en este caso y no pudieron volar a Cuba por el cierre de fronteras provocado por la pandemia, también les tocaría pagar de levantarse la suspensión ahora anunciada.

En resumidas cuentas, el régimen cubano considera que todos los que tienen el “privilegio” de permanecer fuera del desastre de país que ellos han destruido -desde la familia a la economía-, todos deberían pagarle por la “merced” que incluyeron en su ley migratoria de 2013.

Alrededor del 18% de la población cubana vive fuera de su país sin gozar de derecho alguno en el mismo y mantiene con su esfuerzo al 60% de los hogares de la isla. Estos cubanos son ninguneados y maltratados por sus consulados, son víctimas de los precios desorbitados que impone a la vida en Cuba el monopolio estatal, y para ayudar a sus familiares se ven obligados a hacer llegar dinero y recargas a través de empresas que, en la mayoría de los casos, están en manos de élites del régimen.

Para esos dos millones de cubanos desprovistos de derechos fundamentales en su país de origen pareciera hablar Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo cuando escribió: “La privación fundamental de los derechos humanos se manifiesta ante todo en la privación de poseer un lugar en el mundo, que convierte las opiniones en significantes y las acciones en efectivas”

Ahora, los mismos que gobiernan desde hace más de 60 años, han pretendido aprovechar la crisis sanitaria para retomar la vieja práctica del cobro por el permiso de permanencia en el exterior.

Esperemos que la contestación que ha recibido la medida -con numerosas opiniones en contra en las redes sociales y casi 10 mil firmas recogidas en Change.org en menos de 72 horas- sea evidencia suficiente de su impopularidad y al régimen no se le ocurra implementarla una vez abiertos todos los aeropuertos.

Pero, sobre todo, esperemos que más allá del afán recaudatorio inmediato que demuestra en los últimos tiempos, el régimen cubano tome nota de los cambios que acontecen en la ciudadanía y perciban que ya no pueden tratar a los cubanos de dentro y fuera como apátridas, como personas sin derechos, condenadas a callar y obedecer.