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Las primeras movidas diplomáticas de la administración de Joe Biden mantienen fuera del foco de atención a Cuba, que no parece figurar entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.
Al transcurrir los primeros 11 días de la llegada de Biden a la Casa Blanca no hay aún claros indicios del rumbo que tomarán las relaciones con Cuba y en la cargada agenda del flamante Secretario de Estado, Antony Blinken el tema cubano no ha asomado siquiera en los asuntos de atención en la esfera internacional.
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Desde su asunción del cargo, Blinken ha realizado 25 llamadas telefónicas a cancilleres y líderes políticos de países vecinos y aliados, incluidos el presidente afgano Ashraf Ghani, representantes de bloques regionales y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Los intercambios diplomáticos de Blinken incluyeron ya a dos países estratégicos en el vecindario latinoamericano: México, en medio de la tensa situación de la frontera, y Colombia.
También habló con los cancilleres de países asiáticos como Tailandia y Filipinas.
Pero hasta donde han llegado las comunicaciones oficiales, no hay noticias de que el teléfono del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla haya sonado por estos días, a pesar de las reiteradas apelaciones de La Habana a buscar un camino de entendimiento y negociación entre ambas partes.
Hasta ahora la administración Biden ha sido marcadamente cautelosa respecto a pronunciamientos sobre Cuba, a pesar que durante su campaña electoral el actual presidente prometió revertir la política de sanciones de Donald Trump y retomar el camino del deshielo que abrió Barack Obama a partir de 2009.
Biden visitará este lunes el Departamento de Estado para reunirse con Blinken y se espera que pronuncie su primer discurso sobre política exterior, con énfasis en el nuevo enfoque para recuperar el liderazgo de Washington en el escenario mundial.
Pudiera ser que Latinoamérica aflore en su intervención, pero nunca antes que las preocupaciones respecto a un pacto nuclear con Irán, las negociaciones con Corea del Norte, y las relaciones con Rusia y China.
Apenas dos referencias a Cuba han salido del nuevo Gobierno estadounidense desde el cambio de mando en la Casa Blanca y no fueron precisamente para tender puentes comerciales ni reabrir compuertas de negociación.
La primera fue emitida por el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, el pasado 27 de enero, en respaldo a los manifestantes agredidos tras una protesta frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.
"Nos preocupan los reportes de que funcionarios del Gobierno cubano agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la liberación de sus colegas detenidos. Instamos al Gobierno cubano a escuchar y dialogar con su pueblo en lugar de recurrir a las detenciones, la violencia y el corte de Internet", indicó la entidad federal en un mensaje de Twitter que fue repetido por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Con relación al mismo incidente, el Departamento de Estado exhortó también al régimen cubano a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
"Pedimos al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que durante tanto tiempo han sido negadas al pueblo cubano", indicó la declaración publicada por Radio Martí.
La otra mención a Cuba estuvo vinculada a una pregunta en la rueda de prensa con la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, el pasado jueves. La funcionaria afirmó que la administración estaba revisando la política hacia la isla, pero hizo énfasis en los requerimientos de democracia y derechos humanos que estarán sobre la mesa.
"Nuestra política sobre Cuba está regida por dos principios. Primero, apoyo a la democracia y los derechos humanos: eso estará en el núcleo de nuestros esfuerzos", dijo Jen Psaki.
Además, Psaki mencionó como segundo aspecto que los estadounidenses, sobre todo los cubanoamericanos, "son los mejores embajadores para la libertad en Cuba", en alusión a los viajes familiares.
"Así que revisaremos las políticas de la administración Trump", dijo.
Con mayor o menor urgencia, lo que sí queda claro es que Biden se adentrará en un nuevo capítulo en la relación con Cuba y reformulará la política de sanciones aplicadas por Trump, comenzando por las restricciones de viajes y remesas.
Se calcula que en los primeros 100 días de sus mandato comiencen a implementarse las correcciones a la política de su predecesor, aunque Biden tendrá que tomar una decisión impostergable esta misma semana.
El próximo 4 de febrero, el presidente decidirá si prolongar o cancelar por los próximos seis meses los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, los cuales permiten a compañías y ciudadanos estadounidenses reclamar compensación en tribunales federales por sus propiedades confiscadas en Cuba por el régimen de Fidel Castro desde 1960.
Una suspensión no afectaría a las 32 demandas que están en proceso bajo el Título III, pero si Biden decidiera desactivarlo paralizaría posteriores litigios, que han generado altas tensiones entre Washington y la Unión Europea.
La pasada semana, la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, envió una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, instándole a iniciar conversaciones con la administración Biden para pedir la suspensión de la Ley Helms-Burton .
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