La administración de Joe Biden evaluará la prevalencia del Título III de la Ley Helms-Burton como parte de la revisión general de la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero no considera un plazo inmediato para tomar una decisión, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
“La Administración está revisando la política con respecto a Cuba y no tiene nada que anunciar en este momento”, declaró el funcionario este viernes a CiberCuba. “No tenemos plazo pendiente, porque no ha habido ninguna suspensión del Título III de la legislación, actualmente en vigor”.
La aclaración del Departamento de Estado se produce considerando que el presidente estadounidense cuenta con 14 días para anticipar al Congreso una posible suspensión del Título III, que fue activado por la administración de Donald Trump el 2 de mayo de 2019. El primer período de 14 días del mandato de Biden se cumplió este 4 de febrero, sin que la Casa Blanca hiciera un aviso previo sobre la controversial legislación.
Sin embargo, el tecnicismo legal no implica que el presidente deba hacer ninguna comunicación si el Título III de la Ley Helms-Burton se encuentra en vigor y no va a ser suspendido con inmediatez.
Hasta el momento Washington ha mantenido cautela respecto a Cuba, aunque durante su campaña electoral Biden prometió cambios a corto plazo en las sanciones implementada por Trump, especialmente en materia de remesas, viajes y reunificación familiar.
Las únicas declaraciones emitidas por la nueva administración han venido de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jan Psaki, asegurando que “la actual política hacia Cuba está bajo revisión”, y del Secretario de Estado, Tony Blinken, quien anunció que Estados Unidos reconsiderará la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Este viernes, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, repitió el compromiso de Washington de “revisar cuidadosamente las decisiones tomadas en la administración anterior”, e insistió en que la política exterior estadounidense se basará en redoblar el respeto por los derechos humanos en el hemisferio, incluyendo a Cuba.
Pero uno de los asuntos álgidos que tiene Biden sobre la mesa es la evaluación del Título III de la Ley Helms-Burton, el cual abrió las compuertas para que ciudadanos y compañías estadounidenses puedan presentar demandas en tribunales federales por las propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.
Luego de haber permanecido inactivo por 23 años, el Título III no solo es un punto de fricción con el régimen cubano, sino también un asunto de confrontación con la Unión Europea y Canadá por la discutida extraterritorialidad de la ley, que ha involucrado ya a empresas españolas como Meliá International Hotels e Iberostar Hotels.
Apenas una semana después de la llegada de Biden a la Casa Blanca, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, envió una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, pidiéndole iniciar conversaciones con la nueva administración estadounidense para pedir la suspensión de la Ley Helms-Burton.
En la misiva, la ministra española dijo que “la Ley Helms-Burton perjudica el comercio y la inversión española en Cuba, en particular el sector turístico”, y consideró que reestablecer la confianza mutua y eliminar las disputas comerciales es clave para la relación bilateral.
“Los españoles consideran el tema del Título III una prioridad y están muy preocupados, porque pone en peligro las inversiones de sus empresas en Cuba”, dijo a CiberCuba el abogado cubanoamericano Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados de Cuba.
Gutiérrez representa a unas 500 familias expropiadas por el régimen de Fidel Castro y está incorporado a varios litigios por compensaciones para sus clientes, entre ellos la familia Sánchez Hill, que tiene una demanda en curso contra Meliá en un tribunal de Palma de Mallorca.
“La idea de aplicar esta ley siempre ha sido desalentar el tráfico de propiedades y buscar el consentimiento de sus legítimos dueños a través de una retribución monetaria”, opinó Gutiérrez.
Desde mediados de 2019, 32 demandas han escalado a los tribunales estadounidenses al amparo del Título III. Si Biden decide desactivarlo, no se podrían presentar más litigios, pero los casos presentados seguirían su curso.
Un total de 5.913 reclamaciones certificadas por el Departamento de Justicia y otras 200.000 no certificadas pudieran reclamar indemnización del Gobierno cubano o de una tercera parte que esté utilizando la propiedad confiscada, acudiendo a la Ley Helms-Burton.
“En realidad no podemos decir que la aplicación del Título III haya tenido mucho éxito desde su implementación”, comentó Gutiérrez. “La vialidad de las demandas bajo la Ley Helms-Burton se ha visto limitada por factores diversos, desde la certificación de las propiedades, el tiempo de conformación de los casos y el dinero que implican los trámites judiciales”.
No obstante, el abogado considera que si Biden anunciara una suspensión del Título III, en las dos semanas siguientes pudieran agilizarse y presentarse decenas de demandas que están aún en proceso de elaboración.
Para suspender el Título III, Biden solo tiene que comunicarlo al Congreso a través del Departamento de Estado, fundamentando su decisión en dos aspectos: 1) el interés nacional de Estados Unidos y 2) que cancelarlo propiciaría una transición democrática en Cuba, con mayor cooperación de países aliados de Washington.
Los aplazamientos de la cláusula III tienen una larga historia desde que la llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba fuera aprobada en 1996, con el fin de reforzar el embargo.
Todas las administraciones anteriores desde Bill Clinton a Barack Obama, suspendieron la cláusula III cada seis meses, aludiendo a la protección de intereses nacionales, pero Trump rompió con la práctica el 16 de enero de 2019, cuando la postergación fue solo de 45 días.
A comienzos de marzo el plazo se acortó a 30 días y luego a 14 días, hasta la implementación de la controversial cláusula hace exactamente 21 meses.
La permanencia del Título III dificultaría la reanudación de las conversaciones iniciadas con el Gobierno cubano en 2015, para negociar un arreglo por los $1,902 millones en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, unos $8,500 millones en la actualidad.
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