En los tribunales municipales cubanos se han juzgado, hasta el momento, a 62 personas relacionadas con las masivas protestas ciudadanas del pasado 11 de julio en la isla, aseguró el director de Supervisión y Atención a la población del Tribunal Supremo Popular, Joselin Sánchez Hidalgo.
Según las declaraciones del magistrado a Cubadebate, los ciudadanos que se presentaron a disposición del Tribunal por los órganos de investigación y la Fiscalía fueron "aquellos que tuvieron una conducta agresiva, violenta y dañina, constitutiva de delito de acuerdo al Código penal vigente".
Del total de juzgados, 53 fueron sancionados por desorden público, y otros, por los de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daños, aseguró el vocero.
Estos delitos tienen previstas sanciones hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas o ambas.
Sánchez Hidalgo aseguró que para estas figuras delictivas con sanciones de hasta un año de privación de libertad, la ley prevé un grupo de garantías y derechos que, en su opinión, se han cumplido en los procesos exprés que se están llevando a cabo.
“Podemos asegurar que en los juicios orales celebrados por el tribunal contra 62 acusados se han realizado con estricto apego a estas garantías que establece la Ley de Procedimiento Penal, y que, además han sido refrendadas en la Constitución de la República, en particular al derecho a la práctica de prueba”, dijo el magistrado a Cubadebate.
Sin embargo, también reconoció que apenas 22 de los acusados comparecieron al acto de juicio oral asistidos de un abogado defensor, conforme lo establecer el Artículo 368 de la Ley de Procedimiento Penal.
Según el vocero de la Fiscalía, de las 62 personas juzgadas hasta la fecha, 1 resultó absuelta y 45 establecieron recursos de apelación.
Según el Director de supervisión y atención a la población, 40 de ellos han designado abogado para la vista de apelación.
El magistrado también aseguró que 21de los sancionados estaban extinguiendo sanciones subsidiarias de la privación de la libertad o estaban en libertad condicional.
El magistrado comentó que el Tribunal Supremo Popular ha recibido apenas 6 "inquietudes" relacionadas fundamentalmente con el tema del derecho a la defensa y también de inconformidad con las sanciones impuestas.
“En el caso de los hechos más violentos o de mayor gravedad acontecidos el 11 de julio, aún están en investigación y por tanto no han llegado al Tribunal”, añadió.
La semana pasada las autoridades ya anunciaron que los juicios a los implicados en hechos violentos y saqueos de tiendas se demorarán más, y a sus culpables se les impondrán las penas más severas, que según el Código Penal podrían ser de hasta 20 años de cárcel.
“Todas las personas que han reclamado a la Fiscalía por los hechos del día 11 de julio van a tener una respuesta oportuna en el plazo establecido, dijo, antes de detallar que de enero a julio la Fiscalía General de la República ha atendido a más de 47 000 personas y ha recibido más de 9000 quejas.
Del 11 de julio al 3 de agosto del presente año, motivados por los hechos del 11 de julio han sido atendidos en las dependencias de la FGR 215 personas, de las cuales 47 establecieron reclamaciones.
La mayoría de esas 215 personas, explicó el magistrado, desconocían el lugar donde se encuentran detenidos sus familiares o amistades.
"¿Esto es desaparición forzosa? No. Las personas lo que no conocen en el primer momento donde están detenidos y los fiscales tienen la responsabilidad de comprobar que el Ministerio del Interior haya cumplido con las indicaciones que están establecidas en ley de comunicar con inmediatez a los familiares el lugar de la detención y los motivos de la detención”, aseguró sin explicar por qué las autoridades no habían cumplido la ley en esos casos.
Además se ha cuestionado la detención de personas que estaban grabando, y que no estaban realizando ningún acto delictivo, lo que se investiga en los procesos penales.
Otro aspecto abordado estuvo relacionado como temas concernientes a menores que participaron en los hechos pero que al ser mayores de 16 años ya tienen una responsabilidad legal ante la ley. Hay 8 menores reportados como detenidos por haber participado en las manifestaciones.
Finalmente informó que, de las 47 quejas recibidas, a 12 se le han dado respuesta y en ninguna de ellas se han detectado violaciones a la legalidad.
La organización independiente Cubalex, que lleva el monitoreo de las detenciones, enlistó en su último reporte el 4 de agosto más de 770 nombres de personas detenidas por las protestas del 11J.
De estas, 215 ya habrían sido liberadas.
La lista se actualiza en tiempo real.
Otros conteos independientes sólo han localizado 21 de las 62 personas ya juzgadas por el gobierno.
Las redes sociales están inundadas de denuncias de malos tratos y violaciones legales durante las detenciones, que continúan junto con las coacciones y amenazas contra aquellos que denuncian sus casos.
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