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Fiscalía de Cuba concluye que policía que asesinó al joven de La Güinera "actuó en legítima defensa"

En su testimonio, que forma parte del sumario, el autor de los disparos (el subteniente Pelegrín Hernández) no describe propiamente una situación en la cual fuera agredido directamente o se haya visto amenazada su integridad física.

Imagen de Archivo (Protesta en La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo) © Captura de video
Imagen de Archivo (Protesta en La Güinera, del municipio Arroyo Naranjo) Foto © Captura de video

Este artículo es de hace 2 años

La Fiscalía de Cuba concluyó que Diuvis Laurencio Tejeda, vecino de 36 años del habanero barrio de La Güinera que participó en las protestas del 12 de julio, murió a causa de los disparos realizados “en legítima defensa” por un oficial de la policía.

Según pudo comprobar Diario de Cuba en el expediente de fase preparatoria de los encarcelados por esta protesta, la Fiscalía consideró que la actuación del subteniente Yoennis Pelegrín Hernández al disparar sobre Laurencio Tejeda fue “en legítima defensa”, razón por la cual no presentó cargos contra el oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

La documentación, a la que tuvo acceso el citado medio, revela que existen 161 personas acusadas por unos sucesos en los que la policía abrió fuego contra civiles desarmados. La Fiscalía les acusa de los presuntos delitos de Daños, Desorden Público e Instigación a Delinquir, y justifica la actuación de la PNR.

Sin embargo, en el propio expediente que instruye este órgano –al que tuvo acceso Diario de Cuba-, se recoge la declaración del subteniente Pelegrín Hernández en la que expuso que disparó su pistola Makarov hacia la manifestación al ver que dos policías habían sido lesionados por pedradas en brazos y piernas, algo que resulta contradictorio con la actuación “en legítima defensa” que alega la Fiscalía en el documento.

Asimismo, la declaración del autor de los disparos que acabaron con la vida de Laurencio Tejeda, menciona que actuó en respuesta a las "provocaciones y amenazas" de los manifestantes.

En su testimonio, que forma parte del sumario, el subteniente Pelegrín Hernández no describe propiamente una situación en la cual fuera agredido directamente o se haya visto amenazada su integridad física. El oficial aseguró que uno de los civiles le mostró sus genitales y le dijo que su pistola lo que tenía eran balas de salva.

Además, el oficial de la PNR dijo que los manifestantes le habrían gritado también que le quitarían la pistola. Sin embargo, en su declaración, Pelegrín Hernández no describe haber sido agredido por Laurencio Tejeda u otro manifestante en una proporción tal que justifique el argumento de "legítima defensa" aplicado a su caso, según observa Diario de Cuba.

No obstante, la Fiscalía consideró que el uniformado actuó “en legítima defensa” al disparar hacia la manifestación provocando la muerte casi instantánea de Laurencio Tejeda, tal y como denunciaron en su momento familiares y vecinos del fallecido. El expediente recoge que la mortal herida fue provocada por una bala que le atravesó un pulmón y llegó hasta el corazón.

El expediente también revela que, además de Yoel Misael Fuentes García -el menor de 16 años herido en la pierna que documentó Diario de Cuba-, dos personas más resultaron heridas por disparos de bala de la Policía. Sus nombres son Yorlandis Pérez Sánchez y Rubén Pérez Aldana. En el caso de Fuentes García, sus familiares denunciaron presiones y amenazas de la policía sobre el adolescente en un interrogatorio sostenido durante su hospitalización.

En el documento también resulta revelador el hecho de que no se mencionen los supuestos antecedentes penales de Laurencio Tejeda que alegaron los medios estatales en su información sobre lo sucedido en la protesta del barrio de La Güinera; lo cual ratifica las versiones de sus familiares sobre la falsedad de la información ofrecida por los medios oficialistas, que aludieron a un supuesto pasado delincuencial del fallecido.

El pasado 12 de julio, centenares de manifestantes salieron a las calles de los barrios habaneros de La Güinera y Párraga para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, a raíz del estallido social del 11J. Transmisiones en vivo a través de Facebook dieron cuenta de la situación, con imágenes en las que se apreciaban a los vecinos pidiendo el fin del comunismo y la renuncia del gobernante cubano al grito de “Libertad”.

“En horas de la tarde del día de ayer, 12 de julio de 2021, grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales en el Consejo Popular Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la PNR del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación”, señaló el comunicado emitido por el Ministerio del Interior (MININT) al día siguiente de los hechos.

“En el enfrentamiento, varios ciudadanos fueron detenidos, y otros resultaron lesionados, incluyendo agentes de la autoridad. Entre los participantes en los disturbios, resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años de edad, residente en el propio municipio y con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual cumplió sanción”, añadió la nota del MININT divulgada por los medios oficialistas.

Tras los sucesos, Díaz-Canel ordenó a funcionarios del régimen visitar La Güinera para “escuchar a la gente”. Hasta allí se desplazó el ex espía y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, para abanderar el “primer Destacamento de Vigilancia Popular Revolucionaria”.

Por su parte, la Seguridad del Estado detuvo y acusó a Odet Hernández Cruzata y su esposo Reynier Reinosa Cabrera de ser los instigadores de la manifestación espontánea en el barrio La Güinera, según afirmó en declaraciones a CiberCuba un familiar de Hernández, una joven de 32 años y madre de una niña de 5 años, a quien tacharon de cabecilla por haber transmitido en directo la manifestación.

El matrimonio forma parte de las más de 800 personas, en su mayoría jóvenes (algunos menores de edad), que permanecen arrestadas, según denuncia el Centro de Asesoría Legal Cubalex. La ONG confirma que otras 260 personas ya han sido excarceladas bajo algún tipo de medida cautelar o multas, mientras denuncia la desaparición forzada de 10 personas más, cuyo paradero se desconoce.

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