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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba convocó este jueves en señal de protesta al embajador de Reino Unido en La Habana, Antony Stokes, al que acusa de "injerencia" por criticar los juicios contra manifestantes del 11J y la nueva normativa de telecomunicaciones a partir del Decreto Ley 35.
El director general de asuntos bilaterales de la cancillería cubana, Emilio Lozada, publicó en Twitter que, durante su encuentro de hoy con Stokes, le instó a "respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece, en su art. 41, la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor".
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Stokes es Embajador del Reino Unido en Cuba desde octubre de 2016. Con anterioridad fue Embajador en Misión para temas ambientales, y desde el 2010 hasta el 2014 Embajador ante la República Socialista de Vietnam.
Antony también ocupó el cargo de Jefe de Misión en Letonia. Como Jefe del Departamento de Asia del Sur del Ministerio británico de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad (FCO por sus siglas en inglés) cubrió las relaciones del Reino Unido con la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhután y las Maldivas. Su primer puesto diplomático fue en Tailandia donde también fue acreditado ante la República Democrática de Lao.
La convocatoria del MINREX tuvo lugar después de que el embajador británico publicara el martes un tuit señalando que "el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el #DecretoLey35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales".
El tuit del embajador británico fue compartido alrededor de un millar de veces y generó numerosos comentarios, en su mayoría mensajes de apoyo de cubanos detractores del Decreto promulgado el mismo martes.
Este nuevo marco legal persigue los contenidos potencialmente subversivos en la red, lo que ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una "ley mordaza" para silenciar las voces críticas. Por su parte, el Gobierno cubano ha emprendido una campaña para defender su legitimidad asegurando que la normativa es comparable a leyes de Alemania, Francia y Argentina.
El representante cubano de Exteriores aseguró que, en su reunión con el embajador británico, comparó el Decreto-Ley 35 con la normativa de ciberseguridad de Reino Unido.
Según la versión de Lozada, este recordó a Stokes que la ley británica "establece sanciones destinadas a promover la prevención de la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas".
No es la primera vez que Stokes usa Twitter para criticar la situación de los derechos humanos en la isla. En febrero, el Embajador británico se sintió obligado a declarar que "pedir medidas para respetar los derechos internacionalmente reconocidos no es injerencia, sino nuestro deber, incluso si nos perjudica".
A la espera de conocer cómo se aplicará el polémico Decreto-Ley 35 en Cuba, organizaciones internacionales e instituciones, como Human Rights Watch o el Departamento de Estado de EE.UU., ya han expresado su preocupación por el alcance de la norma, que tipifica como cibercrímenes "la difamación de mensajes contra el Estado" y la "incitación a movilizaciones".
La nueva normativa de ciberseguridad cubana llega después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida, en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
Al inicio de las protestas, el régimen cubano decidió bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.
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