El Tribunal Supremo de Cuba rechazó una solicitud de libertad a favor de las hermanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, de 22 años, quienes se encuentran detenidas por participar en las protestas del 11 de julio en Placetas, Villa Clara.
En declaraciones a Radio Televisión Martí la madre de las jóvenes, Bárbara Isaac Rojo, dijo que le había escrito al presidente del Tribunal Supremo Popular, Ramón Remigio Ferro, para pedir la liberación de sus hijas, pero ese órgano “se lavó las manos”.
El Tribunal le contestó que ella debía ir a la Fiscalía Municipal, que fue donde se decidió que Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac –nacidas hace 22 años de un parto de cuatrillizas– fueran a prisión.
La abogada de las hermanas, Olga Mary Montiel, le dijo a la madre que “hacen lo mismo siempre: la pelota rebota para atrás”, señala la fuente.
Isaac Rojo afirma que decidió escribirle al funcionario porque “él dijo en la Televisión Nacional que manifestarse no es delito y como mis niñas lo que hicieron fue participar en las protestas de aquí pensé que sabiéndolo él tomaría alguna acción para ponerlas en libertad”, explicó.
La mujer se encuentra desesperada porque una de sus hijas tiene una niña pequeña que necesita de sus cuidados.
“Aquí en Placetas, las marchas fueron pacíficas. No hubo vandalismo, ni resistencia, Nada de eso”, ha dicho la madre de las prisioneras, quien también salió el 11J a las calles a pedir mejores condiciones de vida.
Sin embargo, las chicas fueron detenidas el pasado 15 de julio y ahora se les acusa de desacato, vandalismo, propagación de epidemia y desórdenes públicos.
Por estos presuntos delitos se les impuso una medida cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres villaclareña de Guamajal, y se encuentran a la espera de un juicio sumario.
"Pido libertad para mis hijas, les han destruido la vida mandándolas a prisión sin tan siquiera darle una oportunidad, por haber participado pacíficamente en una manifestación donde más de medio pueblo estuvo", expresó Isaac Rojo recientemente.
Actualmente al menos 500 personas permanecen en prisión a la espera de juicios sumarios, en los que según varias denuncias no hay garantías del debido proceso como castigo por salir a protestar contra las malas condiciones de vida en la isla.
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