La Fiscalía Provincial de Holguín pide 25 años de privación de libertad por el delito de sedición para el joven artesano Miguel Enríquez Girón Velázquez, manifestante del 11J.
La denuncia fue hecha por el padre del acusado, Miguel Girón Labrada, quien dijo a CiberCuba que su hijo fue multado por 2,000 pesos por propagación de epidemia, y se encuentra bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria hasta el día del juicio, cuya fecha se desconoce.
Girón Labrada contó a este sitio web que su hijo participó en la manifestación el 11 de julio y regresó a su casa. Dos días después fue detenido en la Unidad de Policía de Las Baleares, a donde se dirigió para formular la denuncia por el robo de su moto.
En lugar de dar curso a la investigación para apresar a los ladrones del vehículo, los oficiales arrestaron al joven y lo enviaron a la Primera Unidad y dos horas más tarde a Instrucción Penal, conocido por los holguineros como “Todo el mundo canta”. Allí estuvo 23 días recluido, hasta ser liberado bajo una fianza por valor de 3,000 pesos.
En un video difundido por Cubanet, Girón Labrada aclaró que su hijo había participado en las históricas protestas “por decisión propia, sin que nadie le pagara un dólar”, y pidió apoyo a la comunidad internacional para que se haga justicia, ante la imposibilidad de obtenerla con el sistema jurídico cubano.
El padre de familia, residente en Estados Unidos y abogado de formación, dijo a CiberCuba que “lo que están haciendo en Cuba no tiene fundamento jurídico ninguno” y denunció que el joven de 25 años está bajo coacción por parte de la contrainteligencia cubana: “Hoy mismo fue la Seguridad del Estado a intimidarlo a la casa”, precisó.
No entiende por qué acusan a su hijo de sedición, cuando lo único que hizo fue manifestarse pacíficamente; y resaltó que, de haber violado la ley, acataría la penitencia que lleva, pero aseguró no ser este el caso, al no existir evidencias que lo incriminen.
Girón Labrada fue informado que “se identificó su olor (de su hijo) en un saco de piedras”, recogidas en las inmediaciones del edificio del Partido Comunista en Holguín, lo cual no prueba que este haya apedreado a alguien ni que causara daño alguno, dijo.
Una prueba de olor similar justificó la acusación de "atentado" contra el joven de 18 años Marco Antonio Pintueles Marrero, coaccionado para admitir que apedreó un poster frente a la misma sede partidista, según denunciara la madre del joven.
Sin embargo, en el caso de Girón Velázquez, su padre señaló que “él vive en un reparto cerca del Partido, su olor debe estar no solo por el Partido, sino por todo Holguín”.
El 11 de julio un reporte de la prensa estatal hizo mención a holguineros “golpeados y abatidos en la sede del PCC” por manifestantes. “Se abalanzaron contra nosotros con piedras y rompieron el cordón que organizamos. Nos dieron golpes, nos atropellaron, nos dieron con piedras. Nosotros tumbamos algunas motos, dimos algunos golpes”, dijo un miembro de las brigadas de respuesta rápida que llegaron armadas con palos al lugar para enfrentar a los que marchaban pacíficamente.
La prensa estatal no mostró evidencias de lesiones ni videos que incriminen a los manifestantes holguineros en actos violentos, sin embargo, imágenes difundidas en las redes sociales sí muestran la violencia policial y paramilitar en contra de los que marchaban por la avenida y en las áreas verdes de la Plaza de la Revolución, al cruzar la sede del PCC. En Holguín no se reportaron daños a establecimientos comerciales ni a otras instituciones estatales.
El padre asegura que Girón Velázquez no tiene antecedentes penales, es artesano y cursó estudios de idiomas. Quería ser guía turístico, pero su sueño se vio frustrado por no haber servido en el ejército.
En las pruebas de captación de las Fuerzas Armadas resultó no apto para la vida militar por una discapacidad congénita en los pies, que fue corregida parcialmente tras cuatro procedimientos quirúrgicos en el Hospital Ortopédico Frank País de La Habana, gracias a gestiones personales de la familia.
Ni la buena conducta social ni la discapacidad física han sido tomadas en cuenta por las autoridades, que le endilgan un delito de sedición a un participante en una protesta cívica e imputan una desproporcionada petición fiscal por la misma cantidad de años que tiene el joven. De ser condenado, se enfrenta a acabar sus días de juventud tras las rejas.
“Ellos en Cuba están organizando una oposición que no existía y la están haciendo más fuerte”, dijo el padre del acusado en referencia a quienes usan el poder como “medida aleccionadora” para atemorizar a los que pretendan ejercer sus derechos.
Hasta el momento, y de acuerdo al listado de Cubalex, 122 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición, un delito contra la seguridad del estado que evidencia la politización de los procesos judiciales en Cuba. De ellos, 108 han sido causas simples, y 14 constituyen penas conjuntas a las que se suman los delitos de desorden público, atentado, daños, lesiones, instigación a delinquir y hurto.
La pena más alta que ha solicitado Fiscalía a manifestantes del 11J fue 30 años de privación de libertad para el holguinero Yosvany Rosell García Caso, al que también acusan de sedición.
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