Casi 10,000 personas desde distintos lugares del mundo han firmado una petición en la plataforma change.org por "el cierre inmediato" de las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) en Cuba.
La creadora de la petición se identificó como María García y se dirigió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la corporación estatal Cimex S.A. y a la presidencia de Cuba.
Sus dos exigencias fundamentales son "el cierre inmediato de las tiendas en dólares o MLC, moneda que no se produce dentro del país" y "el reabastecimiento del todas las tiendas en CUP o pesos cubanos, la moneda con la que paga el Estado a sus trabajadores".
"Estas tiendas en dólares generan segregación económica y exclusión social violando los derechos garantizados al pueblo en la Constitución de la República de Cuba", considera el documento.
Si bien esta petición se creó hace un año, en las últimas semanas el número de firmantes se ha disparado. La artista visual y activista Salomé García, una de las coordinadoras de Justicia 11J, precisó a CiberCuba que unas 2,000 personas la han suscrito recientemente. Algo que considera un indicio de la agudización de la crisis económica que se vive en Cuba.
"Hay peticiones que sirven para lograr objetivos, y hay otras que sencillamente sirven para crear conciencia sobre un problema y tomar la temperatura de la sociedad", dijo García este martes en un post en su perfil en Facebook.
La joven reveló que la última vez que compartió en sus redes dicha demanda en change.org, y se hizo viral, fue un mes antes de las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Al cierre de esta nota, 9,870 personas ya habían firmado el reclamo.
"A mucha gente no le importan los presos políticos, pero el HAMBRE mueve. Y ya la gente en Cuba probó la calle. Por mucho terror que hayan sembrado, todo tiene un límite", aseguró.
Durante el estallido social, estos centros fueron uno de los objetivos de ataques por parte de manifestantes. Muchos fueron apedreados y saqueados. En cambio, los que vendían productos en pesos cubanos permanecieron ilesos.
Luego de este suceso en el país circuló un rumor de que cerrarían, pero los comercios estatales enseguida lo desmintieron:
“A partir de los criterios recibidos de nuestros clientes con preocupaciones sobre el cierre de las tiendas MLC, se considera oportuno comunicar que estas no se cierran. Las medidas tomadas en territorios específicos del país, tienen carácter temporal y se restablecerán sus servicios en cuanto la situación epidemiológica lo permita y los Grupos Temporales de Trabajo así lo determinen”, declararon Cimex S.A. y Cadena Caribe en Facebook.
Desde el punto de vista de los firmantes, las tiendas en MLC violan varios artículos de la Constitución, específicamente el primero, el tercero y el 31.
El primero dice que "Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva".
El tercero, en sus incisos D, E y F, establece que el Estado debe "garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos, y en el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y las leyes", así como la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral, y promover "un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva" y mayores niveles de equidad y justicia social
Mientras, el 31 sostiene que "el trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad" y constituye "un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar".
"El trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustenta condiciones de vida dignas, permite elevar el bienestar material y espiritual y la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales. La remuneración con arreglo al trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa y gratuita de servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios", agrega.
Sin embargo, a pesar de lo que plantea la Constitución, aprobada mediante referendo en 2019, ningún trabajador estatal en el país, que son la mayoría, debido a la centralización de la economía, cobra en divisas. Tampoco el Estado vende divisas a la población en sus casas de cambio, por lo que las mismas deben adquirirse en el mercado informal o a través de familiares o amigos en el exterior.
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