"El bloqueo económico está hecho polvo, sus intentos de arruinar nuestra economía se traducen en una economía que empieza a crecer, seriamente, se traducen en una economía que avanza", proclamaba ufano Fidel Castro en el ya lejano 1965, cuando el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba apenas cumplía un trienio.
Ha llovido mucho y se han sucedido demasiados encontronazos en las relaciones bilaterales desde entonces, pero es obvio que las predicciones del dictador –como muchas otras de sus apuestas de futuro– se hicieron humo y ni siquiera el más oficialista de la jerarquía castrista se atrevería hoy a darle crédito a semejante desatino. El término "bloqueo" para definir lo que es un embargo comercial ha sido también parte de la neolengua de la distorsión para acentuar la sensación de "fortaleza sitiada" al borde de la guerra y concentrar el poder.
El embargo está en pie y tanto los políticos como los analistas de ambos bandos coincidirán en que sus efectos han sido significativos en la vida cubana de las últimas décadas, más allá de su uso como comodín de la propaganda oficial del régimen para justificar sus desmanes políticos y los desastres de la economía doméstica.
Fue el 3 de febrero de 1962 cuando el presidente John F. Kennedy decretó por la Orden Ejecutiva 3447 el embargo total sobre el comercio con Cuba. Aunque en realidad las primeras sanciones económicas fueron emitidas por Dwight D. Eisenhower en 1960, tras las primeras nacionalizaciones ordenandas por Fidel Castro, no sería hasta la decisión de Kennedy que la medida resultó implementada en todo su alcance comercial y financiero.
Resulta curioso que un hecho que convulsiona las opiniones de los cubanos y condiciona el discurso político a ambos lados del Estrecho de Florida haya llegado a su sexagésimo aniversario de manera tan silenciosa, sin menciones en los medios estadounidenses, casi obviado en las publicaciones y estaciones hispanas de Miami. Sobre todo, porque en esta hora de atrofia informativa y definiciones a marcha forzada es cuando más se impone un recuento histórico para poner en orden la memoria y esclarecer decisiones que gravitan sobre el embargo, pieza clave de la política de Estados hacia Cuba y también objeto de distorsiones en el convulsionado escenario del diferendo La Habana-Washington.
Zafarrancho de confiscaciones
El embargo no surgió por un capricho vicioso de Estados Unidos para tratar de derrocar al régimen en su ruta hacia el totalitarismo socialista. Fue la represalia derivada de la confiscación de las propiedades estadounidenses en Cuba, luego de que compañías petroleras Esso, Texaco y Shell se negaron a refinar el petróleo adquirido de la Unión Soviética, que ya alistaba sus tridentes para posicionarse como metrópoli en la isla.
Eisenhower cortó entonces las ventas de azúcar cubana a Estados Unidos, las cuales representaban cerca del 80 por ciento de las exportaciones de la otrora principal industria del país, lo que provocó una escalada de contraataques de ambas partes.
Castro optó por confiscar la mayoría de las compañías estadounidenses en el territorio cubano, a lo que Washington ripostó con la prohibición de todas las exportaciones a Cuba, exceptuando alimentos y medicinas en ese primer momento.
En total fueron 5,913 compañías de Estados Unidos que resultaron expropiadas sin retribución, luego certificadas por la Comisión Federal de Reclamaciones, en 1972. Es justamente un asunto álgido que debe ser zanjado para resolver las cuentas pendientes entre ambos países de cara al futuro.
Luego del fracaso de la expedición de Bahía de Cochinos, Kennedy optó por radicalizar las restricciones a Cuba. Invocando la Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917, el presidente instrumentó el embargo en una amplitud mayor, afectando la venta de mercancías, las transacciones financieras y los vuelos comerciales. Fue la antesala del conflicto desatado ocho meses después por la presencia de cohetes nucleares soviéticos en la isla, lo que decretó el bloqueo naval durante la llamada Crisis de los Misiles de octubre de 1962.
La mano dura de Johnson
Disipada la tormenta que puso al mundo al borde de una guerra nuclear, el embargo permaneció como estrategia política inamovible de las posteriores administraciones estadounidenses, con algunas fluctuaciones y repliegues puntuales en dependencia del signo partidista del inquilino de la Casa Blanca.
En 1964, el presidente demócrata Lyndon Johnson fue el primero en tratar de concertar el embargo como una sanción multinacional, con colaboración de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los aliados europeos. En el ámbito continental, con la excepción de México, Washington logró que la casi totalidad de nacionales rompieran o limitaran sus vínculos con el gobierno cubano, y aunque fue imposible que Europa asumiera el embargo, las presiones estadounidenses redujeron sus operaciones comerciales con la isla.
A diferencia de su predecesor del mismo bando partidista, Johnson prohibió drásticamente la venta de alimentos y se negó a admitir los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba a pesar de los argumentos opuestos, que los defendían como un "inalienable derecho constitucional" a la libertad de movimiento. Una disputa que prosigue hasta los días de hoy sobre las visitas autorizadas y el turismo a la isla vecina.
Las etapas posteriores han visto períodos de flexibilizaciones y de recrudecimiento de los parámetros del embargo, según el ocupante de la Oficina Oval. Es obvio que las presidencias demócratas han sido etapas generalmente aperturistas en cuanto a medidas respecto a Cuba, mientras que las administraciones republicanas han apretado las clavijas con órdenes ejecutivas, sanciones y cambio de lenguaje en las relaciones con La Habana.
La década de los 70 marcó un momento crucial, porque el embargo vivió esfuerzos de ambos bandos políticos de Estados Unidos por debilitarlo y buscar una salida al diferendo cubano. Henry Kissinger, secretario de Estado de la era Nixon-Ford y quien el año entrante se convertirá en centenario, fue un ferviente partidario de normalizar r elaciones con Cuba como mismo impulsó el deshielo con China. No lo logró, pero sus esfuerzos derivaron en levantar las prohibiciones comerciales a las filiales de empresas estadounidenses en terceros países (recordar los Chevy que llegaron por esos años desde Argentina) y permitir que barcos vinculados al comercio con Cuba pudieran atracar en puertos estadounidenses.
En realidad, la presidencia de Jimmy Carter fue la que dio pasos más decisivos para acercarse al gobierno cubano y desvanecer los colmillos del embargo. Con Carter terminaron las prohibiciones de viajes y remesas familiares, abrió las secciones de intereses en La Habana y Washington, en 1977, y barajó la posibilidad de venta de alimentos y medicinas. Un año después, llegó incluso a enviar a Cuba al principal ejecutivo de la Coca Cola, Paul Austin, con la misión de entrevistarse con Fidel Castro para explorar una reconciliación entre ambos países.
El detonante del Mariel
Pero todo se desmoronó, fundamentalmente por la renuencia de Fidel Castro a detener la intervención de tropas cubanas en las guerras de Angola y Etiopía, y luego el éxodo del Mariel puso en punto de mate cualquier entendimiento. Carter perdió la presidencia por el detonante del Mariel y su torpe manejo de la crisis de los rehenes en Irán, atenazado además por una debacle económica en la nación.
Su máximo error con Cuba fue no ajustarle cuentas a Castro por lo que esa movida temeraria representó en realidad: un acto desafiante para la seguridad nacional de Estados Unidos, enviando cientos de criminales convictos y enfermos mentales, sacados de las cárceles y hospitales cubanos.
Los 12 años que siguen a la epifanía de Carter son de recrudecimiento al menos en términos de visibilidad de las sanciones y el discurso público. Con Ronald Reagan (1980-1988) y los cuatro años de George Bush, padre, el gobierno cubano vio cerradas nuevamente las avenidas de comercio y operaciones financieras internacionales. Reagan reimpuso restricciones de viajes a residentes de Estados Unidos y puso por primera vez a Cuba en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, en 1982, lo que constituyó un duro golpe para las transacciones bancarias del gobierno cubano en el ámbito global.
El único oasis legal que descorrió una compuerta del embargo en esa etapa fue la Enmienda Bergman, en 1989, que permitió la importación o exportación de publicaciones, películas, discos y materiales informativos en general, con un gran beneficio de comercialización y promoción para artistas y escritores residentes en Cuba.
El colofón de la década republicana en la Casa Blanca lo marcó la Ley de Democracia para Cuba, firmada por Bush en pleno período de elecciones, el 23 de octubre de 1992. Más conocida como Ley Torricelli, básicamente reforzó el embargo y dio potestades presidenciales para cortar ayudas financieras a países colaboradores del régimen cubano, aunque también liberalizó actividades como las donaciones de alimentos y las ventas de servicios y equipos de telecomunicaciones.
La presidencia de Bill Clinton comenzó justamente con la implementación de la Ley Torricelli y su política hacia Cuba se vería atrapada entre acontecimientos que determinaron zigzagueos entre las posiciones de línea dura y la voluntad de liberalización.
Una grieta permanente
Si la crisis de los balseros y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate lo forzaron a medidas radicales como la firma de la Ley Helms-Burton, el empeño más restrictivo y abarcador como prolongación del embargo, también Clinton figuró como el responsable de ampliar los vuelos fletados a ciudades del interior de Cuba, expandir el servicio de remesas con el concurso de Western Union, inauguró la era de los intercambios culturales y educacionales por la vía de los contactos pueblo-a-pueblo, y aprobó la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Promoción de las Exportaciones, un paso que desbrozó el camino para las ventas de productos agrícolas a la isla. Su entrada en vigor en 2000 es la grieta más permanente en la cortina del embargo, porque desmontó el mito de que el mercado cubano no puede adquirir bienes en Estados Unidos.
A pesar de los tejes y manejes políticos con que el gobierno cubano ha administrado sus compras a Estados Unidos y las reales restricciones para el pago en efectivo de las mercancías adquiridas, lo cierto es que desde 2001 las operaciones superan los $6,000 millones de dólares y los cubanos han visto estas adquisiciones como una tabla de salvamento para complementar sus urgentes necesidades con productos estadounidenses de calidad. El pollo congelado con sello Made in USA parece definitivamente instalado en el imaginario de los ávidos consumidores cubanos.
La política pendular que enmarca los límites del embargo se movió nuevamente hacia el lado opuesto con la vuelta de los republicanos a la Casa Blanca. George W. Bush, en el tradicional estilo republicano, volvió a congelar viajes y remesas, abolió los intercambios pueblo-a-pueblo e impuso severas multas a individuos y compañías por transgredir las regulaciones del Departamento del Tesoro. Pero curiosamente en la era Bush se autorizó por primera vez la asignación y cobro de caudales hereditarios de familiares en Estados Unidos a sus beneficiarios residentes en Cuba, un pasadizo legal que desde 2003 ha permitido trasladar más de $500 millones de cuentas congeladas hacia la isla.
Y así llegó Barack Obama, el presidente que más hizo hasta el momento por desmontar la maquinaria del embargo y rebajar las tensiones acumuladas durante seis décadas. Obama rompió todas las previsiones con una política de deshielo total que llegó al límite cuando se abstuvo de votar en la ONU sobre la propia política de su país respecto a Cuba. Fueron cuatro paquetes de medidas que abarcaron con un criterio de máxima flexibilidad, viajes aéreos y marítimos, remesas y ayudas, intercambios culturales y educativos, colaboración científica y cooperación intergubernamental en áreas de interés mutuo.
El huracán Obama y el contragolpe de Trump
Si Obama no consiguió derretir definitivamente al embargo de la misma manera que fue derribando obstáculos paso a paso hasta el aterrizaje del Air Force One en La Habana, fue justamente por la cláusula de compromiso democrático, que codificó las sanciones y delegó su levantamiento a la potestad del Congreso, solo si se cumplen en Cuba los requisitos de libertad a los presos políticos, pluralidad partidista y elecciones libres.
El huracán de Obama llegó a su término con otro movimiento pendular: el bandazo Donald Trump.
Con Trump –valga reconocerlo– todas las promesas de campaña electoral se llevaron a efecto y el desmantelamiento de la política de deshielo de su predecesor fue acelerado y total. Las 243 medidas, órdenes ejecutivas, multas o acciones legales que la administración Trump aplicó con determinación y vehemencia desde la arrancada de su mandato, causaron especial impacto en la economía cubana, particularmente en los peores días de los embates de la pandemia sobre la isla.
Nadie llegó tan lejos en la implementación de sanciones a Cuba desde la "Ola Reagan" y solo el paso de activar el controversial Título III de la Ley Helms-Burton, contra todos los pronósticos y a todo riesgo, demuestra el ejercicio de una estrategia agresiva como nunca imaginó enfrentar a estas alturas el régimen cubano.
A no dudarlo, ninguna administración estadounidense había resultado tan destructiva para la economía cubana como lo fue Trump, acaso porque los jerarcas del régimen habían sacado cuentas erróneas sobre una continuidad del legado Obama a través de un triunfo electoral de Hillary Clinton en 2016.
La conducción de Joe Biden en un año de presidencia ha respondido a una estrategia inmóvil sobre las palancas del embargo y otros asuntos cardinales de la relación bilateral con Cuba y las expectativas de los cubanos, incluidas sus promesas básicas de la campaña electoral.
Preguntas incómodas
Convertido en piedra angular de la política hacia Cuba, el embargo es hoy más que nunca un elemento de polarización entre cubanos de todas las tendencias y credos, tanto en la isla como en la diáspora.
Las preguntas que rigen esta controversia insoluble siguen siendo las mismas que se han transmitido de generación en generación, incluso entre partidarios del mismo destino para Cuba.
¿Cuál es la mejor estrategia para propiciar un cambio democrático en Cuba?
¿Es aconsejable una política de sanciones contundentes para acelerar la transformación del país o un acercamiento efectivo que consiga la transición pacífica por vía del comercio y el diálogo político?
¿Resulta estratégico aplicar una política de embargo en desafío a las posturas y los intereses de otras naciones aliadas respecto a Cuba?
¿Tiene lógica –aun bajo argumentos humanitarios– conceder créditos y aliviar restricciones financieras a un régimen que emplea cuantiosos recursos para sostener la represión y el control de sus ciudadanos?
¿Debería levantarse el embargo sin resolver el tema de la compensación de miles de compañías y propiedades confiscadas, causa primigenia de su implantación?
Tal vez desentrañar esas interrogantes incómodas resulte más provechoso a estas alturas que responder mecánicamente si se está a favor o en contra del embargo a Cuba.
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