Un ciudadano español y residente desde 2014 en Estados Unidos ha sido sentenciado a 17 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en Holguín, Cuba. Su nombre es Mario Josué Prieto Ricardo y tiene 27 años.
El joven, holguinero de nacimiento, pasó su cumpleaños en prisión, donde se encuentra desde el 23 de julio, tras un segundo arresto luego de las protestas. Desde los cinco años padece de síndrome depresivo, agravado tras la pérdida de su hermana, quien murió a causa de un cáncer, estando bajo su cuidado en Virginia, Estados Unidos. En dos oportunidades ha intentado quitarse la vida.
Cuestión de vida o muerte
“Mi mayor preocupación es que tenga un intento suicida; él se deprime por gusto, imagínate tú allí donde está”, dijo a CiberCuba Niurka Ricardo Hidalgo, madre del joven, quien siente que le han arrebatado al único hijo que le queda. Por eso, le cuesta articular oraciones completas sin romper a llorar.
“En estos siete meses he bajado 27 libras de peso. Hace cinco años perdimos una hija y ahora con esta situación que mi hijo está pasando…”, alcanzó a decir la madre entre sollozos.
Mario, el padre de Mario Josué, también está devastado por la encarcelación de su único hijo. “Ni cuando murió mi hija he visto a mi esposo llorar tanto”, aseguró Niurka.
La salud mental de Mario Josué es un círculo vicioso entre admisiones en instituciones de salud, terapias, prescripción de medicamentos y ganas de morir. El 1ro de diciembre de 2010, se lee en su historia clínica que continuaba “con los mismos síntomas, marcada depresión e ideas suicidas”. El diagnóstico fue “riesgo de intento suicida” y la conducta a seguir entonces fue “ingreso en sala”. Tenía apenas 16 años.
No había transcurrido un año, cuando en octubre de 2011 tendría otra crisis depresiva que lo llevaría de regreso al servicio de Psiquiatría donde recibió tratamiento de ansiolíticos y barbitúricos. En su historia clínica se aclara que se encontraba cursando el 12 grado en el Instituto Preuniversitario "Luz Palomares García".
Seis meses más tarde, a la edad de 17 años, volverían la depresión, las terapias y el tratamiento. Además de la tristeza y la ansiedad, los especialistas observaron manifestaciones de agresividad ante la falta de capacidad para la resolución de conflictos que genera su condición de salud.
En aquel momento el joven se había graduado de bachiller, "pero no se presentó a pruebas de ingreso" a la educación superior y estaba "trabajando como ayudante de artesano", precisa el dictamen médico, acuñado con tinta azul borrosa y nombre ilegible.
Su última crisis fue hace menos de dos años, coincidiendo con el aislamiento social impuesto para frenar la propagación de la pandemia, y por lo que también requirió cuidados hospitalarios. Aún conserva las cicatrices en sus brazos, lamenta la madre.
Todo por la familia
Mario Josué soñaba con estudiar Lengua y Literatura inglesas, pero al concluir estudios en la enseñanza media superior una tragedia familiar le cambiaría la vida y pondría en pausa sus aspiraciones, indefinidamente.
Su hermana mayor, que para entonces residía en Estados Unidos, fue diagnosticada con cáncer y el joven decidió iniciar los preparativos para un viaje con destino al norte que no se materializo hasta dos años después, para acompañarla y cuidar de ella. Lo mismo haría su padre durante un tiempo, quien -como Mario Josué- también posee ciudadanía española.
Con solo 20 años, el joven vivió de cerca los altibajos de la enfermedad terminal de su única hermana, a la que cuidó en sus últimos tres años de vida. Desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2020 nunca regresó a Cuba. No fue hasta después de aquel fatídico 21 de julio de 2017 que el ya residente en el estado de Virginia, abatido por la pérdida y en recaída emocional, comenzó a sopesar la idea del retorno con sus padres a su natal Holguín.
“Después de la muerte de su hermana en Estados Unidos entró en estado de depresión y tuvo un intento suicida con riesgo para su vida, el cual tuvo tratamiento hospitalario por el daño cometido”, cuenta Roxana Hernández Estrada, su novia.
“Siempre fue un niño tranquilo”, insistió su madre, y recordó, como para que no queden dudas, que su hijo creció en el seno de una familia Testigo de Jehová “que no se inmiscuye en política”, y que “le inculcó los mejores valores, nunca había tenido problemas con la ley”.
“Nunca fue salidor y cuando salía era con su pareja o algún que otro amigo”, aclara su madre, quien habla de su hijo con el dolor que dan las pérdidas, como si hablara de un pasado lejano, de siglos atrás.
El 13 de marzo de 2020, coincidiendo con la llegada del coronavirus a Cuba, Mario Josué aterrizaba en Holguín. Después de seis años fuera del territorio nacional había perdido los pocos privilegios a que puede aspirar un ciudadano cubano con residencia permanente, por tanto, inició el proceso de repatriación del que solo tendría noticias casi dos años después.
En todo ese tiempo y hasta el 11 de julio, con aislamiento social, crisis sanitaria y escaseces de todo tipo de por medio, algo lo mantuvo en pie. Había conocido a quien sería su actual prometida y con la cual soñaba tener una familia, un hogar.
El EFP miente
A pesar de una abultada historia de trastornos psiquiátricos por los que ha estado a punto de morir en dos ocasiones, “inicialmente no le aceptaban el peritaje médico; el Tribunal solo lo aceptó unos días antes del juicio”, dijo Roxana a CiberCuba. El peritaje “concluyó que posee trastorno de personalidad emocionalmente inestable y riesgo suicida”, agregó la joven.
Tal vez por ello no aparece mención alguna a su delicado estado de salud en el Expediente en Fase Preparatoria No 11 de 2021 (EFP). La Fiscalía omitió en documentos oficiales que, en Cuba, además de presos políticos y menores de edad tras las rejas, hay también pacientes suicidas en régimen penitenciario.
CiberCuba también pudo consultar dos recursos de cambio de medida denegados por fiscalía. En el primero, el fiscal Fernando Sera Planas argumenta que no concederá la medida de fianza porque “está demostrado en el proceso investigativo que el acusado tuvo una participación protagónica en hechos violentos”.
En el segundo recurso denegado, decide mantenerlo en prisión porque el abogado en su solicitud de valoración psiquiátrica en favor del acusado “no realiza un diagnóstico de que el paciente pudiera ser una persona enajenada mentalmente o que pudiera tener una capacidad sustancialmente disminuida”.
Más aún, de acuerdo con documentos personales y testimonios de la familia a los que CiberCuba ha tenido acceso, Fiscalía mintió sobre el nivel escolar de Mario Josué, al asegurar que solo tenía un noveno grado, así como sobre su documentación de identificación y estatus migratorio.
El EFP asigna a Mario Josué número de carné de identidad y lo avecinda en el reparto Libertad de Holguín cuando, según sus allegados, el joven había perdido la residencia en Cuba y se encontraba en el proceso de recuperarla. Sin embargo, “le negaron repatriación hace como 15 días”, aseguran los familiares que recibieron notificación oficial de que Mario Josué no reside en Cuba.
Legalmente, el preso político solo reside en la dirección de Suffolk, Virginia, estampada en su Green Card que vence en 2026. ¿Cómo, entonces, puede tener un número de identificación de residente en la isla?
Consultado sobre la discrecionalidad de las autoridades cubanas para determinar documentos de identidad de no residentes a los efectos del proceso penal, el abogado de Cubalex Alain Espinosa explicó que “bajo ningún concepto” es aceptable, y precisó que se debe “consignar cuál es la identidad de la persona según el documento que acredite el lugar de residencia, en el caso de que haya perdido la condición de residente”.
“Si ellos consideran que no se pierde la condición de ciudadano, lo lógico sería que uno conserve su identidad natural que es anterior al pasaporte”, razona el letrado, sin embargo, los propios obstáculos impuestos por el poder en lo concerniente a la ciudadanía efectiva y al límite de 24 meses para mantener la condición de residente en el país les juega, en este caso, una mala pasada a los “gestores” del sistema judicial.
La protesta, el juicio, y el amor a pesar de todo
A Mario Josué no lo detienen el día de las protestas, sino horas después. El 12 de julio, por estar en la calle pasado el toque de queda fijado por la pandemia, es arrestado y llevado a Instrucción Penal, centro de detención y torturas de la Seguridad del Estado conocido en Holguín con el mote de “Todo el mundo canta”, por razones obvias.
Allí, delación mediante, lo relacionaron con las personas que se habían manifestado a través de un “conocido” que había estado con él en las protestas.
“Él reconoció que se había ido a la manifestación, pero no había sido convocado y solo había ejercido su derecho a manifestarse”, aseguraron sus familiares.
El “conocido” fue liberado; Mario Josué aún esta en prisión, pero no desde el 12 de julio. Tres días después fue puesto en libertad, supuestamente por falta de pruebas en su contra y una semana más tarde un oficial llegó a su casa porque querían “hablar con él para darle una charla. Y se lo llevan preso”, contó Roxana.
“No se preocupe, mamá -aseguró el oficial a Niurka quien hace el gesto condescendiente imitando al oficial-, yo se lo traigo enseguida, eso es un momentico”.
La madre lo acompañó y estuvo horas en una sala de espera, mientras el guardia le aseguraba que su hijo saldría en cualquier momento, y que no había razón para estar alarmada. Todavía rompe a llorar cuando rememora aquel día.
“Cuando salió, me lo trajeron esposado. Fue una impresión horrible…”, dijo entre lágrimas.
Aquel 23 de julio, el joven pasó a engrosar el subregistro de Justicia 11J que ya suma 1,395 detenidos en relación con las protestas antigubernamentales, de los cuales 728 continúan en prisión. Desde entonces, lo tuvieron en Instrucción Penal un mes, donde contrajo la COVID-19, se desmayaba por la falta de aire y no le daban atención médica porque asumían que fingía perder el conocimiento. Por eso, lo golpeaban en el suelo para que despertara, contaría el propio Mario más tarde a sus allegados.
“No le dejaron pasar la Biblia ni nada, mi hijo cogió la COVID-19 allí, cogió sarna”, dijo la madre mientras la novia precisa que dos veces ha contraído el coronavirus desde que se encuentra en prisión. El activista Edelmer Góngora, detenido entonces por el 11J y que coincidió con él en el hospital de campaña, dijo a CiberCuba que Mario Josué es “un muchacho tranquilo que pasó mala la COVID”.
Finalmente llegó el día del juicio, un proceso en el que la familia había depositado todas sus aspiraciones de justicia, pero, en su lugar encontraron más obstáculos al sueño de la libertad, por el que habían hecho votos de silencio para no complicar la situación legal del joven, pensaron entonces.
Uno de los testigos de la fiscalía alega que Mario Josué lo golpeó, pero no lo reconoció en la sala pues, según la familia todo era “una total mentira”. El testigo cambió su testimonio tres veces y alegó que el reconocimiento facial fue una semana después de transcurridos los sucesos del 11J. Otra mentira -agregan- porque en esa fecha él se encontraba en su casa y el reconocimiento facial a Mario Josué tuvo lugar 19 días después. “El testigo era improvisado y por eso no sabía los detalles”, precisaron.
La familia aseguró que en el juicio no se le comprobó nada, salvo su participación en la manifestación, lo cual el propio acusado nunca negó. “Todos esperábamos que, con la defensa del abogado, que fue intachable, él saliera con una multa o cuando más un año del trabajo a la casa”, dijo la novia.
Sin embargo, el ciudadano español con residencia en Estados Unidos fue sentenciado a 17 años de privación de libertad por sedición, un delito contra la seguridad del Estado por el que también fueron sancionados hasta 20 años de cárcel los restantes 19 manifestantes en Holguín, en lo que constituye el primer fallo por sedición relacionado con las protestas.
Mario y Roxana se encontraban en los preparativos de su boda cuando el 11J les cambió la vida. Esperaban que se estabilizara la nueva normalidad post COVID para dar el “sí” en una ceremonia sencilla con traje blanco ella, y él de cuello y corbata, rodeados de sus seres queridos y de fondo la marcha nupcial.
Ahora los planes han cambiado. En el local de visitas de la prisión provincial donde formalizarán su relación el mes entrante, no se permiten fotos, ni traje blanco ni familiares. La banda sonora es el estrépito de rejas que encierran los gritos de libertad en un país donde hasta soñar está proscrito.
“Esta gente ha acabado con la familia cubana; han acabado con la vida de uno”, piensa en voz alta la madre del preso.
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