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Organizaciones internacionales instaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, a denunciar enérgicamente las violaciones en Cuba en la próxima sesión ordinaria del Consejo de ese organismo para los DD. HH.
“Con siete organizaciones hermanas enviamos carta abierta a la Alta Comisionada Michel Bachelet, instándole a denunciar enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba ante el Consejo de DD. HH. de la ONU. El gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa profundizando una violenta política de represión”, informó este lunes en Twitter la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
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La misiva enviada este lunes está firmada por la Organización No Gubernamental Cubalex, Amnistía Internacional, ARTÍCULO 19 Oficina para México y Centroamérica, el Comité para la Protección de los Periodistas, Human Rights Watch, además del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, junto al Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.
En la carta piden a Bachelet que informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba durante su actualización oral en la próxima 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
También le argumentan que “los cubanos están viviendo una de las peores situaciones de derechos humanos en el país en muchos años”, además de que el actual gobierno en la isla “continúa reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública, mientras los cubanos atraviesan una grave crisis económica que afecta sus derechos sociales y económicos”.
Los firmantes de la carta le expresan, además, que acogieron con beneplácito su declaración del 16 de julio, en la que pidió “la pronta liberación de todos aquellos que habían sido detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones del 11 de julio”.
No obstante, apuntaron, la represión en Cuba contra manifestantes, activistas y periodistas solo se ha profundizado desde julio y que “cientos siguen en detención arbitraria o arresto domiciliario y varios activistas y periodistas independientes se han visto obligados a exiliarse”.
Asimismo, le recordaron que el 24 de enero último, las autoridades cubanas confirmaron que 790 personas habían sido acusadas por diversos delitos penales por las protestas del 11 de julio y que la mayoría de ellas se encuentra en prisión preventiva.
“Los detenidos incluyen a decenas de personas comunes y activistas reconocidos, incluidos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, y el líder del grupo político no oficial de oposición Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García”, expusieron a la Alta Comisionada.
Añadieron en la que carta que “muchas de las personas detenidas durante las manifestaciones del 11 de julio estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante días e incluso semanas”, además de que “fueron objeto de violencia injustificada durante los arrestos y, en algunos casos, fueron maltratadas durante la detención”.
Los firmantes sobre este tema sostuvieron que a algunos detenidos los obligaron a permanecer desnudos en cuclillas, los privaron del sueño, los golpearon brutalmente y los encerraron en celdas sin luz natural donde dicen que perdieron la noción del tiempo, además de que otros fueron amenazados con represalias contra ellos o sus familias por protestar, o puestos en libertad bajo arresto domiciliario o sometidos a intensa vigilancia física y detención si intentaban salir de sus hogares.
Otras de las violaciones que recordaron fue la de los cortes del servicio de internet en toda la isla durante las manifestaciones del 11J y días posteriores, además de una conectividad errática, restricciones en las redes sociales y plataformas de mensajería.
Apuntaron también, entre las violaciones de DD. HH, que tras las protestas decenas de manifestantes fueron condenados con procedimientos penales “sumarios”, establecidos en la legislación cubana por delitos punibles con penas de hasta un año de prisión.
Además, recordaron, que numerosos manifestantes “fueron juzgados conjuntamente, a menudo sin representación legal, en audiencias mayoritariamente a puerta cerrada, en las que los fiscales los acusaron con frecuencia de cometer delitos vagamente definidos, como ‘desórdenes públicos’, basándose únicamente en declaraciones de testigos de agentes de policía”.
Las organizaciones firmantes de la carta a Bachelet expusieron también que desde noviembre las autoridades cubanas realizan los llamados juicios “ordinarios” contra los manifestantes, en los que han condenado a una docena hasta 30 años de prisión.
“Muchos han sido procesados por “sedición” y declarados culpables y sentenciados a severas penas de prisión por presuntamente participar en incidentes, como arrojar piedras durante las protestas”, comentaron, también.
En la carta detallaron que “mientras las autoridades cubanas toman medidas drásticas para castigar a las personas que participaron en las manifestaciones, también han tomado medidas para desmantelar el limitado espacio de libertad que permitió que se llevaran a cabo estas protestas”
En este último sentido, apuntaron que en agosto último el gobierno de Díaz- Canel “hizo público el Decreto Ley 35 y varias normas complementarias, que restringen severamente la libertad de expresión en línea” y que a finales de enero también dio a conocer un proyecto de Código Penal que incluye una disposición que sancionaría con hasta 10 años de prisión a quien proporcione, reciba o tenga fondos “con el fin de sufragar actividades contrarias al Estado y sus derechos constitucionales”.
Esta norma tan ampliamente definida, apuntaron, podría usarse fácilmente para atacar a activistas y periodistas independientes.
Por último, recordaron a la Alta Comisionada que su condena pública es de “vital importancia para proteger los derechos de los cubanos y aumentar la atención internacional sobre la inaceptable represión en el país”.
“Instamos a su oficina a hablar más abiertamente sobre la situación en Cuba y permanecemos a su disposición para discutir las condiciones del país”, concluye la carta.
A finales de enero último, también la activista cubana Saily González pidió a la Alta Comisionada que deje de mirar a otro lado y que intervenga ante las violaciones sistemáticas que están ocurriendo en la isla, donde no existe un Estado de derechos.
González en un video en Twitter exigió también a la embajadora de la Unión Europea en Cuba, Isabel Brilhante Pedrosa, que se ocupe de atender las necesidades del pueblo cubano, no solo de hacer negocios con el régimen, tras los arrestos ocurridos este lunes de activistas y familiares de presos políticos que se solidarizaron con 33 manifestantes del 11J que comenzaron a ser enjuiciados en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana.
“Seguramente la señora Bachelet y la señora Brilhante Pedrosa ya saben que a esas personas se las llevaron violentamente, golpeándolas y que varias de ellas fueron detenidas arbitrariamente por la dictadura cubana, por una dictadura criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos”, expuso la activista en la red social.
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