Juan Enrique Pérez Sánchez, preso por manifestarse en las protestas populares del 11 de julio en Santiago de las Vegas, fue trasladado el viernes último de la prisión Melena II, en Güines, a la de Quivicán, mientras mantiene la huelga de hambre iniciada el pasado 26 de febrero.
Según declaró su esposa, Dayana Aranda Batista, a Radio Televisión Martí, Pérez Sánchez, de 41 años, sigue plantado en huelga de hambre en reclamo de su liberación, y por las pésimas condiciones imperantes en el centro penitenciario.
El pasado 28 de febrero, Aranda Batista manifestó a través de su perfil en Facebook que estaba supermolesta porque el jefe de la prisión la acababa de llamar para comunicarle que su esposo se encontraba plantado desde hacía dos días.
“Ven a buscarme Canel… porque a mí no hay que callarme… a mí lo que hay es que matarme”, fue lo último que le dejó saber el preso político a su pareja, antes de iniciar la huelga de hambre.
Aranda Batista denunció en la entrevista con Radio Televisión Martí que el pasado jueves “sacaron a su esposo alrededor de las seis de la tarde y lo mantuvieron ahí, fuera de la prisión, y casi amaneciendo fue que se lo llevaron. Todo ese tiempo lo mantuvieron afuera de la prisión, aguantando todo ese frío, descalzo, en calzoncillos”.
Dijo que las autoridades del penal han intentado convencerlo de que abandone la huelga, pero él no ha aceptado.
“Él no hizo nada, no mató a nadie, no agredió a nadie. Mi esposo no hizo nada, solamente gritar libertad, viva Cuba libre… Es injusto lo que están haciendo con él”, sentenció Aranda Batista, quien solo pudo verlo 10 minutos durante una visita a la cárcel de Quivicán el propio viernes.
Aseguró que no pudo conversar mucho con él porque “está rebelde, no quiere escuchar. Simplemente, él dice que se mantiene plantado porque no es justa la condena que le bajó”.
Ese mismo día, Aranda Batista recogió la sentencia firme de 8 años de cárcel que le impuso el Tribunal Provincial de Mayabeque a Pérez Sánchez, tras ser acusado en diciembre pasado de delitos que no cometió como desorden público, atentado, propagación de epidemia y desacato. Ella aseguró que apelará el veredicto del tribunal.
Pérez Sánchez es padre de cuatro hijos y tiene varios padecimientos de salud, como asma y una hernia discal.
En los próximos días, otra de las manifestantes pacíficas en las protestas del 11J, que fue violentada por los boinas rojas durante su arresto en Matanzas, Lázara Karenia González Fernández, será llevada ante el tribunal luego de padecer ocho meses de encierro.
Ambos están entre los 869 cubanos que permanecen encarcelados luego del estallido social del 11J, una cifra que se incluye dentro de los 1,007 presos políticos confirmados en Cuba en febrero por la organización Prisoners Defenders.
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