La Organización No Gubernamental Freedom House calificó a Cuba como el país menos libre de América Latina, por proscribir el pluralismo, prohibir los medios independientes y limitar las libertades civiles.
Esa instancia evaluó los Derechos Políticos y Libertades Civiles de los cubanos en una escala de 100 puntos en su último informe Freedom in the World, donde la isla cayó un punto en 2022 con respecto al pasado año, cuando tuvo una puntuación de 13.
"Ahora solo alcanza 12 puntos. Es el peor calificado de la región", señala Freedom House.
Al respecto, dice que en esa baja calificación inciden el acoso en línea, los actos de repudio, el destierro forzado, la prisión domiciliaria y de cárcel, técnicas represivas del Estado que amenazan el trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos.
La organización con sede en Washington afirma en el análisis que "El estado comunista unipartidista de Cuba proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios independientes, inhibe el disenso y limita considerablemente las libertades civiles básicas" y que "el gobierno sigue dominando la economía a pesar de las recientes reformas que permiten algunas actividades del sector privado".
La transición generacional en el liderazgo político del periodo 2018-2021 que incluyó la introducción de una nueva Constitución dejó intacto el carácter no democrático del sistema, que habría entrado en una crisis mayor tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuyas consecuencias incidieron en la actual calificación.
Entre los hechos clave que analiza la actual calificación están las protestas del llamado 11J en todo el país por la escasez de productos, las dificultades económicas y la respuesta del gobierno al Covid-19, detalla el informe.
"Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia y utilizaron fuego real, gas lacrimógeno y porras contra los manifestantes. Los detenidos fueron sometidos a tortura y a tratos degradantes mientras estaban privados de la libertad y fueron objeto de violaciones al debido proceso en el transcurso de los juicios posteriores", denuncia.
Asimismo, cita que el régimen vulnera sistemáticamente el debido proceso y una muestra de ello "lo presentan las causas penales espurias entabladas en contra de disidentes y periodistas independientes".
Dice que los detenidos el 11 de julio de 2021 "sufrieron violaciones al debido proceso, y el Poder Judicial realizó juicios sumarios contra los acusados".
"A principios de agosto se dictaron condenas y sentencias judiciales contra cuarenta personas, aunque ninguna de ellas contó con representación legal. Se informa que en diciembre tuvo lugar una nueva ronda de juicios, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que más de 150 acusados fueron condenados a prisión durante esos procesos. Algunos de los que fueron condenados en diciembre recibieron penas de hasta treinta años", expresa el documento.
También se refiere a la celeridad de los procesos judiciales y a la detención a Luis Robles Elizástigui, luego de haber efectuado una protesta unipersonal en diciembre de 2020. "Aunque fue acusado de “desobediencia” y de difundir “propaganda enemiga”. Su proceso judicial recién se inició en diciembre de 2021 y los fiscales solicitaron una condena de seis años", subraya el informe.
Ejemplifica, además, con la represión contra el Movimiento San Isidro (MSI) y del colectivo de artistas 27N, así como con la reclusión hospitalaria por la fuerza del artista Luis Manuel Otero Alcántra, donde se le obligó a poner fin a una huelga de hambre.
"Se lo detuvo el 11 de julio. El cofundador del MSI, Maykel Castillo Pérez, fue detenido a mediados de mayo. Hacia el final del año, Otero y Castillo continuaban detenidos", explica Freedom House, que también toma en cuenta la firma de Decretos que atentan contra las libertades de los ciudadanos.
También analizó los salarios, las elecciones, y la participación política de los ciudadanos, así como las libertades religiosas, la corrupción y el funcionamiento del gobierno.
Freedom in the World es un informe global anual sobre derechos políticos y libertades civiles, compuesto por calificaciones numéricas y textos descriptivos para cada país y un grupo selecto de territorios.
La edición de 2022 cubrió el desarrollo de estos indicadores en 195 países y 15 territorios desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
La metodología del informe se deriva en gran medida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, con base en la premisa de que estos estándares se aplican a todos los países y territorios, independientemente de su ubicación geográfica, etnia o composición religiosa, o nivel de desarrollo económico.
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