Activistas cubanos por la democracia y los derechos humanos demandaron este domingo en Canadá que la compañía Sherritt cancele sus negocios con el régimen de La Habana, en medio de una creciente movilización de la sociedad civil cubana para exigir a los empresarios extranjeros no ser cómplices de la dictadura militar de partido único que reprime y hambrea al pueblo de Cuba.
“Gracias Toronto. Cubanos que valen oro @CubanosenCanada @IsmaryBacallao siempre dando un paso adelante. Poco a poco todos se suman al #BoicotDictadura @LosMambises”, indicó en Twitter el activista cubano Alberto Fonseca, hermano de Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos presos por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y manifestación durante las históricas protestas del 11J en Cuba.
Sherritt International, una de las compañías extranjeras con mayor presencia en Cuba, opera en una empresa mixta en la importante zona minera de Moa, en la provincia de Holguín. Dedicada a la extracción y procesamiento del níquel, la compañía está en Cuba desde 1991, año en que el dictador Fidel Castro abrió las compuertas a la inversión extranjera, y permitió su entrada para la extracción de níquel y cobalto, así como para la exploración y producción de petróleo y gas.
Con el paso de los años, estos negocios se ampliaron a otros sectores, como la energía eléctrica, la agricultura y el turismo. Sin embargo, a pesar de los precios del níquel en su punto más alto en siete años, Cuba le debe a la empresa canadiense aproximadamente $156 millones de dólares canadienses.
A comienzos de marzo, el gobernante Miguel Díaz-Canel recibió en La Habana al presidente de Sherritt International, Leon Binedell, bajo la presión de los pagos atrasados de Cuba. Un informe económico de la compañía, publicado en febrero, reconocía que continuaba “en conversaciones con sus socios cubanos para acelerar el pago de las cuentas por cobrar vencidas”.
Sin embargo, la prensa oficialista cubana no mencionó este importante asunto durante la visita de Binedell a Díaz-Canel. Un reporte del diario oficialista Granma informó que en el encuentro se dialogó “sobre las potencialidades que existen para (...) profundizar la participación de esta compañía en el desarrollo económico de Cuba, sobre todo en actividades como la minería, la prospección petrolera y la generación de energía".
“Sherritt International es una de las compañías extranjeras que más tiempo lleva operando en Cuba junto con Meliá y sabemos todo el daño que ha hecho, incluso contra el medio ambiente. El gobierno cubano es el accionista mayoritario de la sociedad con Sherritt para la extracción de níquel”, denunció en una directa Ernesto Pérez, coordinador de la plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, frente a las oficinas de la empresa en Toronto.
El activista Ciro Díaz consideró que era “importante sumarse a estas iniciativas de boicot internacionales porque saber que los cubanos alrededor del mundo estamos unidos por una causa común nos hace más fuertes y a la dictadura no le ‘cuadra’ para nada estas cosas”.
“Las compañías siempre están buscando dinero, pero tienen que saber que el dinero no va a llegar de la mano de la esclavitud del pueblo de Cuba. Es importante decir que esto es parte de una campaña internacional que va a continuar”, añadió el también músico, indicando que en Roma, Madrid y New York también se habían manifestado los cubanos en contra de Meliá y las empresas extranjeras cómplices de la dictadura.
Bajo el lema de “Sherritt hace negocios con violadores de los derechos humanos”, los activistas cubanos se congregaron frente a sus oficinas y pegaron carteles en el entorno de la misma, denunciando la complicidad de la empresa con el régimen cubano.
Sherritt es líder mundial en la extracción y refinación de níquel y cobalto, metales esenciales para la creciente adopción de vehículos eléctricos. En 2020 produjo 31,506 toneladas de níquel en Moa, cifra ligeramente inferior a la proyección de entre 32,000 y 33,000 toneladas.
Las deudas de Cuba con la compañía vienen arrastrándose desde hace muchos años. En 2019 el gobierno cubano se comprometió a liquidar una deuda de $150 millones de dólares, informó entonces el Financial Post. En noviembre del pasado año, Díaz-Canel le ofreció a Binedell una garantía personal de que su gobierno, con serios problemas de liquidez, seguiría pagando sus facturas.
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