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Las condenas impuestas en primera instancia a nueve de los acusados por su participación en las protestas masivas antigubernamentales el 12 de julio, en La Güinera, fueron ratificadas en el juicio de casación.
Aunque el tribunal rebajó las penas a otros nueve manifestantes de esa localidad habanera, perteneciente al municipio de Arroyo Naranjo, en todos los casos mantuvo las condenas por el delito de sedición.
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Según la sentencia emitida el pasado 20 de junio por la Sala de los delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo, a la que CiberCuba pudo tener acceso, los manifestantes “tenían como fin perturbar el orden socioeconómico y político vigente”.
El tribunal alegó que no existían razones fundadas que aconsejaran modificar las penas impuestas por los jueces, por lo que mantuvo las sanciones de privación de libertad a los manifestantes Yurema Ramos Abad (12 años), Yaquelín Castillo García (11), Rolier Salazar González (12), Dayán Jesús Ramírez Rondón (10), Amaury Fernández Martínez (14), Juan Walberto Verdecia Rodríguez (14), Alejaime Lambert Reyes (12), José Luis Castillo De La Torre (11) y Andrius López Fragosa (14).
En el caso de los manifestantes Liliana Oropesa Ferrer, condenada en principio a nueve años de prisión, y Wilfredo Limonta Mesa, a siete años, el tribunal dijo tener en cuenta la juventud de los acusados (ambos de 20 años al momento de las protestas), y redujo sus sanciones a cinco años de privación de libertad con trabajo correccional con internamiento.
También, aseguró tener en consideración la edad de Luis Miguel Oña Jiménez (23 años), al disminuir en dos años su condena inicial de 14.
Sin embargo, Elyan Seguí Cruz, de solo 21 años, fue condenado a ocho años de prisión, de una sentencia inicial de 10 años, aun cuando aseguró no haber estado en el lugar de las protestas.
Al manifestante Carlos Alberto Hernández, de 23 años, quien, según el tribunal, admitió haber lanzado una piedra en las protestas, le rebajaron la condena de 14 a cinco años de prisión.
En el caso de Arielvis Rill Baró la condena inicial de 11 años de prisión fue rebajada a siete porque, según el tribunal, el manifestante contaba con “más experiencia para entender la gravedad de sus actos”.
También el manifestante Osvaldo Lugo Pita, condenado inicialmente a 14 años, vio su condena reducida a 12 años; mientras que a la joven Mackyani Yosney Román Rodríguez, de 23 años, quien no presentó recurso de casación, le fue rebajada en dos años de los 12 iniciales.
Por último, el joven de 24 años Germán Barrenechea Echevarría, condenado inicialmente a 10 años, obtuvo una nueva sentencia de cinco años de privación de libertad con trabajo correccional sin internamiento, por ser un trabajador de la salud.
En La Güinera, una localidad pobre y racializada en los márgenes de La Habana, centenares de personas salieron a manifestarse el 12 de julio en contra del desabastecimiento, la ausencia de libertades y la represión gubernamental.
Durante la manifestación en esa localidad, un policía disparó a la multitud y mató al joven Diubis Laurencio Tejeda, el único fallecido reconocido oficialmente por las autoridades cubanas entre las víctimas de la represión del 11J.
Según Salomé García Bacallao, miembro de la articulación de apoyo a los manifestantes Justicia 11J, a los que protestaron en La Güinera, “donde la policía asesinó por la espalda a Laurencio Tejeda, los están acusando de sedición, porque son todos testigos de ese asesinato, de la violencia que allí se desató cuando se aparecieron las boinas negras con los perros y con los rifles”.
A principios de mayo, cinco de los manifestantes menores de edad, presos por participar en las protestas en La Güinera, fueron excarcelados y pasaron a cumplir sanciones sin internamiento.
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