El allanamiento y registro de la mansión del expresidente Donald Trump en Florida fueron ordenados para buscar documentos clasificados sobre armas nucleares, revelaron este jueves fuentes familiarizadas con la investigación al diario The Washington Post.
Expertos en información clasificada dijeron al periódico estadounidense que la inédita operación de rastreo en Mar-a-Lago al amanecer del pasado lunes se produjo ante "la profunda preocupación entre los funcionarios del gobierno" sobre la información sensible que podría estar en documentos localizados en la casa de Trump y potencialmente en peligro de caer en "manos equivocadas".
En un extenso artículo que ocupó titulares en las publicaciones y noticieros nocturnos de Estados Unidos, las fuentes citadas describieron el material que los agentes estaban buscando como parte de la investigación en curso del Departamento de Justicia contra el expresidente.
El reporte no ofreció detalles adicionales sobre si la información incluyó armas pertenecientes a Estados Unidos o a algún otra país, o si los documentos fueron recuperados como parte del registro, pero el hecho resulta altamente perturbador en el panorama político y para la estrategia militar de Washington en un momento particularmente complejo en el mapa internacional.
El material sobre armas nucleares está restringido a un pequeño número de funcionarios del gobierno y, de acuerdo con especialistas citados por el Washington Post, los detalles sobre armas de Estados Unidos podrían proporcionar una hoja de ruta de inteligencia a los adversarios que buscan contrarrestar su sistema nuclear, a la vez que otros países podrían sentirse amenazados con la develación de sus secretos nucleares.
Aunque el Departamento de Justicia y el FBI declinaron comentar sobre la revelación y tampoco se ha producido ninguna reacción de la Casa Blanca, un exalto funcionario gubernamental que supervisó investigaciones sobre filtraciones de información secreta, explicó las razones que habrían obligado a las autoridades a actuar con rapidez y determinación en el operativo.
David Laufman, exjefe de la Sección de Contrainteligencia del Departamento de Justicia, sugirió al periódico que la seguridad nacional podría estar comprometida con semejantes documentos fuera de estricto control.
"Si eso es cierto, sugeriría que el material ilegalmente guardado en Mar-a-Lago puede haber sido restringido al más alto nivel de clasificación", dijo Lauffman. "Si el FBI y el Departamento de Justicia creyeran que todavía hay material de alto secreto en Mar-a-Lago, eso se prestaría a una mayor motivación y a una máxima presión para recuperar ese material lo antes posible".
La difusión del supuesto contenido de los documentos localizados en la mansión del expresidente se produjo en una tensa jornada de acontecimientos en la vida del país, marcada incluso por un fallido intento de penetrar en el edificio del FBI en Cincinnati, Ohio, protagonizado por un hombre armado con un fusil AR-15.
El asaltante fue perseguido tras huir del lugar y murió en un enfrentamiento a tiros con los agentes policiales. Su identidad no ha sido oficialmente revelada aún, pero fuentes locales asociadas al incidente dijeron a medios de prensa que se trataba de Ricky Shiffer, un partidario de Trump que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Casi simultáneamente, el Secretario de Justicia, Merrick Garland, hizo una comparecencia pública para anunciar que él había autorizado personalmente la decisión de solicitar la orden judicial del registro en Mar-a-Lago.
Garland defendió la legalidad del operativo y aseguró que este tipo de decisión no se toma a la ligera, considerando siempre "procedimientos menos intrusivos".
“Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, afirmó Garland, que criticó las incitaciones a la violencia promovidas por partidarios de Trump.
Garland habló poco después de que abogados del Departamento de Justicia presentaran una moción en un tribunal federal de Miami para divulgar públicamente la orden de registro en el caso de Trump, luego de que el expresidente diera a conocer, casi en tiempo real, el operativo en su mansión en Florida.
"El evidente y poderoso interés público por entender lo que ocurrió en estas circunstancias pesa fuertemente a favor de develar la orden de registro", dice la moción, de seis páginas. La acción legal tiene lugar en el Distrito Sur de Florida, pues el área de Palm Beach, donde se halla Mar-a-Lago, pertenece a esta jurisdicción federal.
"El expresidente debe tener la oportunidad de responder a esta moción y presentar objeciones, incluso con respecto a cualquier "interés legítimo de privacidad" o el potencial de otro "perjuicio" si estos materiales se hacen públicos", indica la moción.
Trump tiene hasta las 3 p.m. de este viernes para responder la moción, pero no necesitó tanto tiempo para tomar la decisión y difundirla públicamente, con duras acusaciones contra el gobierno y sus adversarios demócratas.
"No sólo no me opondré a la publicación de los documentos relacionados con la redada y el allanamiento antiamericano, injustificado e innecesario de mi casa en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, sino que voy a ir un paso más allá al ALENTAR la publicación inmediata de esos documentos", dijo Trump en un comunicado emitido a la medianoche.
La declaración de Trump afirma que los documentos "han sido elaborados por demócratas de izquierda radical y posibles futuros oponentes políticos, que tienen un fuerte y poderoso interés en atacarme, como lo han hecho durante los últimos seis años".
"¡Publiquen los documentos ya!", concluyó el mensaje.
Las revelaciones de The Washington Post y la moción en curso no hacen más que avivar la tormenta política que se desató esta semana tras conocerse el operativo del FBI, polarizando aún más las diferencias entre partidarios y opositores de Trump en un país profundamente dividido.
El registro del lunes en Mar-a-Lago desencadenó una avalancha de manifestaciones en espacios públicos y en las redes sociales, incluso con alarmantes llamados a ajustarle cuentas a los agentes del FBI, a su director, Christopher Wray, y al juez Bruce Reinhart, quien emitó la orden de registro. Tanto Wray como Reinhart fueron nombrados durante la presidencia de Trump.
El miércoles Wray tuvo duras palabras contra los partidarios de Trump que han usado una retórica violenta para criticar el operativo, y calificó de "deplorables y peligrosas" las amenazas que circulan por internet contra los agentes federales y el Departamento de Justicia.
"La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, independientemente de con quién se esté molesto", dijo Wray.
La investigación sobre la manipulación indebida de documentos comenzó hace meses, cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros solicitó a Trump la devolución de material que se llevó a Mar-a-Lago tras su salida de la Casa Blanca. El pasado enero se devolvieron 15 cajas de documentos y objetos, algunos con la marca de clasificados.
Las informaciones filtradas indican que entre los documentos recuperados entonces había material de inteligencia altamente sensible, como comunicaciones electrónicas interceptadas, correos electrónicos y llamadas telefónicas de líderes extranjeros. Esta fue al parecer la pista que llevó al Departamento de Justicia a ampliar su investigación.
Esta semana Trump también compareció en una audiencia ante la fiscalía estatal de Nueva York, que tiene abierta una investigación civil sobre las operaciones financieras de los negocios del expresidente. Pero Trump decidió finalmente no responder ninguna pregunta y se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege el derecho a no incriminarse.
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