Un Tribunal de Apelaciones revirtió este miércoles una decisión favorable al expresidente Donald Trump y dio luz verde para que el Departamento de Justicia reanude la investigación penal sobre los documentos incautados por el FBI durante el allanamiento a la mansión de Mar-a-Lago.
El fallo del Onceno Circuito de Atlanta, emitido por un panel de tres jueces, considera que fue errónea la decisión de la jueza del tribunal de distrito, Aileen Cannon, al bloquear el acceso de los fiscales federales a aproximadamente 100 documentos clasificados y superclasificados que se ocuparon en el registro de la residencia del expresidente, el pasado agosto.
"Por nuestra parte, no podemos discernir por qué el demandante tendría un interés individual o una necesidad de cualquiera de los 100 documentos con marcas de clasificación", escribieron los jueces en un dictamen de 29 páginas.
El fallo fue tajante respecto a la preocupación manifiesta de Cannon para mantener los documentos incautados bajo estricto hermetismo, aludiendo a la necesidad de protección para evitar filtraciones de los contenidos.
"Permitir que Estados Unidos conserve los documentos no sugiere que vayan a ser divulgados; de hecho, uno de los propósitos de los esfuerzos de Estados Unidos en la investigación de los documentos clasificados recuperados es limitar la divulgación no autorizada de la información que contienen (…) No solo eso, sino que cualquier funcionario autorizado que haga una divulgación indebida se arriesga a su propia responsabilidad penal", indicó el panel judicial.
Los jueces observaron que Trump ni siquiera ha intentado demostrar que tiene necesidad de conocer la información contenida en los documentos clasificados.
"Tampoco ha establecido que la actual administración haya renunciado al requisito de clasificación para estos documentos", señaló el dictamen.
La decisión asesta un duro golpe a Trump en una jornada que sumó otro contratiempo legal cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra el expresidente y tres de sus hijos por presunto fraude en los negocios familiares. La acción legal reclama que el clan familiar pague $250 millones de dólares en multas y trata de impedir para siempre que los Trump administren negocios en Nueva York.
La contundencia del fallo judicial de este miércoles deja escaso margen al equipo legal de Trump para tratar de detener la investigación del Departamento de Justicia. La opción de pedir al pleno de 12 jueces del Tribunal de Apelaciones que reevalúe la moción del gobierno no parece muy viable, por lo que Trump pudiera saltarse ese trámite y solicitar una ayuda de emergencia a la Corte Suprema de la nación.
La nota singular del trío de jueces de Atlanta que emitieron el dictamen, es que dos de ellos, Andrew Brasher y Britt Grant, fueron nombrados para el tribunal por el propio Trump. El tercero, Robin Rosenbaum, fue nombrado por el presidente Barack Obama.
Perito especial con poca paciencia
El veredicto de Atlanta se produce apenas 24 horas después de una audiencia crucial de los abogados de Trump y los fiscales del Departamento de Justicia con el perito especial designado por la jueza Cannon para determinar si los 11,000 documentos sacados de Mar-a-Lago por el FBI, incluyendo los 100 altamente sensibles, estaban en legítima posesión del exmandatario.
La vista del martes no pareció inclinarse hacia la solicitud de Trump, a pesar de que el perito designado, el juez federal superior Raymond Dearie, fue propuesto por la representación legal del expresidente.
Dearie, un veterano juez nombrado por Ronald Reagan, cuestionó duramente a los abogados de Trump en una sala de Nueva York y pidió con insistencia pruebas fehacientes de que los documentos hallados en Mar-a-Lago habían sido desclasificados por el expresidente.
"Mi punto de vista es que no puedes tener tu pastel y comértelo", dijo Dearie, que no ocultó su molestia cuando los abogados de Trump trataban de esquivar sus reclamos puntuales, según reportes de varios medios estadounidenses.
Trump asegura que los 11,000 documentos ocupados durante el registro del FBI a su mansión no eran todos clasificados y algunos con la marca de designación secreta ya habían sido desclasificados por él.
Pero Dearie se enfureció ante el esfuerzo de los abogados de Trump por resistirse a su petición de pruebas de que Trump realmente intentó desclasificar alguno de los 100 documentos considerados de máxima importancia para la seguridad nacional.
Dearie debe pronunciar un dictamen sobre su evaluación en los próximos días.
Un testimonio de altos quilates
A última hora del miércoles se confirmó que Virginia "Ginni" Thomas, esposa del juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas, accedió voluntariamente a testificar ante el Comité Especial del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
"Puedo confirmar que Ginni Thomas ha aceptado participar en una entrevista voluntaria con el Comité. Como ha dicho desde el principio, la señora Thomas está deseando responder a las preguntas del Comité para aclarar cualquier idea errónea sobre su trabajo relacionado con las elecciones de 2020. Ella espera esa oportunidad", dijo su abogado Mark Paoletta en un comunicado.
El Comité Especial del Congreso sobre los acontecimientos del 6 de enero anunció una audiencia para el próximo 28 de septiembre a la 1 p.m.
Aunque la noticia no está directamente relacionada con los recientes asuntos judiciales de Trump, no resulta un hecho muy alentador para la enredadera de tramas que rodean sus últimas jornadas en la Casa Blanca.
Ginni Thomas figura entre las personalidades de la alta política estadounidense que presionaron activamente para anular la elección presidencial de 2020.
El comité solicitó entrevista con ella el pasado junio, luego de que saltara a la luz que había intercambiado mensajes de texto con Mark Meadows, el entonces jefe de personal de la Casa Blanca. En los mensajes, Thomas instaba a Meadows a realizar ingentes esfuerzos para impugnar la victoria de Joe Biden en las urnas e impedir la certificación del Colegio Electoral el 6 de enero.
La disposición de Thomas a declarar ante el Comité Especial marca un punto de giro en su postura. Con anterioridad, su abogado ya había rechazado la posibilidad de su testimonio en una carta enviada a los legisladores a fines de junio.
"No es entendible la necesidad de hablar con Thomas", dijo Paoletta, que manifestó entonces "serias preocupaciones" sobre la entrevista solicitada por el comité investigador.
No está claro si la entrevista de Thomas será en una fecha previa a la audiencia congresional del próximo miércoles 28.
Hasta ahora se conoce que la audiencia cubrirá nueva evidencia que el panel aún no ha compartido con el público, probablemente con pruebas vinculadas al ex vicepresidente Mike Pence, quien enfrentó presiones e insultos de Trump en su intento por invalidar las elecciones de 2020.
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