Maydelín Padrón Fernández, la madre del preso político Andy Boza Padrón, denunció las torturas y vejaciones cometidas contra los manifestantes del 11 de julio que fueron encarcelados el pasado año.
En declaraciones al portal de noticias Cubanet, la mujer recordó los primeros días tras la detención de su hijo en San Miguel del Padrón, cuando fue transferido a la prisión de jóvenes del municipio Cotorro conocida como Ivanov.
Allí los manifestantes detenidos fueron golpeados brutalmente durante una semana consecutiva, hasta que le partieron el brazo a uno y frenaron las golpizas, relató.
Cuenta que estos hechos se repetían a lo largo del día y a cualquier hora. Cuando sentían rugir las cadenas todos se amontonaban, porque sabían lo que iba para arriba de ellos, comentó.
Dijo que a su hijo, un joven de 26 años, le dieron un golpe tan duro con una tonfa que se desmayó, y mientras volvía en sí sentía cómo lo halaban por el pelo y lo golpeaban mientras una voz que a él se le hacía lejana gritaba dala más duro, mátalo, mátalo, que si se muere decimos que fue de Covid-19.
Comentó que cuando los manifestantes del llamado 11J llegaron a Ivanov los esperaba un túnel de soldados de Tropas Especiales, que los apaleó al pasar entre ellos, y esta se convirtió en una rutina que practicaban contra los prisioneros a cualquier hora del día y la noche.
Al mediodía los obligaban a desnudarse y los paraban al sol mientras los soldados les gritaban que "les meterían las tonfas por el culo", se escucha en el audio de la conversación sostenida entre la madre y el medio de prensa.
Durante esa semana, hasta que le partieron el brazo a un manifestante, los prisioneros no pudieron hablar con sus familiares. Solo una semana después pudieron comunicarse durante un minuto bajo la presencia de un militar y fueron autorizadas las primeras visitas a los 15 días.
Padrón Fernández recuerda que esa primera vez los oficiales no dejaron a las familias abrazar a los prisioneros, lo que ella atribuye a un intento porque nadie notara los golpes y dolores que padecían estos a causa de las golpizas.
A las familias cuyos prisioneros debieron ser hospitalizados tras los abusos, les informaron que estos se encontraban enfermos de Covid-19, señaló.
El joven posteriormente fue llevado a la cárcel Jóvenes de Occidente ―antigua prisión de mujeres Manto Negro―, donde lo dejaron alrededor de seis meses; y ahora se encuentra en la prisión de Valle Grande.
En el juicio, celebrado en el Tribunal Popular Municipal de Arroyo Naranjo los días 1 y 2 de agosto de 2022, Boza Padrón fue condenado a nueve años de cárcel por los delitos de desacato, instigación a delinquir, atentado y desorden público.
Comenta que al momento de las protestas antigubernamentales que sacudieron Cuba el 11 de julio del pasado año el joven trabajaba como estibador en el molino Turcios Lima, de Regla, y era el sostén de su casa.
Desde entonces, ella y su hija atraviesan dificultades económicas en un contexto de creciente inflación y escasez en el país, informó Cubanet, medio que ha documentado decenas casos de abusos contra los llamados Manifestantes del 11J.
Recientemente trascendió que el Tribunal Popular Municipal de Arroyo Naranjo ratificó hasta diez años de cárcel las sentencias a 14 personas que protestaron en San Miguel del Padrón, incluida la de Boza Padrón a nueve años.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo al respecto que "15 meses después del 11J, el régimen habría condenado a 14 manifestantes a hasta 10 años de prisión en San Miguel del Padrón por, simplemente, insultar a políticos" e instó al régimen a respetar la libertad de expresión y liberarlos de inmediato.
Maidelín Padrón, la madre del prisionero, dijo entonces que había una inconformidad muy grande con los dictámenes, y que los abogados "estaban gestionando que la Apelación fuera en juicio oral y no por escrito como otras que han hecho".
"Todos estamos descontentos por la forma en que se llevó a cabo el proceso: como si fueran criminales y no lo son. Al juicio solo pude entrar yo, al padre no lo dejaron porque era una sola persona. Los familiares teníamos que estar a varias cuadras del juzgado hasta que nos fueron a buscar para que presenciáramos el juicio", comentó.
A principios de agosto, la ONG Prisoners Defender informó que 1.251 cubanos han estado encarcelados por motivos políticos desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio de 2022.
La cifra aumentó drásticamente tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla, cuando entraron a las prisiones 979 personas y estas pasaron a engrosar la lista de 272 prisioneros políticos que ya había al inicio del mes de agosto del año pasado, para un total de 1.251 detenidos, destacó la organización.
Algunos ya han sido liberados y actualmente hay 1.002 prisioneros políticos y de conciencia encarcelados, "sufriendo condenas judiciales, así como disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías, sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso", apuntó la organización con sede en España.
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