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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la falta de imparcialidad de los jueces cubanos, cuya complicidad con el régimen en redes sociales es propia de "activistas" políticos, en detrimento de la noción de justicia.
Así lo ilustra el más reciente informe de la ONG con sede en Madrid, publicado este lunes, que realiza un muestreo fundamentalmente de tuits de letrados activos, para concluir que “hay una parcialización de los jueces cubanos y su papel instrumental al régimen se ha demostrado de forma indubitada tras los procesos judiciales que intentaron legitimar la cruenta represión estatal desplegada después de las protestas de julio de 2021”.
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Lo anterior explica “la falta de garantías y muestras claras de la falta de independencia e imparcialidad de los jueces cubanos” durante los juicios que siguieron las históricas manifestaciones gubernamentales, señala la ONG con sede en Madrid.
Al mismo tiempo, asegura que, el sistema judicial cubano, lejos de promover la abstención de los jueces de participar en actividades políticas y expresarse políticamente en público (en formas que puedan comprometer la percepción sobre su imparcialidad o independencia), estimula lo contrario.
Partiendo de un desglose de principios jurídicos, OCDH menciona la división de poderes, la independencia de tribunales y la imparcialidad de los letrados como garantes del estado de derecho y los derechos humanos.
Asimismo, cita los principios de Bangalore que establecen que los jueces no solo deben estar libres “de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes”, sino que también deben tener “apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.
Sin embargo, en Cuba, los jueces tienen como norma plegarse públicamente al poder establecido, afirma el estudio que sostiene como principal obstáculo en la impartición de justicia “la ausencia de un sistema de separación de poderes y de un Estado de derecho”.
Esto sucede, explica el texto, porque el ordenamiento jurídico cubano sostiene la existencia de un sistema de “unidad de poder”, basado en la supuesta subordinación de todas las ramas del Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y todo ello al Partido Comunista.
Más aun, las directrices que rigen su trabajo, como es el caso del Código de ética judicial, condicionan el desempeño laboral y social a la “lealtad a la Patria y a la Revolución Socialista”.
Por tanto, agrega el documento, “desde la propia declaración de principios éticos del sistema de tribunales se establece como un requisito la parcialización y la dependencia de los jueces cubanos”.
Los funcionarios y jueces cubanos en redes sociales, y hasta la manera en se presentan en las biografías de sus perfiles, donde se manifiestan como ‘políticos’, ‘comunistas’ y ‘fidelistas’, y exhiben “obediencia absoluta a la Revolución, a la única ideología permitida y al líder histórico de ese proceso: Fidel Castro Ruz”, precisa el texto.
Para probarlo, OCDH incluye declaraciones de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), cuando en una reunión declaró que “los jueces cubanos ‘no son los jueces del enemigo’, sino de la revolución y el partido”, recoge el texto.
Lo anterior es entendido por el OCDH como “un elemento probatorio de la subordinación del poder judicial al Partido Comunista de Cuba” que, vista en la interacción en redes sociales, implica la participación en el activismo político.
“Son activistas del PCC. Esto atenta contra el derecho de una persona a ser escuchado por un juez independiente, lo cual es uno de los principios esenciales del debido proceso”, afirmó el OCDH.
La alianza Jurisprudencia-Partido, lleva a los jueces a expresarse “en contra de quienes se oponen a ese modelo de pensamiento y al régimen político. Los anteriores pronunciamientos no son simples discrepancias ideológicas, sino declaraciones de guerra contra potenciales justiciables, que a priori consideran ‘enemigos’”, asegura el texto.
De ahí que la principal fuente de influencias en el sistema de tribunales son las decisiones del Partido Comunista y de sus órganos de control a quienes los letrados deben jurar lealtad por encima de todo, incluso de la propia noción de justicia que supuestamente defienden.
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