El gobierno de Bolivia justificó la orden de expulsión que cursó al activista cubano por la democracia, Magdiel Jorge Castro, indicando que los residentes extranjeros en el país andino "no pueden interferir en cuestiones políticas de un [tercer] país".
“En Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”, zanjó el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo del Castillo, ante los periodistas intersados por la decisión de su gobierno, que atenta contra los derechos humanos fundamentales de un residente extranjero en el país andino.
Este lunes, el activista -residente en Bolivia desde octubre de 2019- denunció que el gobierno de ese país le entregó una Notificación de Salida Obligatoria, decretando su expulsión del país en un plazo de 15 días y otorgándole tres días hábiles para presentar el correspondiente Recurso Revocatorio de la salida obligatoria.
"Cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal vigente. Si la Dirección General de Migración ha determinado que estos sujetos han incumplido las normas bolivianas, por tanto, tienen que retirarse del país”, afirmó el abogado y político boliviano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio.
Magdiel (Mag Jorge Castro en redes sociales) es uno de los tuiteros cubanos más seguidos en la plataforma de microblogging, donde desarrolla una constante actividad crítica contra el régimen cubano y visibiliza la represión, persecución política y la crisis de Cuba, apuntando a sus responsables y denunciando a la dictadura.
En un tuit publicado este miércoles, el cubano le recordó al ministro boliviano que su activismo "es por la democracia en Cuba, soy ciudadano cubano con todo el derecho a expresarme sobre mi país. ¡Esto es una arbitrariedad!".
En otro, del día anterior, el activista invitó "al órgano migratorio del Estado Plurinacional de Bolivia a mostrar una sola publicación en mis redes sociales en la que yo haya 'alterado el orden público' que justifique una expulsión en quince días".
Miembro del equipo de CiberCuba, excoordinador de la plataforma Archipiélago y biólogo de formación denunció que el Estado Plurinacional de Bolivia había decretado su expulsión, marcando un “precedente nefasto” en la región con la Resolución Administrativa de Salida Obligatoria Nro. SCD-562122.
“Cualquier ciudadano que interrumpa nuestra normativa (sic), que cometa falta o contravenciones, o incluso delitos, va a tener que cumplir las sanciones correspondientes”, expresó el graduado de derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y militante del Movimiento al Socialismo (MAS) durante 15 años.
Magdiel, cuyo activismo forma parte de su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Cuba, sostiene que nunca ha interferido en los asuntos internos de Bolivia, Cuba o Estado alguno, sino que ha ejercido su libertad de expresión como parte de la sociedad civil cubana en el exilio.
“¿Tener una opinión crítica en relación con X gobierno es un delito en el país, ministro?”, le preguntó uno de los periodistas que atendían las declaraciones de Castillo del Carpio.
“No es ningún delito. Está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país. O yo les pregunto: si un boliviano va a los Estados unidos, ¿puede opinar libremente contra el gobierno de los Estados Unidos? No puede”, argumentó el titular de 37 años.
Ante la fuga por la tangente, el periodista le precisó que la opinión de Magdiel es “contra su gobierno, contra el gobierno cubano ministro”. Pero Castillo del Carpio no se salió de su guion para justificar una decisión que según Amnistía Internacional es un “acto arbitrario” que sienta un “nefasto precedente de persecución contra defensores de Derechos Humanos” en la región.
Este lunes, el activista cubano denunció que “el Estado Plurinacional de Bolivia está utilizando sus oficinas públicas para otorgarle a La Habana el derecho de expulsar de una democracia, como es Bolivia, a un ciudadano por sus opiniones políticas”.
“Es bochornoso con las instituciones públicas de este país y con la democracia boliviana que se utilice un espacio como la Oficina Nacional de Migración para que el gobierno cubano coarte la libertad de expresión de sus ciudadanos en el exterior a través de expulsiones políticas”, insistió Magdiel.
A mediados de septiembre, la República de Cuba y el Estado Plurinacional de Bolivia celebraron en La Habana la II Ronda de Conversaciones sobre Temas Migratorios entre ambos países.
Durante el encuentro las delegaciones cubana y boliviana revisaron el comportamiento del flujo migratorio entre los dos países, en medio de "un ambiente cordial y de cooperación, en concordancia con el buen estado de las relaciones bilaterales"; según refirió el MINREX en un comunicado oficial.
Ambas partes expresaron su voluntad de “fortalecer mecanismos operativos e integrales de colaboración bilateral en el ámbito migratorio, consular y de enfrentamiento a fenómenos como la trata de personas y el tráfico de migrantes, así como garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro”.
El gobierno de Luis Alberto Arce es un aliado político del régimen cubano desde la llegada al poder del MAS de la mano del expresidente Evo Morales. Recientemente, el mandatario boliviano estuvo en La Habana para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ocasión en la que se reunió con el gobernante designado cubano Miguel Díaz-Canel.
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