Autoridades cubanas desalojaron al menos a 60 familias de la hermosa playa La Herradura, en la provincia de Las Tunas, y demolieron varias viviendas, confirmaron residentes del lugar.
"Mi papá vive en la playa y hoy amaneció La Herradura llena de policías" e informaron que demolerán "las casitas del monte que muchas personas hicieron para asegurar terreno en la zona", afirmó una publicación en Facebook.
Según la información, a las 2:00 a.m. de la madrugada, efectivos de la policía comenzaron "derrumbando las casas nuevas que se hicieron en el monte", y en la mañana ya habían demolido cinco casas que daban a un parque eólico asentado en ese territorio.
Aimé Barea, una de las afectadas, denunció lo que consideró "un abuso".
"Yo tengo mi niño de 11 años que hacía seis años no lo llevaba por su situación de salud y problema en la piel que en horario de la mañana no puede aguantar sol. Y mi niño estaba feliz de tener su casita en la playa para bañarse en horario de la tarde", comentó la mujer.
Dijo que el menor lloró "como nunca porque ya no podrá visitar esa playa porque sus padres somos unos muertos de hambre que no tenemos para pagar un alquiler diario de 2,500 pesos para veranear. ¿Quién le robó eso sueño a mi niño? Esta revolución. Ya no aguantamos más atropello y tanto abuso hacia el pueblo cubano", expresó indignada.
El internauta Jonatha Cortador también publicó en Twitter las imágenes de las casas que serían derribadas, la mayoría de madera, pisos de tierra y cocinas improvisadas de leña asentadas en el monte.
Dijo que las casitas fueron "hechas con tremendo sacrificio por sus pobladores" y ahora el gobierno asegura que "es zona de cangrejos".
"A mi hijo hay que matarlo para tumbarle la casa", comentó una madre en su publicación.
Otra cubana aseguró en un post de Facebook que las fuerzas policiales no dejaban entrar ni salir a nadie de la zona y que habían cortado el servicio de internet para que no se hicieran denuncias en directo.
Si bien los residentes indican que no tienen propiedad de los terrenos, sospechan de las intenciones del gobierno, que en el último año ha desalojado varias playas para la construcción de instalaciones turísticas.
Además, hace apenas un mes, en diciembre pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobó la Ley "De la expropiación por razones de utilidad pública o interés social".
Después de aprobada esa normativa fueron desalojados decenas de familias de La Boca –otra de las impresionantes playas de Las Tunas–, porque presuntamente habían construido viviendas sobre la duna de arena y ejercían un negativo impacto medioambiental.
El catálogo de lo que puede constituir "de utilidad pública o interés social" es bastante amplio, según la norma, que da a los poderes públicos reconocidos legalmente un amplio margen para justificar sus consideraciones a la hora de proceder a una expropiación.
En un contexto marcado por el éxodo masivo de cubanos que emigran huyendo de la crisis en Cuba –dejando atrás bienes y propiedades que, en ocasiones se transfieren a otros propietarios sin garantías de seguridad jurídica–, la adopción de una Ley de expropiación como la aprobada viene a fragilizar aún más las relaciones entre los ciudadanos cubanos y el Estado que, de manera patente, prioriza sus intereses y posición en el poder sobre la “utilidad pública o interés social”.
Antes de la ley el Estado también expropiaba. Sin embargo, a pesar de tener esa potestad, el Estado socialista cubano decidió legislar sobre la cuestión para "ofrecer más garantías frente a la administración y regular la actuación de la misma".
El pasado año el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, amenazó con demoler las casas de los habitantes de poblados costeros del municipio de Ciénaga de Zapata, en Matanzas, y pidió a las autoridades tener mano firme, especialmente en los asentamientos de Playa Larga.
Un mes después el gobierno declaró Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, como "zona de regulaciones especiales" de "preferente uso turístico", a través de un acuerdo del Consejo de Ministros que da prioridad al Estado para construir más hoteles.
Usuarios en las redes sociales también denunciaron en 2021 el desalojo de familias en el poblado costero El Ramón de Antilla, en la oriental provincia de Holguín, como parte de un ambicioso plan de desarrollo turístico en la zona liderado por Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
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