Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue declarado culpable de narcotráfico este martes en un juzgado de Estados Unidos.
El que fuera uno de los funcionarios de mayor rango de las fuerzas del orden en México fue condenado por un jurado federal en Brooklyn por participar en una empresa delictiva continuada y recibir millonarios sobornos en efectivo del cártel de Sinaloa, según informó un comunicado oficial de la Oficina del Fiscal General del Distrito Este de Nueva York.
García Luna fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputan por su participación en una empresa criminal continua que incluye seis violaciones relacionadas con drogas, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas.
El veredicto se dictó luego de tras cuatro semanas de juicio ante el juez de distrito Brian M. Cogan. Por las acusaciones por las que fuera condenado este martes, Luna se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
"García Luna, que una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días habiendo sido revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga", declaró Breon Peace, el fiscal del Distrito Este de Nueva York.
Peace agregó en el comunicado que García Luna aceptó millones de dólares "manchados con la sangre de las guerras de los cárteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México" para proteger a los delincuentes que aseguró investigar.
"La condena de hoy de Genaro García Luna demuestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que se dedican al narcotráfico y la violencia", dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram.
La investigación conducida por los agentes estadounidenses expuso que de 2006 a 2012, García Luna fue el máximo responsable de la aplicación de la ley en México, al ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Pública y, como tal, controlaba la Policía Federal de México.
Durante esos años, García Luna facilitaba el paso seguro de los cargamentos de droga del cártel, proporcionaba información sensible a las fuerzas de seguridad sobre las investigaciones del grupo criminal y lo ayudaba a atacar a cárteles rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.
Las pruebas incluían testimonios de antiguos miembros de alto rango del cártel de Sinaloa con conocimiento directo de las actividades corruptas del acusado.
De acuerdo con la información revelada, la Policía Federal del acusado actuaba como guardaespaldas y escolta del cártel, permitiendo a sus miembros vestir uniformes e insignias de policía, y ayudaban a descargar cargamentos de cocaína de los aviones en el aeropuerto de Ciudad de México, para luego entregar la cocaína al cártel.
A García Luba, según el veredicto, se le pagaba en moneda estadounidense -billetes de 100 dólares en fajos de 10,000 dólares a veces- metidos en maletas, maletines y bolsas de lona. Las cantidades de los sobornos aumentaron a lo largo de los años a medida que el grupo de Sinaloa crecía en tamaño y poder gracias a la ayuda del exsecretario.
Algunos exmiembros del cártel testificaron que el dinero de los sobornos se entregaba en diversos lugares, como en una "casa segura" situada en Ciudad de México, donde se ocultaban en una pared falsa, en un lavadero de coches de Guadalajara y en un restaurante francés de Ciudad de México situado frente a la Embajada de Estados Unidos.
Finalmente, después de mudarse a Estados Unidos en 2012, García Luna presentó una solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre su conducta criminal pasada en un intento por convertirse en ciudadano estadounidense.
Los otros acusados cómplices de García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeno García, exaltos funcionarios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley que trabajaron bajo las órdenes de García Luna, siguen prófugos de las autoridades estadounidenses.
Según precisó una nota de la BBC es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Su sentencia será dada a conocer en junio.
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