El presidente del Tribunal Supremo Popular afirmó que la pena de muerte está prevista para defender la revolución, en un discurso amenazante donde recordó que el delito de "terrorismo" se castiga también con esta sanción máxima.
En su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Rubén Remigio Ferro afirmó que los hechos asociados al delito de terrorismo tiene contemplada la pena de muerte por varias razones, entre ellas, porque supone la "defensa de nuestra sociedad".
"Hechos asociados al delito de terrorismo tienen prevista la pena de muerte por varias razones. La tenemos que tener ahí porque es un elemento de defensa de nuestra sociedad, defensa de nuestro estado, de nuestra revolución frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos. Y también para la tranquilidad ciudadana", dijo en su discurso.
El Código Penal mantiene la pena de muerte para 24 delitos: 14 delitos contra la seguridad del Estado, ocho delitos específicos de terrorismo, un delito contra la salud pública (drogas) y el delito de asesinato.
Se trata de del exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante que se ejecuta por fusilamiento y se aplica "en las formas más graves de consumación de los delitos para los que está establecida".
El Código aglomera las penas de muerte en los títulos Delitos contra la Seguridad del Estado y Terrorismo, que incluye, entre otros, la ayuda al enemigo, espionaje.
El presidente del Tribunal Supremo ha justificado sistemáticamente la presencia de esta pena máxima porque es una "necesidad" de defensa de la sociedad y nuestro país, que no se aplica desde hace más de 20 años, y se mostró esperanzado en que no haya que aplicarla en mucho tiempo.
En abril del pasado año, el gobierno cubano condicionó la eliminación de la pena de muerte a las relaciones con Estados Unidos, al presentar un informe ante la Convención contra la Tortura, celebrada por Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
En diciembre de 2020, la web estatal Cubadebate, acogió en su plataforma los llamados de cubanos partidarios del régimen para reactivar la aplicación de la pena de muerte y aplicarla contra los miembros del Movimiento San Isidro.
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