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Un abogado del Departamento de Justicia presentó este viernes en Victoria, Texas, su alegato final ante un juez federal en defensa del parole humanitario impulsado por el presidente Joe Biden y que se ha convertido en un elemento esencial de su política de inmigración.
El programa en cuestión permite la entrada a Estados Unidos, por razones humanitarias, a un número limitado de 30 mil personas mensualmente provenientes de cuatro países de América Latina: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
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La defensa, encabezada por el abogada Brian Ward, del Departamento de Justicia, afirma que esta herramienta ha brindando un respiro a aquellos que huyen de la violencia, la agitación política y la precariedad económica en sus países de origen, reseñó la agencia de noticias AP.
Sin embargo, ha enfrentado una demanda presentada por Texas y otros 20 estados de tendencia republicana, que alegan que se otorgan permisos humanitarios en masa y no caso por caso, como requiere la ley, y que han gastado millones de dólares en gastos de atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes con permisos humanitarios, cita la información.
Ward subrayó que el programa ha servido para reducir la presión en la frontera suroeste de Estados Unidos al proporcionar una vía legal y regulada para la entrada de personas en condiciones vulnerables.
Argumentó que el programa ha sido crucial para que los inmigrantes puedan escapar de circunstancias peligrosas y mejorar su calidad de vida.
El juez federal Drew Tipton preguntó durante la presentación de los argumentos finales si vivir en la pobreza puede considerarse una necesidad humanitaria urgente y si este programa estaba siendo utilizado como una vía de migración por razones económicas.
El equipo legal del Departamento de Justicia dijo que no, y destacó la importancia de considerar también las condiciones políticas opresivas y la violencia en los países de origen como factores determinantes para otorgar los permisos humanitarios.
Los defensores del programa destacaron que no se otorgan permisos a todos los solicitantes y que cada caso se revisa individualmente.
Asimismo, expresó que ha habido rechazos incluso en etapas avanzadas del proceso.
Demostraron, además, que el programa ha aliviado la carga sobre los recursos y agentes fronterizos en la frontera entre Estados Unidos y México a través de la drástica disminución de inmigrantes de los cuatro países mencionados a la zona.
Los demandantes, representados por Texas, plantearon que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes con permisos humanitarios.
Pero el juez le dijo que Texas tendría que demostrar que ha sufrido pérdidas económicas para poder tener legitimación procesal en el caso.
El juez preguntó en varias ocasiones a los abogados de Texas cómo podía el estado alegar pérdidas financieras si los datos muestran que el programa de permiso humanitario ha reducido realmente el número de migrantes que llegan a Estados Unidos: "De hecho, en los últimos seis meses han gastado menos en gente de esos países", comentó Tipton a los abogados de Texas.
A pesar de los argumentos presentados, el juez Tipton aún no ha emitido un fallo sobre la legalidad del programa. Sin embargo, manifestó su reticencia a suspender el programa en todo el país mediante una orden temporal, debido a que algunos estados han indicado que se han beneficiado de la iniciativa. Su veredicto podría tardar meses.
El programa de parole humanitario entró en vigor en octubre de 2022 para venezolanos, y en enero se amplió a los otros tres países. A fines de julio, más de 72,000 haitianos, 63,000 venezolanos, 41,000 cubanos y 34,000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados a viajar a Estados Unidos mediante el programa.
Las autoridades de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) están procesando 1,000 solicitudes diarias. Desde el pasado mayo el procesamiento cambió en favor de seleccionar 500 de las solicitudes de las cuatro nacionalidades beneficiadas entre las de mayor tiempo de espera.
Unas 400 mil peticiones de cubanos están pendientes de ser aprobadas, según datos del DHS.
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