Juan Carlos Torres Campillo (16 de febrero de 1974) es conocido en Centro Habana como Juancito. A día de hoy lleva 28 días plantado en prisión en protesta por la condena de 30 años que cumple en el Combinado del Este por dos delitos que él asegura que no cometió. La sanción se hizo oficial el 25 de enero pasado. Le achacan dos robos con violencia. Uno a un cubanoamericano y otro a una ciclista. Ninguna de las dos víctimas lo identificó ante un juez y según la familia, el instructor del caso, Eduardo Maya Jerez, les dijo que estaba dispuesto a declarar a su favor en el juicio porque no cree que él sea el autor de esos delitos. Aún así, lleva cinco años en la cárcel. Lo detuvieron en 2019 y entró en el Combinado el 21 de enero de 2021, después de pasar meses detenido en 100 y Aldabó, donde se mantuvo firme como "no confeso", hasta que finalmente lo enviaron al Combinado.
"El día en que se cometieron los delitos, mi padre estaba en Virtudes, entre Gervasio y Belascoaín, en la casa de mi madre. Las mismas víctimas no reconocieron nunca a mi padre cuando se lo presentaron como sospechoso. Le pusieron que era multirreincidente porque estuvo preso hace 28 años", señala su hijo Jean Carlos Torres, desde México.
"Estaba de reposo porque tenía problemas en las piernas y no podía caminar. Tengo de testigo a mis vecinos y a la presidenta del CDR, pero no se tuvieron en cuenta", añade la esposa, desde Cuba.
La familia de Juancito pelea ahora por reabrir una causa que ellos consideran que estuvo plagada de irregularidades. Una de ellas es que no se aceptó la testifical del instructor del caso que lo exonera de los delitos que se le imputan. La familia envió dos solicitudes de revisión de causa al Tribunal Supremo solicitando que se reabra el caso, pero se las denegaron. Ahora quieren cursar otra petición a través del Ministerio de Justicia, después de dirigirse a la Plaza de la Revolución, donde les atendió María del Carmen Cedeño, con buenas maneras, pero sin aportar soluciones ya que en Fiscalía les contestaron que "el caso está archivado".
La familia asegura, además, tener en su poder una carta de un recluso que dice ser el autor de los delitos que se le imputan a Juancito. "Ahora mi padre se encuentra en una mala situación porque no va a comer hasta que no atiendan su caso y aún así no lo atienden. Ni siquiera lo ha ido a atender nadie ni lo han hospitalizado porque dicen que en el Combinado no hay sala para los plantados. Simplemente están esperando a que se muera. Yo temo por la vida de mi padre".
Esposa e hijo de Juancito denuncian que el juicio "estuvo amañado" porque ni siquiera tenían pruebas contra él. El abogado que lleva el caso, ha pedido el expediente, sin éxito. "Mi padre se puede echar a morir ahí que eso a ellos no les interesa".
Corrupción judicial
Consultado por el caso, Santiago Alpízar, abogado en Miami y coordinador del despacho CubaDemanda, recuerda que en la Isla existe un sistema judicial "absolutamente corrupto". En su opinión, la razón es que en un régimen dictatorial como el que existe en Cuba "no puede haber independencia del poder judicial", algo que es apreciable, aún cuestionable, en algunos casos, en países democráticos, en los que se respeta la teoría tradicional de Montesquieu sobre la repartición de los poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en Cuba "todo depende de la voluntad suprema del Partido Comunista y a ello se debe toda la injusticia que puede darse en cada uno de los casos los que se enfrenta a ciudadanos que pudieron cometer delitos".
La máxima de que "se probará el delito más allá de cualquier duda razonable no existe en Cuba y los tribunales a veces, por mera convicción de que la persona pudo haber cometido delitos, le impone sanciones que a veces llegan al tremendismo de la pena de muerte por delitos que en otros lugares no lo merecen", añade Alpízar. Centrándose en el caso de Juancito, condenado a 30 años de privación de libertad, aún sin conocer en qué estado del proceso, ajuicio del responsable de CubaDemanda lo correcto, "es que la familia vaya al Bufete Colectivo, contrate un abogado y trate de revisar y poner en conocimiento del juez que tiene a cargo la supervisión del cumplimiento de la sentencia si se está cumpliendo, de la manera en la que se impuso, si es ya definitiva.
"Lo otro es que si es una sentencia definitiva contra la que no cabe recurso alguno porque se agotaron todas las posibilidades y el Supremo ratifica una sentencia tan tremenda como la de 30 años de privación de libertad, algo poco común hoy día, en los países de normal desenvolvimiento social, tendría entonces la familia la posibilidad de hacer un proceso de revisión y este procedimiento se puede presentar ante el Supremo, ante la Fiscalía y tendría la oportunidad de revisarlo en favor del sancionado. Esa sería mi recomendación. Si la sentencia es ya firme, lograr que se revise, si existen elementos nuevos que hagan pensar que la persona que está siendo sancionada es no culpable o inocente de los hechos que conforman el caso por el que fue juzgado y sancionado".
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