El próximo 15 de octubre, Alexander Alazo Baró, quien fue absuelto por razones mentales tras perpetrar un ataque a balazos contra la embajada de Cuba en Washington en 2020, será liberado bajo libertad condicional.
Según el diario The Washington Post, un tribunal federal de Estados Unidos ordenó su liberación, sujeta a un riguroso plan de tratamiento psiquiátrico, tras haber permanecido más de cuatro años en custodia de las autoridades estadounidenses.
La decisión fue tomada el martes último, tras una audiencia en la que la jueza Amy Berman Jackson determinó que el cubano Alexander Alazo, de 46 años, será liberado bajo condiciones estrictas de supervisión.
Los requisitos de su liberación incluyen someterse a un plan de tratamiento psiquiátrico específico, bajo la supervisión de un psiquiatra clínico cercano a su residencia en Pensilvania.
Además, no podrá salir de su hogar durante la noche ni abandonar el centro de la ciudad donde vive sin obtener previamente una autorización.
Otra de las condiciones impuestas es que Alazo deberá mantenerse alejado de cualquier instalación del gobierno cubano en Estados Unidos, así como de sus empleados, como parte de las medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes relacionados con su ataque a la embajada de Cuba.
Hasta nueva orden judicial, también permanecerá bajo la supervisión de funcionarios de libertad condicional, quienes deberán confirmar que sigue cumpliendo con su tratamiento.
Para ello, podrán revisar el registro de sus medicamentos, el cual será gestionado por su esposa, Marianys Alazo Delgado, que es enfermera, indicó la orden emitida.
La esposa del acusado, un agente de libertad condicional en Pensilvania y la trabajadora social encargada de supervisar a Alazo fueron interrogados por la jueza antes de que se llegara al dictamen.
Según el diario The Washington Post, la jueza Berman Jackson expresó a la esposa de Alazo que: “El objetivo a largo plazo es que el señor Alazo esté sano, que esté con usted y sus hijos en la comunidad. Tengo la responsabilidad principal de proteger a la comunidad a través de todo eso”.
El doctor Paul Montalbano, siquiatra del Centro de Tratamiento Correccional en el Distrito de Columbia, determinó que el “en el momento de la comisión de los actos constitutivos del delito, el acusado, como resultado de una enfermedad o deficiencia mental, se encontraba en un estado de salud mental grave y era incapaz de apreciar la naturaleza y magnitud ilícita de sus actos”.
Estas conclusiones sirvieron como base para el fallo del tribunal. Además, durante la preparación del expediente judicial, surgieron evidencias que confirmaron que Alazo padecía trastornos mentales de larga data.
Además, también se conoció que Alazo vivía obsesionado con delirios de persecución, convencido de que un grupo armado de Cuba vendría a matarlo frente a su familia, lo que llevó a su matrimonio a cambiar de vivienda en varias ocasiones y a pernoctar en hoteles y vehículos, ya que él creía firmemente que el gobierno de la isla lo estaba siguiendo.
Diagnosticado con trastorno delirante, Alazo fue admitido en un hospital psiquiátrico en marzo de 2020, un mes antes del tiroteo, donde se le recetó medicación. Luego de ser dato de alta, adquirió el rifle AK-47, que mantuvo consigo desde entonces como un arma de protección, y con el cual cometió el ataque a la embajada.
El 30 de abril de 2020, el atacante disparó 32 balazos con su fusil contra la sede diplomática cubana. desde entonces ha permanecido en custodia de las autoridades estadounidenses, que lo acusó de cuatro cargos por acciones violentas con un arma letal contra funcionarios y propiedades de un gobierno extranjero.
Cuando ocurrió el ataque, había siete personas dentro de la embajada cubana; aunque ninguna resultó herida, el edificio sufrió graves daños tanto en su fachada como en su interior.
El gobierno cubano ha culpado desde un comienzo a Estados Unidos por prolongar el caso de Alazo y no calificarlo como una acción terrorista.
También, el pasado primero de mayo, condenó la decisión de Berman Jackson de absolver al acusado por razones mentales, después de un prolongado proceso judicial y numerosas evaluaciones médicas.
De acuerdo a la ley federal, las personas declaradas no culpables solo por trastornos mentales deben permanecer detenidas hasta que un tribunal determine que su liberación no representa un riesgo sustancial de lesiones corporales a otra persona.
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